“EL CARACAZO”

¿Tres culpables?... Lusinchi por haber retrasado la aplicación de ajustes que resultaban impostergables, Pérez por no haber aplicado de manera gradual el conjunto de medidas y desde luego el FMI con generalizada mala reputación en el plano internacional.

MANUEL FELIPE SIERRA

  • Para los primeros gobernadores y alcaldes, electos por voluntad popular, el Caracazo permitió materializar el profundo anhelo de descentralización política y administrativa.
  • Para el lenguaje oficialista los hechos ocurridos el 27 y 28 de febrero hace 21 años fueron el punto de partida del proceso revolucionario bolivariano.
  • Cualquiera hubiera sido el camino tomado, el Caracazo expresó un reclamo vivo de renovación.

El 16 de febrero de 1989, 14 días después de tomar posesión, Carlos Andrés Pérez se dirigió al país. Fue un discurso breve ante un auditorio de invitados especiales de todos los sectores gremiales. Se le quitaba por fin la envoltura al anunciado “paquete” de medidas, negociado con el Fondo Monetario Internacional, dirigidas a corregir profundos desequilibrios económicos y financieros que había heredado. A cambio, se restablecería el crédito internacional del país.

El menú implicaba medidas severas que en teoría satisfacían los reclamos del sector empresarial por una sinceración de la economía y contemplaba también compensaciones sociales.[i] Obviamente, las consecuencias de las primeras serían inmediatas, afectando duramente el bolsillo del consumidor: inflación, desempleo, aumento en el precio de la gasolina y el transporte colectivo, desconocimiento retroactivo de las tasas de interés aplicables a créditos hipotecarios, etc. Las segundas, muy favorables más adelante para la economía en su conjunto, tardarían mayor tiempo en surtir efecto.

Pérez había optado por asumir su responsabilidad histórica, gobernando en una dirección que conducía inevitablemente a la fractura con su partido, al tiempo que esfumaba para el pueblo llano la expectativa de un retorno a un pasado mejor. Su gestión comenzaba a recorrer un terreno minado.

EL CARACAZO

Jaime Lusinchi

El 27 de febrero horas después de entrar en vigencia el aumento del precio de la gasolina, se produjeron graves disturbios en el eje Guarenas-Guatire. Los transportistas habían transferido el aumento al precio de los pasajes. La protesta se extendió a otras zonas de Caracas y en menor medida a ciudades del interior. No fue una rebelión social como superficialmente fue asumida por gobiernos posteriores. Desde años atrás se venían registrando desórdenes aislados pero que vistos en su conjunto reflejaban un generalizado descontento en los sectores populares. Varios factores adicionales confluyeron en la sangrienta conmoción: el alza del pasaje urbano y el prolongado desabastecimiento de artículos de primera necesidad durante el gobierno de Lusinchi, habían estimulado un clima de tensión que detonó aquella mañana; la cobertura televisiva de los motines desató un efecto-demostración en barriadas caraqueñas y también en hombres y mujeres de la clase media popular, y unos y otros desvalijaron almacenes y supermercados con implacable furia. La Policía Metropolitana que vivía una situación de anarquía y desorden interno que obligaría dos meses después a su intervención y reestructuración, no tenia capacidad de restablecer el orden, llegándose al extremo de que en algunas zonas sus agentes se transformaron en saqueadores.

Según cifras oficiales se estimaban en 200 los muertos, pero las agencias noticiosas mostraban que eran más de mil.

Según cifras oficiales se estimaban en 200 los muertos, pero las agencias noticiosas mostraban que eran más de mil.

Fue una reacción explosiva, semejante por su violencia e imprevisibilidad, a un terremoto. Por ello es temerario suponer que fuera provocada por el repudio a un conjunto de medidas cuyas repercusiones, apenas anunciadas, aún no afectaban a la población. Por lo demás, el país se había acostumbrado desde la administración de Luis Herrera Campins a incrementos progresivos en el precio de la gasolina y el que se decretaba ahora era razonablemente modesto. ¿Qué organización subversiva estaba en capacidad de crear una explosión de esas dimensiones?

En la distancia, es posible valorar el llamado “Caracazo” como una señal contundente del creciente malestar económico que se había venido acumulando en las clases desposeídas, velozmente empobrecidas por la devaluación ya indetenible de la moneda. Quedaba en evidencia también, como se ha señalado después, una marginalidad fortalecida por contingentes inmigratorios provenientes de naciones andinas y caribeñas portadoras de una mayor rabia social. También se hizo evidente la ausencia de representatividad en los liderazgos tanto de los partidos tradicionales como de las expresiones contestatarias de la sociedad.

