La Voracidad Centralista de un Estado Federal

Víctor Antonio Bolívar C.

EN TIEMPO REAL
VÍCTOR ANTONIO BOLÍVAR C.

Hoy debemos concederle crédito a Allan Brewer cuando sostenía que el perfeccionamiento de la democracia había sufrido un duro revés en tanto no se pudo concretar – en el proceso constituyente –  la gran transformación política que significaba pasar de la forma estatal de la Federación Centralizada por una Federación Descentralizada. Se lamentó que quedara ésta en el mero nominalismo expresado tanto en el Preámbulo como en el artículo 4 de la actual Constitución, calificándola de paso como la más centralista de cuantas se hayan dictado en nuestro ya bicentenario Estado.

No en balde nos señala que a partir de 1901, cuando colapsa el sistema federal liberal, se instituye hasta nuestros días un Estado Federal Centralizado, pese los cambios políticos de 1947 y 1958. Es la constitución vigente la que consagra en su artículo 4 al Estado federal descentralizado por única vez. La de 1961, aún siendo más descentralizadora,  sólo contempló al Estado Federal.

Una queja común de la que se hizo eco el ilustre jurista – sistematizándola – es la de que pese a la adopción de este sistema, la misma Carta Magna en el resto de su articulado establece en contravía un endemoniado centralismo, pues en ella habita la precariedad del ámbito estadal de las competencias, la escasa autonomía de los Estados, la desigualdad institucional por la eliminación del Senado, la centralización tributaria y la dependencia financiera, como también la regulación de las relaciones intergubernamentales como sujeción institucional al poder central.

No bastaron los esfuerzos que por años llevaron adelante dirigentes, parlamentarios y gobernantes, entre ellos Salas Romer, Dávila y Tablante, para que la descentralización tomara cuerpo en el contexto de la Constitución de 1961 y para que se acogieran – en la de 1999 –  los preceptos y lineamientos que alimentaron a la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, como los de la Ley de Elección y  Remoción de Gobernadores materializada en el gobierno de  CAP, que constituyeron grandes avances en el inevitable y necesario proceso descentralizador.

Ahora, cuando hace mella en las regiones y municipios esa voracidad centralista, cabe reflexionar sobre estas inquietudes. En nombre del Poder Popular se utiliza al capitalismo de Estado con el sólo objetivo de saciar a un gobierno omnívoro que manipula inescrupulosamente las necesidades populares. El desmontaje de cuanto se logró ha sido sistemático. Utilizando los subterfugios legales conforme a los cuales la máxima es la de que “los recursos son del pueblo pero los manejo yo, porque yo soy el pueblo”, se crea la ley de los consejos comunales, desmembrándolos de los consejos locales, para que dependan de una tan arbitraria como inconveniente política clientelar de Caracas.

El dolo presupuestario recientemente denunciado por Henrique Fernando Salas, el secuestro de sus competencias con la reforma de Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, el abordaje de sus instalaciones y equipos, la satanización de los gobernadores y alcaldes no oficialistas, el desconocimiento de la voluntad popular y la manipulación legislativa, en la que se cuenta la Ley del Consejo Federal de Gobierno, que elimina al FIDES y crea un Fondo de Compensación Interterritorial que manejará el gobierno nacional con la misma discrecionalidad con la que ha abusado en todos los órdenes de la vida del país, nos obligan a desenmascarar sus despropósitos, entre ellos el electorero.

 
Víctor A. Bolívar C.Víctor A. Bolívar C.
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