Tsunami financiero

Marcos T. Cabrera

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Marcos T. Cabrera

La reciente aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional (LOSFIN) y de la Reforma a la Ley del Banco Central de Venezuela (RLBCV) por la Asamblea Nacional, deberá producir un reordenamiento importante y sin precedentes en el sistema financiero venezolano.

La LOSFIN se sancionó luego de que en los últimos meses nueve bancos y casas de bolsa fueron intervenidos por el gobierno por malos manejos que sus directivos realizaron de fondos provenientes del Estado.

Esta Ley regulará las actividades del sector bancario, la rama aseguradora y el mercado de valores. Se establece que las instituciones que integran este sistema no pueden conformar grupos financieros entre sí, y los bancos que posean compañías de seguros y casas de bolsa tendrán que desligarse de ellas.

Se creará el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN), como ente rector encargado de coordinar el funcionamiento de las instituciones integrantes del sistema y de sancionar administrativamente a quienes transgredan las obligaciones determinadas en esta Ley.

Dicha ley, según versiones oficialistas, garantizará que los recursos captados por la banca como intermediarios financieros se destinen al fomento de la producción, en lugar de actividades especulativas que ponen a riesgo el dinero de los ahorristas, mientras que según la visión de economistas privados, sería una reforma bastante anticuada, que simplemente buscaría financiar proyectos socialistas con riesgo de descapitalización para la banca y de peligro para toda la economía venezolana.

La Reforma a la Ley del Banco Central de Venezuela (RLBCV) por su parte ocasionará un cambio sustancial en el rol y funciones del ente emisor, ya que permitirá a este ente nacional participar activamente en el financiamiento de actividades productivas y otros proyectos de desarrollo tanto en el sector financiero público como privado, suministrando recursos de largo plazo a los bancos que así lo requieran.

Muchas voces alertan que se socavaría la estabilidad de la moneda porque el objetivo subyacente es financiar al fisco frente al déficit fiscal y  se estaría creando dinero sin ningún respaldo que producirá una caída en el poder de compra por efecto de la inflación.

La modificación de la Ley del Banco Central propuesta además de violentar principios económicos fundamentales para conseguir una economía estable, iría en contra de varios principios constitucionales, entre ellos el que prohíbe al BCV financiar una política fiscal deficitaria y supeditar su autonomía respecto a decisiones del Ejecutivo Nacional. Al mismo tiempo, se estaría impidiendo que el BCV cumpla su principal objetivo, de rango constitucional, cual es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor de la moneda, como directriz para el establecimiento de la política monetaria y de la coordinación macroeconómica.

En otro contexto, según las perspectivas económicas mundiales dadas a conocer esta semana por el FMI conjuntamente con el BM, Venezuela es el único país de América Latina que proyecta un crecimiento negativo este año, de -2,6%. Al mantenerse un crecimiento negativo con elevada inflación en 2009 y 2010, se ratifica técnicamente una situación de estanflación, es decir, de contracción económica con inflación.

El mismo Presidente de la República, después de sus negativas anteriores, ha tenido que reconocerlo públicamente hace tan sólo unos días, lo cual no es sorpresa para el ciudadano venezolano que ya lo había venido sufriendo diariamente de múltiples maneras.

En contraste, la economía latinoamericana crecerá 2,9% en 2010 gracias al fortalecimiento de los mercados financieros, en donde los aspectos claves para ello han sido las mejoras en las finanzas públicas, credibilidad de los Bancos Centrales y mayor flexibilidad de los mercados cambiarios.

Por cierto, Estados Unidos, epicentro del gran movimiento telúrico financiero mundial, proyecta crecimientos de 2,7% este año y de 2,2 % en 2011.

Lo cierto es que ambas leyes, con sus diferencias de interpretación y al menos en forma aparente, buscan minimizar el efecto de crisis financieras tanto externa como interna, por las que hemos pasado y debemos pasar, y ciertamente el sistema financiero venezolano es susceptible a un proceso de depuración y de fortalecimiento, pero su aplicación será traumática.

Simultáneamente, estamos dentro de un proceso de cambio dirigido a una economía socialista en la actual política económica del gobierno, y por si fuera poco en un año electoral determinante para todos. Sin duda alguna una situación verdaderamente compleja y de mucho impacto, en la cual todos debemos navegar.

Se pueden generar oportunidades de negocio para los inversionistas privados, entre los que estarían los mismos clientes afectados de las instituciones del mercado de capitales y del sector de seguros, mientras se atiende y se lucha por la tan ansiada democratización del capital, a la vez que se reactiva y se fortalece el mercado de capitales y la bolsa de valores.

El gran terremoto financiero ya ocurrió en el 2009 y la mayor parte de las economías latinoamericanas después de sufrir los efectos de la sacudida muestran su recuperación, pero en Venezuela estamos amenazados por el efecto retardado del tsunami en el 2010 para el cual todas las alarmas están encendidas. ¿Estaremos debidamente preparados?

 
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