LA ANATOMIA TOTALITARIA

reportajeOLEGARIO RIERA

En Venezuela funciona sofisticado laboratorio de represión política. – 20.000 gerentes y trabajadores de la Industria petrolera fueron despedidos y sus prestaciones sociales incautadas. – Más de 3.5 millones de venezolanos afectados por el “apartheid civil” – La manipulación de la justicia permite exonerar a los propios y enjuiciar a opositores – Crece el número de exiliados sobre todo en Miami y Perú – La criminalización de la Protesta es el ultimo ardid para frenar el creciente número de manifestaciones

Numerosas y novedosas formas de represión y criminalización política son aplicadas por regímenes, -en su mayoría de origen democrático- que  para perpetuarse en el poder, apelan a la violación sistemática de los derechos humanos. Es lo que se ha dado en llamar, los Golpes desde el Estado.

En Venezuela no “hay presos políticos sino políticos presos”, según los voceros del chavismo. El juego de palabras sirve para tender un manto piadoso de mentira sobre la realidad. De esta manera actúan las nuevas expresiones del autoritarismo o el totalitarismo del siglo XXI. Mediante formas diversas, veladas unas y desembozadas otras, procuran ocultar su verdadero rostro ante una comunidad internacional y una opinión pública, demasiado sensibles a las violaciones de los derechos humanos.

En el pasado las dictaduras asumían su responsabilidad en el castigo de los adversarios. Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez admitieron la existencia de cárceles y de exiliados. Augusto Pinochet y demás déspotas del Cono Sur, contaban por miles sus prisioneros y deportados por razones políticas. Inventaron la figura de los “desaparecidos”, pero luego en los tribunales reconocieron la autoría de estos crímenes. Sólo Fidel Castro, después de cincuenta años, se niega a hablar de prisioneros a quienes califica  como “agentes de la CIA ” o “traidores a la Patria ”. Sin embargo, ¿quién en el mundo no conoce y se compadece con el drama cubano?

Desde hace ocho años (2002-2003) en  Venezuela funciona un sofisticado laboratorio de la represión política. Se fabrican nuevos delitos y procedimientos judiciales o se perfeccionan los viejos, mediante una férrea concentración de poderes al servicio de una propuesta autoritaria que desconoce el  estado de derecho.

GENOCIDIO LABORAL

En una medida sin precedente,  20 mil ejecutivos, gerentes y técnicos de PDVSA  fueron destituidos por orden presidencial, como represalia por haber acatado el llamado a un paro cívico nacional formulado por Fedecámaras y la CTV en diciembre de 2002. Se aplicó un concepto de responsabilidad colectiva, sus prestaciones sociales y ahorros fueron confiscados y sometidos a una persecución que les impedía acceso al trabajo en otras empresas estatales y el sector privado. Los familiares de muchos de ellos fueron desalojados por la fuerza de sus viviendas en los campos residenciales de la empresa. A los directivos de las organizaciones GENTE DEL PETROLEO y UNAPETROL se les dictó orden de detención y se les hizo seguimiento para hacer difícil que pudieran trabajar en el exterior.

“LIMPIEZA”  EN LA FAN

En octubre de 2002, un grupo de altos oficiales al cual se sumaron efectivos de todos los componentes, se declararon en desobediencia civil en la Plaza Altamira de Caracas invocando los artículos 328, 333 y 350 de la Constitución.  Era la respuesta a una “operación limpieza” que se realizaba en los cuarteles contra oficiales que habían hecho pronunciamientos días antes denunciando la “ideologización” castrista, la permisividad con la guerrilla colombiana e irregularidades en los juicios por los sucesos del 11 de abril que provocaron la salida de Chávez de Miraflores. La Plaza fue atacada por el fanático Joao de Gouveia el 6  de diciembre y se produjeron muertos y heridos. Varios oficiales fueron sometidos a juicio bajo régimen de presentación y los jefes de la protesta generales Enrique Medina Silva,  Néstor González González, Felipe Rodríguez, Pedro Pereira y los almirantes Daniel Comisso Urdaneta y Héctor Ramírez Pérez fueron solicitados mediante requisitoria. La mayoría de ellos permanecen en el exilio. El general Rodríguez se declaró en clandestinidad y a los meses fue detenido. Todavía está entre rejas. La persecución contra militares institucionalistas no se detuvo allí. Los generales  Efraín Vásquez Velasco (ex comandante del Ejército) y Manuel Rosendo (ex jefe del CUFAN) salieron al exterior y el general Francisco Usón (ex ministro de Finanzas) cumplió una sentencia de tres años y medio de prisión por haber explicado en un programa de televisión cómo funcionan los “lanza llamas”, a propósito de la muerte de un soldado, presumiblemente muerto por este tipo de artefacto.

