¿CUAL ES LA VERDADERA SOLIDEZ DEL REGIMEN?

POr-SoldadosJESÚS HERAS –

No han sido hechos aislados ni casuales. Todos ellos obedecen a un hilo conductor, episodios que se corresponden con una misma trama. Eduardo Gómez Sigala es un empresario suficientemente conocido por su trayectoria gremial (hasta hace unos meses fue presidente de Conindustria), y por su vida empresarial. Su detención ocurrió, precisamente, cuando presenciaba la ocupación de su finca de caña de azúcar en el estado Lara. Se trató, más que de atropello, del signo de un nuevo tiempo caracterizado por el desprecio a la razón y la justicia. Gómez Sigala sólo pidió una elemental explicación sobre la abrupta expropiación de unas tierras en plena producción que además le pertenecen.

Fue detenido por efectivos por el supuesto delito de “ofensa” a uno de los oficiales que intervenían. Oficial éste, acompañado por un batallón de soldados que seguramente los habría convencido de que estas acciones equivalen a gloriosas victorias en el campo de batalla. Pasados tres días, fue llevado ante un juez y luego de imputado a solicitud del Ministerio Público, puesto en libertad. Sin embargo, prosigue la acción judicial. Es procesado por un delito que no existe y colocado en el bando de los millones de venezolanos excluidos de sus garantías ciudadanas y estigmatizados como “escuálidos”, “pitiyanquis” y “apátridas”, las infamantes denominaciones que suelen utilizar regímenes autocráticos para descalificar a sus detractores.

El caso Gómez Sigala pone de bulto uno de los ángulos más perversos de la arremetida represiva del régimen: demostrar que no se respetarán nombres, trayectorias, prestigios ni representaciones gremiales o profesionales.

Más de un empresario pensará entonces que la simple militancia gremial y el uso de la libertad de expresión para discrepar de las políticas oficiales (derecho consagrado en la constitución) implica riesgos que pueden conducir nada menos que  a la imputación por el Ministerio Público y la privación de la libertad, en el marco de un sistema judicial manipulado desde el poder central.

HUELGA DE HAMBRE

Decenas de estudiantes de varias universidades se declaran en huelga de hambre frente a la sede de la OEA en Caracas. La protesta extrema se produce en solidaridad con Julio César Rivas, estudiante detenido durante una manifestación en Valencia en rechazo a la Ley Orgánica de Educación… y con los demás presos políticos. Al joven se le acusa de haber atentado contra agentes policiales durante un acto público. Miles de personas pueden atestiguar que se trata de un delito que nunca existió, salvo entre quienes se dedican a cazar “chivos expiatorios” para justificar la utilización de la fuerza. Era previsible que la indignación del estudiantado asumiera otras formas de lucha. Bien es sabido que las marchas son disueltas con “gas del bueno” por la Guardia Nacional y no es la primera ocasión en que a los promotores se les  aplica una justicia selectiva y amañada.

Con una acusación semejante se encuentran detenidos once empleados de la Alcaldía Metropolitana y el prefecto de Caracas Richard Blanco. Los primeros protestaban contra una ley que los lanza al desempleo y que procura la asfixia presupuestaria y operativa de la Alcaldía Metropolitana. La agresión a la “fuerza pública” también sirvió de pretexto para el encarcelamiento de Blanco, la máxima autoridad ejecutiva de la capital de la República. Los once funcionarios están recluidos en el retén de La Planta y Blanco en la cárcel de Yare, ambas prisiones destinadas a prisioneros de alta peligrosidad.

LOS TRES SOLES

El General en Jefe Raúl Isaías Baduel es imputado y seguramente será condenado a varios años de cárcel por presuntos actos de corrupción durante su desempeño como ministro de la Defensa. Poco importa que los órganos contralores de las FAN (Fuerzas Armadas Bolivarianas) le hayan otorgado el finiquito correspondiente a su gestión. Chávez declaró  en Madrid que lamentaba la situación de su “compadre y hermano” pero alegó que la justicia es ciega. En verdad al general Baduel se le estaría cobrando su actitud la noche del 2 de diciembre de 2007 cuando ejerció presión sobre el alto mando militar para que se reconociera la victoria del NO, con lo cual se derrotaba la reforma constitucional propuesta por el primer mandatario. El juicio y la condena contra un hombre que estuvo al lado de Chávez desde el inicio de la conspiración bolivariana en los años 80 y a quien le debe su retorno al poder, luego de haberlo abandonado la noche del 11 de abril de 2002, tiene una clara simbología: no habrá motivos de agradecimiento o lazos de compañerismo o amistad que valgan a la hora de aplicar una inflexible línea represiva.