Si el 18 de febrero de 1983 se había manifestado el resquebrajamiento del andamiaje financiero del país, un hecho que se venía incubando desde el “boom” petrolero, en los sucesos del 27 y 28 de febrero 1989 afloraron tensiones que se habían venido acumulando en las capas tectónicas de la sociedad venezolanas, expresándose entonces de manera violenta e  impredecible.

En los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989 se detectó una impredecible falla sísmica en las bases de la sociedad.

UN PAQUETE HUERFANO

La aplicación de las medidas económicas castigaba a los trabajadores por los despidos y el alza de los precios, y ofrecía temprana oportunidad para los sectores opositores a un gobierno que veía rota  tempranamente su Luna de Miel. Pero tampoco fueron suficientemente comprendidas estas medidas por el sector empresarial, cuyo comportamiento seguía regido por la cultura del tutelaje estatal. La liberación de precios y el impulso de las exportaciones que en otros países eran exigidas por los empresarios, en Venezuela chocarían con la incomprensión de un sector cuyas fortalezas habían radicado en las políticas proteccionistas y crediticias del Estado.

Como era previsible, se cruzaron las más diversas interpretaciones sobre los hechos pero la mayoría desembocaba en una consideración demasiado simple: había sido la repuesta del pueblo ante un paquete impopular. Habrían tres culpables: Lusinchi por haber retrasado la aplicación de ajustes que resultaban impostergables; Pérez por no haber aplicado de manera gradual el conjunto de medidas y desde luego el FMI con generalizada mala reputación en el plano internacional. Tanto que el propio Pérez, durante la campaña electoral que lo había llevado a la Presidencia, había calificado al organismo como “la bomba mata-gente”.

El alza del pasaje urbano y el prolongado desabastecimiento de artículos de primera necesidad estimularon un clima de tensión.

La prensa extranjera ofrecía una versión catastrófica del país. La AFP registraba: “barricadas, marchas y saqueos se produjeron en varias de las principales ciudades de Venezuela al comenzar la aplicación de alzas en las tarifas del transporte público, la más visible consecuencia de un paquete de ajustes acordado en el FMI. El alza oficial de 30% en esas tarifas, que siguió a una duplicación en los precios de combustibles y lubricantes, establecida el domingo, sirvió como detonante para la oleada de protestas callejeras”.

EL DEBATE

Eduardo Fernández, secretario general de COPEI pedía al gobierno rectificar urgentemente su política económica y “humildemente aceptar sus errores para poder recuperar el orden y la estabilidad del país”. Las cifras oficiales estimaban en 200 los muertos pero las agencias noticiosas transmitían al resto del mundo que eran más de mil, cifra que parecía estar más cerca de la verdad. Pese a la suspensión de garantías, el miércoles 1º de marzo hubo nuevos saqueos en Petare, Catia, 23 de Enero, El Cementerio, San Bernardino, San Martín, Prado de María, Lomas de Urdaneta, Lídice y El Guarataro. La morgue de Bello Monte fue declarada en emergencia y resultaba insuficiente para practicar autopsias e identificar los cadáveres.

El Congreso Nacional convocó a un debate y el primer orador fue el ex presidente Rafael Caldera quien pidió reflexión y alertó a la oposición, a empresarios y trabajadores, a concertar con el gobierno las salidas al momento tan difícil que se vivía. El presidente de AD, Gonzalo Barrios declaraba que lo que ocurre en Venezuela es “el beso mortal del FMI” citando a un periódico latinoamericano que reseñaba los sucesos y estableció una comparación entre lo que ocurría en el país y lo ocurrido en Argelia dos meses atrás donde hubo más de mil muertos como consecuencia de restricciones económicas. Gumersindo Rodríguez  (ministro de CORDIPLAN en el primer gobierno de CAP) acusó a Jaime Lusinchi de ser el responsable: “lo que sí puedo asegurarles es que la situación no es atribuible al presidente Pérez. Él está adoptando unas medidas que son muy drásticas y que en mi opinión podrían ser mejoradas, y gradualizadas posiblemente”.

LA FRIALDAD DE LOS NUMEROS

La Policía Metropolitana nunca fue capaz de reestablecer el orden.