MIAMI - Desde el 2002 los opositores obligados a abandonar el país, por ra-zones obvias, escogieron como lugar de exilio a Miami. Algunos hanrecibido protección del gobierno y la mayoría de ellos se desempe-ñan en precarias actividades profesionales o comerciales. Allí se en-cuentran Carlos Fernández (ex presidente de Fedecámaras), JuanFernández, Horacio Medina y Edgar Quijano (ex PDVSA), Rafael yPatricia Poleo (periodistas), Alfredo Peña (ex Alcalde metropolitano),Orlando Urdaneta (actor y presentador de TV), Gisela Parra (ex pre-sidenta del Consejo de la Judicatura), Vilma Petrash (internacionalis-ta), entre otros. Habría que sumar al llamado exilio espontáneo o in-directo. Las decenas de venezolanos que han arribado a la ciudadnorteamericana aventados por la inseguridad empresarial o personaly el temor a ser objeto de medidas represivas.

MIAMI - Desde el 2002 los opositores obligados a abandonar el país, por ra-zones obvias, escogieron como lugar de exilio a Miami. Algunos hanrecibido protección del gobierno y la mayoría de ellos se desempe-ñan en precarias actividades profesionales o comerciales. Allí se en-cuentran Carlos Fernández (ex presidente de Fedecámaras), JuanFernández, Horacio Medina y Edgar Quijano (ex PDVSA), Rafael yPatricia Poleo (periodistas), Alfredo Peña (ex Alcalde metropolitano),Orlando Urdaneta (actor y presentador de TV), Gisela Parra (ex pre-sidenta del Consejo de la Judicatura), Vilma Petrash (internacionalis-ta), entre otros. Habría que sumar al llamado exilio espontáneo o in-directo. Las decenas de venezolanos que han arribado a la ciudadnorteamericana aventados por la inseguridad empresarial o personaly el temor a ser objeto de medidas represivas.

LIDERES EXILIADOS

El paro nacional se mantuvo durante 63 días. La mayoría de los dirigentes que estuvieron al frente de la protesta fueron enjuiciados. Carlos Fernández sustituyó a Pedro Carmona en la presidencia de Fedecámaras, quién salió como exiliado hacia Bogotá luego de permanecer asilado en la embajada colombiana, a raíz de su frustrado mandato presidencial. Fernández burló el cerco policial y se marchó a Miami donde permanece. Carlos Ortega, presidente de la central sindical se asiló en la embajada de Costa Rica, vivió unos meses en el país centroamericano y regresó clandestinamente. Fue capturado y condenado a 15 años de prisión. En 2006 escapó del retén  militar de Ramo Verde. Hoy goza de asilo territorial en Perú.

LOS IMPUTADOS

Un numeroso grupo de ciudadanos fueron imputados por el ministerio público. Los primeros fueron los firmantes del  “Decreto Carmona” del 12 de abril de 2002. Cuando ello se produjo Chávez había abandonado la Presidencia después de renunciar a ella,  según su ministro de la Defensa, general Lucas Rincón. La figura de la “imputación” fue extendida discrecionalmente a otras personas como una forma de retaliación y neutralización de la disidencia. De esta manera, la Fiscalía General, llamada a velar por los derechos constitucionales, se convirtió en una especie de policía política. Los directivos de Súmate, María Corina Machado y Alejandro Plaz fueron objeto de esta forma de libertad condicional. El jurista Alberto Arteaga considera que esa práctica “convierte el proceso en la verdadera pena”. La mayoría de las víctimas de este procedimiento fueron favorecidas por el decreto presidencial de amnistía de diciembre del 2007 con lo cual el propio régimen  confirmaba su condición de procesados políticos.

APARTHEID CIVIL

A propósito de la convocatoria al referéndum revocatorio presidencial de agosto de 2004 se confeccionó la llamada “Lista Tascón” (por el apellido del diputado oficialista Luis Tascón) que constituye una aberrante práctica de segregación política, quizás única en el mundo. Tres millones y medio de ciudadanos que suscribieron la solicitud para la activación de un mecanismo constitucional fueron señalados como “enemigos del régimen”, y despojados en la práctica de sus derechos ciudadanos en lo que se considera en las instancias internacionales como una condenable modalidad de “apartheid civil”.