LA MORDAZA

Las agresiones contra los medios, los comunicadores y en general a la libertad de expresión ha sido una constante. Hoy en día, Venezuela es el país que, por amplio margen, ha acumulado el mayor número de atropellos y violaciones a las libertades de información y expresión en América Latina. La Comisión de los Derechos Humanos de la OEA y otras instancias, han compilado un abundante expediente sobre el tema, se han producido sentencias y ordenado medidas cautelares, pero jamás han sido acatadas.

Desde hace dos meses permanece recluido en la cárcel de Santa Ana del Táchira el periodista Gustavo Azócar. Su caso es demostrativo del envilecimiento del sistema judicial. Desde hace 9 años se le sigue un juicio por el delito de estafa que nunca pudo ser comprobado, hasta que una juez arbitrariamente decidió su detención y el traslado a un retén de presos comunes.

El periodista y editor de “Zeta” y “El Nuevo País”, Rafael Poleo, también fue imputado por haber incurrido en un supuesto delito que pudieron presenciar millones de televidentes. Poleo hizo una comparación, sin duda infeliz, sobre lo ocurrido a Mussolini en Italia y lo que podría suceder en el país de persistir la actual situación. No hubo una comparación expresa ni puntual. Exactamente lo mismo que hizo Chávez en las Naciones Unidas cuando advirtió a Obama que podría correr la suerte de Kennedy en los Estados Unidos. Poleo se niega a presentarse en el juicio y anuncia que permanecerá en el exterior en una situación parecida a la de su hija Patricia, quien cumplirá 4 años en el exilio después de ser imputada por el Ministerio Público por un delito tan grotesco e inverosímil que al tiempo hubo de ser desechado por el mismo órgano que la imputó.

EL BISTURÍ VENGADOR

Gómez Sigala es empresario; Julio Cesar Rivas es estudiante; Richard Blanco es prefecto de Caracas; el general Baduel es militar y Gustavo Azócar y Rafael Poleo son periodistas. No tienen militancia política común y todos son enjuiciados por delitos que no existen pero que podrían resumirse en una misma causa: discrepar del régimen. Sin embargo, se les imputa por actos que tienen que ver con la justicia ordinaria. ¿Por qué? Simplemente porque la arremetida del régimen se concibe de manera sectorial, quirúrgica, mediante el empleo del bisturí.  Ello haría que no se la perciba como una “razzia”, como un ataque masivo contra los adversarios, tal como ocurre en el contexto de los totalitarismos y las dictaduras tradicionales. Por supuesto, que nadie se llama a engaño. Pero, precisamente, se trata de la perversidad, la hipocresía y la discrecionalidad para hilar fino en las sórdidas tareas de la represión política como una nueva y tenebrosa manera de contener la resistencia democrática.

LA INTERROGANTE INEVITABLE

Pero  aun queda una interrogante ¿Para qué?  Algunos mantienen que se quiere someter sicológicamente al país por temor a la protesta, pero esa protesta – como lo revela el reportaje que ocupa las páginas centrales de esta edición- es esencialmente espontánea y proviene de segmentos de la población duramente afectados bien por la inseguridad, el desempleo, la falta de vivienda, la carencia de servicios de salud o el alto costo de la vida. Otros, piensan que son acciones dirigidas a estimular el éxodo de una clase media que jamás se sometería. Pero ese es un proceso que requiere tiempo, y el Régimen luce apresurado. Finalmente, se especula que es una suerte de tanteo para conocer cuán rápido se puede avanzar.

Lo cierto es que las resistencias se han disparado y, al verlas crecer de manera amenazante, el Régimen ha ordenado marcha atrás. Gómez Sigala, como vimos, fue puesto en libertad condicional y, mientras escribimos este editorial, el joven Julio Cesar Rivas también lo ha sido.

Una interrogante, sin embargo, queda en la mente de quien escribe. Las iniciativas que – en medio del descalabro administrativo de su gestión y en el marco de una realidad socio-económica que tiende a empeorar- viene tomando acelaradamente el primer mandatario, afectan severamente a empresarios y trabajadores, a productores del campo y campesinos, a educadores y alumnos, a ricos y pobres, a gobernadores y alcaldes, sean oficialistas o escuálidos, a todos afecta por igual. Y es aquí donde cabe esa última pregunta.

En medio de un creciente malestar social y a la luz de una marcha desbocada hacia el disfrute de un poder unipersonal y absoluto, ¿Cuál es la verdadera solidez del Régimen?

 
Jesús HerasNo photo
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