Burocracia rentable

Marcos T. Cabrera

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Marco T. Cabrera

Max Weber

Usualmente la burocracia se asocia a ineficiencia, retraso y derroche de recursos, y se percibe como un ente que sólo logra resultados que acaban ampliando las dimensiones de ella misma. El uso del término se ha vuelto peyorativo.

Sin embargo, de acuerdo al análisis sociológico de Max Weber, la burocracia tiene connotaciones más positivas, definiéndola como una forma de organización y administración racional y eficiente, en beneficio de las organizaciones públicas y privadas, con o sin fines de lucro.
Por eso el término tiene dos componentes, buro o escritorio y cracia o poder, que conjuntamente significa “gobierno de normas y organización explícitas”.
Existe una burocracia benigna y bien entendida que obedece a reglas en que cada funcionario tiene tareas delineadas de acuerdo a criterios impersonales, y dispone de la autoridad y de las condiciones para desempeñarlas.
Cada funcionario es contratado, nombrado o elegido sobre la base de su conducta y calificaciones técnicas, no de su afiliación. Su lealtad se debe exclusivamente al correcto desempeño de sus funciones y es compensado o premiado con un salario regular y la posibilidad de progreso en su carrera, en función al esfuerzo y dedicación al desempeño de sus funciones. Debe ejercer su buen juicio y habilidades imparcialmente al servicio de la autoridad superior, según establece la ley o regulaciones pertinentes.
Sin embargo, el propio Max Weber percibió que la burocracia real es menos efectiva que su modelo ideal, pudiendo degenerar de muchas maneras.
Esta burocracia indeseable incluye conflictos jerárquicos de competencia, importancia desmedida del procedimiento frente a los resultados, excesiva actividad regulatoria, decisiones lentas por rigidez e inercia en los procesos, y una meritocracia débil por nepotismo, corrupción o enfrentamientos políticos.


En países como el nuestro, la perversión de la burocracia puede llegar a niveles extremos, cuando por ejemplo la tramitación de un documento o licencia se convierte en un laberinto o en una situación de inescapable corrupción en el que la víctima que lo requiere parece no tener alternativa. El ciudadano común se siente protagonista de la obra El Proceso de Kafka.

En el caso venezolano, existen muchos elementos degeneradores de una sana y eficiente administración pública que podrían agruparse en tres categorías, dentro de una especie de triángulo de la burocracia indeseable:

  • Debilidad institucional con su bajo nivel de estandarización y de sistematización de los procedimientos.
  • Funcionarios no calificados ni comprometidos con su función.
  • Ciudadanía indefensa y con bajo poder de negociación

Todo dentro de un clima proclive a la corrupción y de excesiva penetración de la política con su exigencia de afiliación incondicional, en donde el beneficio económico de fácil inmediatez, aún destruyendo valor para la sociedad, tiene un mayor incentivo que el que requiere esfuerzo y trabajo para construirlo.
La corrupción encuentra en la burocracia su mayor aliado e instrumento, aupada por la impunidad del sistema y generadora de un conflicto de intereses para el funcionario.

Se crean especies de mafias en que la multiplicación de los obstáculos, o la administración interesada de sistemas informáticos modernos obstruye el trámite y valida al gestor necesario y salvador, con sus correspondientes honorarios.

Claros ejemplos de ello son la tramitación de dólares de Cadivi, de un pasaporte o de un registro automotriz, en donde el beneficiado mayor resulta obviamente el funcionario corrupto, no el ciudadano, no el Estado, tampoco la Nación.

El costo a nivel colectivo es muy alto en pérdida de competitividad y Venezuela lamentablemente ocupa uno de los más bajos lugares en el mundo en este sentido. El tiempo requerido para registrar una empresa en nuestro país toma más de diez veces al de cualquier otro país de mediano desarrollo.

Se trata de un problema complejo, con muchos ingredientes que son difíciles de desmontar uno a uno. El Estado debe colocar los incentivos en donde corresponde, a objeto de garantizar los resultados más convenientes para la sociedad, con la mejor relación costo/beneficio, en donde se procure el necesario control de una sana administración sin ahogar las iniciativas empresariales o de la ciudadanía.

El dilema que se le plantea a toda sociedad y a todo Estado, especialmente en nuestro país, es si la necesaria burocracia está al servicio del individuo o funcionario que la ejecuta, quien perversamente se apropia de ella en su beneficio, o está orientada al beneficio común del colectivo con efectos perdurables en el largo plazo.
Es obvio que sólo en el segundo de los casos puede hablarse de una burocracia verdaderamente rentable para la sociedad.

 
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