JUSTICIA ORDINARIA

La capital peruana puede considerarse el “refugio político” de los perseguidos. El gobierno de Alan García le ha concedido asilo territorial a algunos de ellos y otros permanecen en este lugar mucho más seguro que otros y a salvo de las medidas de Interpol. Carlos Ortega es el veterano del grupo. Le siguen Eduardo Lappi (ex gobernador de Yaracuy), Manuel Rosales (alcalde de Maracaibo), Nixon Moreno (ex presidente de la FCU de Mérida), Didalco Bolívar (ex gobernador de Aragua) y Oscar Pérez (dirigente de Alianza Bravo Pueblo). El gobierno de García ha enfrentado críticas de la oposición, por la hospitalidad ofrecida a los perseguidos venezolanos. García, líder del APRA mantiene una histórica amistad con los políticos venezolanos especialmente con el ex presidente Carlos Andrés Pérez.

La capital peruana puede considerarse el “refugio político” de los perseguidos. El gobierno de Alan García le ha concedido asilo territorial a algunos de ellos y otros permanecen en este lugar mucho más seguro que otros y a salvo de las medidas de Interpol. Carlos Ortega es el veterano del grupo. Le siguen Eduardo Lappi (ex gobernador de Yaracuy), Manuel Rosales (alcalde de Maracaibo), Nixon Moreno (ex presidente de la FCU de Mérida), Didalco Bolívar (ex gobernador de Aragua) y Oscar Pérez (dirigente de Alianza Bravo Pueblo). El gobierno de García ha enfrentado críticas de la oposición, por la hospitalidad ofrecida a los perseguidos venezolanos. García, líder del APRA mantiene una histórica amistad con los políticos venezolanos especialmente con el ex presidente Carlos Andrés Pérez.

Las reformas del Código Penal en  2004 han permitido la criminalización de la disidencia y la protesta mediante la manipulación de la justicia ordinaria, especialmente contra periodistas. Ibéyise Pacheco y Marianilla Salazar han enfrentado varios juicios bajo régimen de presentación. Patricia Poleo junto al empresario Nelson Mezerhane y otros ciudadanos fueron acusados de la autoría intelectual en la muerte del fiscal Danilo Anderson. Al tiempo la acusación fue considerada  falsa por el mismo Ministerio Público. Sin embargo, Patricia Poleo vive en Miami como perseguida política junto a su padre el también periodista y editor Rafael Poleo, objeto de una maniobra judicial posterior, concebida como forma de asfixiar la libertad de expresión. Al periodista Gustavo Azócar se le sigue desde hace 9 años un juicio por el supuesto delito de estafa en el manejo de pautas publicitarias de la Gobernación del estado Táchira. Una clara maniobra para penalizar su conducta crítica reconocida a través de sus trabajos periodísticos y su labor como conductor de programas de radio y televisión. El año pasado se midió en unas primarias como aspirante a la Gobernación del estado Táchira. En julio le fue librada orden de detención que le fue ratificada hace una semana. Eligio Cedeño, banquero, también es víctima de un juicio de más de dos años por razones que se asimilan a la venganza política. El tribunal que conoce la causa propuso su libertad condicional, pero el Ministerio Público solicitó la ratificación de la privativa de libertad.

Los sucesos del 11-A

Los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas han protagonizado el juicio más largo en toda la historia venezolana. Un caso en el cual se han violentado todos los elementos del debido proceso. Se les acusa de actuación en los sucesos del 11 de abril del 2002 que desembocaron en la llamada masacre de “Puente Llaguno”. Los acusados inicialmente de los hechos incluso mediante testimonios televisivos, Richard José Peñalver, Henry Danilo Atencio, Nicolás Rivera Fuentes y Rafael Ignacio Cabrices, militantes del oficialismo, fueron exonerados de culpa, en cambio a los comisarios de la Policía Metropolitana de Caracas se le formularon imputaciones diversas que en ningún caso pudieron ser comprobadas. Finalmente fueron sentenciados a 30 años de prisión. Su detención se explica porque de esta manera el régimen tendría en sus manos el “cuerpo del delito” para eventuales acusaciones ante la Corte Internacional Penal de La Haya. Junto a los comisarios permanecen detenidos los agentes de la PM, Marco Hurtado, Héctor Rovaín, Arube Pérez, Julio Rodríguez, Ramón Zapata, Erasmo Bolívar, Luis Molina y Rafael Nazoa, quienes cumplen condena de varios años.  Cabe recordar que los Comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero, se asilaron inicialmente en la Embajada de El Salvador, pero presiones diplomáticas, vinculadas al suministro de petróleo a precios preferenciales, conforme al Pacto de San José, llevó al entonces Presidente Sacca a negarles el asilo y entregarlos a la “justicia” venezolana.