Paradójicamente, mientras la violencia se apoderaba de las calles de Venezuela, en Washington, Pedro Tinoco, presidente del BCV; Eglée Iturbe, Ministra de Hacienda y Miguel Rodríguez, Jefe de CORDIPLAN, culminaban el proceso de negociación y firmaban la carta de intención con el FMI. El jueves 2 de marzo se dio a conocer el contenido de la misma. Venezuela se comprometía a hacer uso de todas las facilidades de crédito del Fondo. En 6 mil millones de dólares se situaban los requerimientos de financiamiento externo para el año 89. Se anunció la intención de recurrir al crédito del Banco Mundial y préstamos de la banca comercial, así como el refinanciamiento de la deuda comercial.

Más de 3 mil millones de dólares de las cartas de crédito (presuntamente fraudulentas) serían reconocidas a 14,50 bolívares por dólar. El gobierno esperaba aumentar en 400 millones de dólares las reservas internacionales en poder del BCV durante ese año, y una partida presupuestaria de 14.800 millones de bolívares se destinaría a subsidios. El director del FMI, Michel Camdessus, afirmó que se podían sacar conclusiones de lo ocurrido en Venezuela y sostuvo que los ajustes no deben ser retrasados y que el costo de ellos era inevitable e independiente de si el Fondo estuviera envuelto o no. Señaló que habían tratado de ayudar al gobierno venezolano para diseñar el programa económico solicitado por él mismo, y rechazó que se le hubiera obligado a nada. “Nosotros no dictamos. No podemos obligar a ninguna medida a una nación soberana ya que eso iría en contra de los principios de la institución”.

LO HIJOS DEL 27 DE FEBRERO

Estas son las dos caras del Caracazo, su origen y su consecuencia, un estallido que, al igual que la Toma de la Bastilla en Paris, 200 años antes, habría de ser clarinada de nuevos tiempos: la primera elección de gobernadores y alcaldes, se produce en diciembre de 1989; la primera intentona militar (el 4F de 1992) desde el Porteñazo en junio de 1962… Los continuos traspiés de un país político, cegado de vejez, sería partero de un régimen que hoy viene destruyendo uno a uno, sistemáticamente, los grandes avances que permitió la democracia civil que naciera treinta años antes, tras la caída de Marcos Pérez Jiménez, con la elección de Rómulo Betancourt.

Para los estudiosos de los cambios generacionales, es interesante subrayar que en 1989 ocurren también la Masacre de la Plaza de Tiananmen, en China, y la caída del Muro de Berlín, marcando en Asia y en Europa, tanto como en Venezuela, el inicio de etapas totalmente distintas de su devenir económico, político y social.


[i] “1) Nuevo esquema cambiario que consistirá en un cambio único, flexible, determinado de acuerdo a la oferta y la demanda; 2) Liberación de las tasas de interés activas y pasivas; 3) Racionalización de la política arancelaria; 4) Eliminación de restricciones del Arancel de Aduanas; 5) Eliminación de exoneraciones para las importaciones de bienes; 6) Inmediata organización de la empresa Venexport, destinada al funcionamiento y asistencia técnica y directa de los exportadores; 7) Congelación de los cargos en la Administración Pública; 8) Ajuste de las tarifas de luz y teléfono y creación de empresas descentralizadas de distribución del agua; 9) Aumento del precio de la gasolina durante tres años, para eliminar su efecto inflacionario; 10) Aumento del precio del transporte colectivo; 11) Mantenimiento del subsidio de los fertilizantes; 12) Modificación de la Ley de Impuesto sobre la Renta para favorecer los estratos de bajos ingresos; 13) Presentación al Congreso de un proyecto de Ley de Impuesto a las Ventas; 14) Creación de la Empresa Nacional Liquidadora para llevar adelante el proceso de reprivatización; 15) Fijación del salario mínimo en Bs. 4 mil para el área urbana y de 2.500 para el área rural; 16) Aumento de los sueldos de los funcionarios públicos en un promedio del 30%; 17) Creación de subsidios directos a los componentes esenciales de la cesta básica de alimentos; 18) Creación de una empresa de comercialización y una red de mercados populares; 19) Creación de becas alimentarias para niños en edad escolar; 20) Creación de 42 mil hogares de cuidado diario y; 21) Creación de una Comisión Presidencial para la lucha contra la pobreza”.

 

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