La tragedia del Inca

Roberto Guisti

Roberto Giusti
rgiusti@eluniversal.com

Esas dos horribles muertes eran evitables y obedecen a una arbitrariedad ya insoportable. Basta sólo con ver los videos de sus peleas para sentir el fiero instinto aniquilador de Edwin Valero, quien dentro del ring se transformaba en una máquina implacable de lanzar golpes. El Inca no descansaba hasta destrozar a sus adversarios y así, en el año 2006, se convirtió en el primero boxeador que dejaba fuera de combate a 18 de sus rivales en el primer round. Cuando eso ocurría y lo alzaban sobre los hombros de sus sparrings, lanzaba feroces gritos de victoria mientras se golpeaba el pecho (marcado por un tatuaje del líder) con sus manos enguantadas.


Pero el problema del Inca es que fuera del ring no lo abandonaba el llamado primal de su violenta naturaleza, ni una particular propensión hacia toda clase de lances sangrientos. El Inca no podía pelear en EEUU porque en el 2001, durante un accidente de motocicleta (iba sin casco), sufrió una fractura de cráneo y lo intervinieron para removerle un coágulo en el cerebro. Sometido a resonancia magnética, detectaron anomalías que, según los reglamentos boxísticos norteamericanos, le impedían desarrollar su carrera profesional.
La primera alarma salió a relucir en abril del 2009, cuando los medios informaron sobre una presunta agresión en contra de su esposa en El Vigía, por parte de un supuesto motorizado que le disparó causándole una herida en la pierna izquierda con fractura de tobillo y peroné. Lo extraño es que, según el informe del CICPC, también presentaba hematomas en los labios y laceraciones en el tórax. Quien la condujo a la clínica fue el Inca.
Luego, en septiembre, la emprendió contra su mamá y su hermana en La Palmita, caserío a la orilla de la vieja carretera Mérida- El Vigía y luego de ser apresado lo pusieron en libertad. Pero el colmo fue la golpiza contra su esposa Jennifer, quien resultó con un pulmón perforado, el pasado mes de marzo y las amenazas contra médicos y enfermeras del hospital Universitario de Mérida. Conducido a tribunales, confesó que era alcohólico, una verdad a medias porque los análisis revelaron trazas de cocaína en la sangre. Condenado a seis meses de reclusión en el Hospital Psiquiátrico de San Juan de Dios, a los dos días lo pusieron en la calle porque la Fundación Pueblo Soberano, con sede en Miraflores, se comprometió a enviarlo a Cuba donde, como Maradona, sería sometido a rehabilitación.
La irresponsabilidad, la alcahuetería, la conversión de la justicia en maleable instrumento de los poderosos y su declarada simpatía por el Gobierno y su líder, lo dejaron libre. La horrible muerte de Jennifer, así como su posterior suicidio, (ambos hechos evitables), son las consecuencias del envilecimiento ético y de una arbitrariedad e impunidad criminales que ya se hacen insoportables.


 
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