INHABILITADOS

La Ley Anticorrupción aprobada por la AN otorga al Contralor General de la República la facultad de sanciones administrativas que implican la inhabilitación electoral de funcionarios por irregularidades que no tengan implicación penal. El cargo lo ejerce Clodosbaldo Russiàn personaje de la mayor confianza de Chávez quien actúa como “comisario político de la revolución”. Ante las elecciones de gobernadores y alcaldes el 2008 se decidió la inhabilitación de más de 3OO funcionarios que no podían postularse a los cargos de elección popular. La cantidad era irrelevante. El verdadero objetivo era la inhabilitación selectiva de candidatos opositores con ventaja en las encuestas en lugares electoralmente estratégicos. Por esa vía fueron sacados de juego Leopoldo López (Alcaldía Mayor), Enrique Mendoza (Gobernación de Miranda), Antonio Barreto Sira (Gobernación de Anzoátegui).

SUPUESTOS CORRUPTOS

La manipulación de la justicia le ha permitido al régimen enjuiciar a conocidos opositores o disidentes de importancia como reos de supuesta corrupción que son llevados a la cárcel o en todo caso, obligados a salir del país en desacato de decisiones parcializadas y políticas. Este es el caso de Manuel Rosales, Alfredo Peña, Eduardo Lappi, Didalco Bolívar, Eduardo Manuitt,  y el general Raúl Isaías Baduel, preso actualmente en Ramo Verde. En cambio, el General Luis Felipe Acosta Carlez, contra el cual existen pruebas abundantes por irregularidades cometidas en el ejercicio de la gobernación de Carabobo, no ha sido investigado, pese a que las denuncias originales surgieron de funcionarios afectos al Régimen. Por las investigaciones relacionadas con un supuesto plan de magnicidio fueron recluidos durante un año en un penal militar el general de la GN Wilfredo Barroso y el Vicealmirante Carlos Millán Millán. Ambos fueron recientemente liberados  pero siguen en libertad condicional.

AGITADORES

Para enfrentar las crecientes protestas populares se han activado medidas policiales a quienes se acusa de obstruir  la actuación de los cuerpos policiales. Es un delito que no existe pero cuya aplicación procura sembrar el miedo en los manifestantes. Han sido víctimas de él 11 empleados de la Alcaldía   Metropolitana: Líxido Solarte, Viña Figueroa, Alexander Ronald, Yumar Figueroa, Jaer Pulido, Sixto Gómez, Gerardo González, Gustavo Aponte, Omar Rodríguez, Abello Álvarez y Carlos Lozada Villegas; el Prefecto de Caracas Richard Blanco, el sindicalista de la CVG   Rubén González, decena  de trabajadores siderúrgicos  y petroleros de Guayana y la Costa Oriental del Lago. José Dacre “Maraco”, (dirigente social), el ex presidente de Conindustria, Eduardo Gómez  Sigala, y el estudiante, Julio Cesar Rivas, también fueron detenidos por esta causa y ahora  son enjuiciados en libertad. Este último fue liberado, tras una espontanea y prolongada huelga de hambre universitaria que amenazaba con extenderse.

Desde el 2002 los opositores obligados a abandonar el país, por razones obvias, escogieron como lugar de exilio a Miami. Algunos han recibido protección del gobierno y la mayoría de ellos se desempeñan en precarias actividades profesionales o comerciales. Allí se encuentran Carlos Fernández (ex presidente de Fedecámaras), Juan Fernández, Horacio Medina y Edgar Quijano (ex PDVSA), Rafael y Patricia Poleo (periodistas), Alfredo Peña (ex Alcalde metropolitano), Orlando Urdaneta (actor y presentador de tv), Gisela Parra (ex presidenta del Consejo de la Judicatura), Vilma Petrash (internacionalista), entre otros. Habría que sumar al llamado exilio espontáneo o indirecto. Las decenas de venezolanos que han arribado a la ciudad norteamericana aventados por la inseguridad empresarial o personal y el temor a ser objeto de medidas represivas.

La capital peruana puede considerarse el “refugio político” de los perseguidos. El gobierno de Alan García le ha concedido asilo territorial a algunos de ellos y otros permanecen en este lugar mucho más seguro que otros y a salvo de las medidas de Interpol. Carlos Ortega es el veterano del grupo. Le siguen Eduardo Lappi (ex gobernador de Yaracuy), Manuel Rosales (Alcalde de Maracaibo), Nixon Moreno (ex presidente de la FCU de Mérida), Didalco Bolívar (ex gobernador de Aragua) y Oscar Pérez (dirigente de Alianza Bravo Pueblo). El gobierno de García ha enfrentado críticas de la oposición, por la hospitalidad ofrecida a los perseguidos venezolanos. García, líder del APRA mantiene una histórica amistad con los políticos venezolanos especialmente con el ex presidente Carlos Andrés Pérez.

 

Artículos relacionados

Top