La caprichosa justicia tocó a Pancho

REPIQUE
Mélida Qüenza Ponte

mq0105@hotmail.com

En artículos anteriores nos hemos referido a la forma caprichosa como algunos jueces aplican la justicia, eso sucede a diario. Aunque hay casos que adquieren notoriedad, la mayoría de estas “injusticias” de la justicia las conocen sólo los afectados, sus círculos familiares y allegados. Por estos días, la medida que tomó un juez carabobeño contra el periodista Francisco “Pancho” Pérez se ha convertido en noticia destacada en todos los medios de comunicación, es un hecho que tiene todos los elementos para serlo, es una decisión que afecta a un periodista, la acción proviene de un alcalde y ocurre en un momento donde el tinte político refuerza el hecho.

Desafortunadamente, a Pancho lo tocó la caprichosa justicia. Caprichosa en verdad, pues el haber señalado en una columna de opinión que el alcalde de Valencia, Edgardo Parra, incurría en actos de nepotismo, no es un delito de tal gravedad que lleve a un juez a dictar 3 años y 9 meses de prisión, a la inhabilitación profesional y política e imposición de una multa de unos 100 millones de bolívares. Una sanción desproporcionada, por mucha “injuria y ofensa a funcionario público” en que se haya incurrido en este caso.

Detrás de esta decisión hay un entramado de intereses donde se combina lo político, lo económico y hasta lo personal. Hoy es Pancho Pérez el blanco del capricho de un alcalde, como en los últimos tres años lo han sido más de una docena de concejales en Carabobo, quienes fueron atropellados por alcaldes por el simple hecho de ser críticos frente a gestiones. La historia comenzó en Libertador y esa “doctrina Loreto” (implantada por el ex alcalde Argenis Loreto) fue copiada por la alcaldesa de Carlos Arvelo y los alcaldes de Puerto Cabello y de Juan José Mora.

¿Alguien puede decir que no fue violada la Constitución Nacional al impedirle por la fuerza a un concejal, electo por el voto popular, entrar a una cámara municipal? Y más allá de eso, de la forma más arbitraria, sustituirlo por un suplente y de manera determinante no dejarlo ejercer ninguna de sus funciones. Todo esto que parece increíble en un estado democrático se ha ido ejecutando impunemente. Una montaña de denuncias, pruebas y toda clase de documentos, reposan en la oficina del juez que debe conocer de estos casos. No se hace justicia por la presión política, al juez no le importa la Constitución, recibe órdenes de un dirigente político que quiere castigar a quien haga cualquier observación a los alcaldes de su partido.

Es probable que a la vuelta de unos meses tengamos un acumulado de injusticias. Lo grave de esto es que nos acostumbremos a la bulla mediática, muchas veces fugaz, que acompaña a estas situaciones y hasta caigamos en la rutina, sin reparar que esa justicia caprichosa socava la democracia y por allí puede irse desmoronando un país que mantiene la esperanza del cambio transformador.

 
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