Un año esperando justicia

REPIQUE

Mélida Qüenza Ponte

Hace un año se iniciaron las acciones de más de dos mil educadores que en forma interina estaban contratados por la Secretaría de Educación del gobierno de Carabobo, trabajadores que avizoraban un despido masivo en esa dependencia al finalizar el año escolar, pues no les renovarían los contratos y les someterían a un concurso de credenciales no autorizado por el Ministerio de Educación.

Comenzó una campaña informativa sobre lo que los afectados llamaban los “polloconcursos”, exhortando a la solidaridad con los educadores que serían despedidos ya que los que se desempeñaban en áreas especiales como cultura, informática, etc., no se incluían, además, se excluía a los formados en misiones y otros programas educativos gubernamentales y, era lógico pensar, se favorecería a partidarios del gobierno regional.

Las acciones incluyeron una solicitud ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo de la Región Centro-Norte, para que se anularan los “polloconcursos” por todas las razones de ilegalidad que presentaban.

Ocurrió el despido masivo. La reacción no se hizo esperar, sobrevino la toma de la Secretaría de Educación, los educadores se fueron a la calle, se acudió a todas las instancias posibles, la presión subió y después de varias semanas se anunció que las autoridades educativas reengancharían a los despedidos.

El reenganche se materializó en un reducido grupo de docentes. Se prosiguió con la lucha y hoy nos encontramos a casi 400 educadores reclamando sus derechos. Del grupo inicial abandonaron unos cuantos, decepcionados, convencidos que es inútil luchar contra las componendas políticas, contra la deslealtad de compañeros que se prestaron a la farsa de los “polloconcursos” a cambio de beneficios personales y familiares, pero sobre todo, contra la injusticia que reina en nuestra sociedad.

A un año de haberse iniciado ese atropello uno se pregunta ¿por qué el tribunal no declara la nulidad de los “polloconcursos” si están revestidos de ilegalidad? ¿Por qué la Inspectoría del Trabajo no hace valer su decisión de reenganche? ¿Por qué el poder legislativo no toma acciones contundentes que favorezcan a estos trabajadores de la educación que ven pisoteados sus derechos? ¿Por qué el Ministerio de Educación permite el incumplimiento de las normas establecidas para el otorgamiento de cargos a docentes?… Sencillamente, ¿por qué no se cumplen las leyes?

La justicia no llega para los docentes interinos. Preocupa que se haga costumbre que las arbitrariedades se impongan a las leyes. Pese a todo, confiamos que tarde o temprano se resarcirá el daño causado. No podemos perder la esperanza de una sociedad justa.

 
Top