La censura indirecta

Andrés Oppenheimer

Andrés Oppenheimer

Hay motivos por los que deberíamos estar más preocupados que de costumbre por el futuro de la libertad de prensa en las Américas: varios presidentes autoritarios han sufrido fuertes caídas en sus niveles de popularidad, y están procediendo a silenciar a los medios independientes en un esfuerzo por no perder las próximas elecciones.

Eso está ocurriendo en varios países, pero en ninguna parte de manera tan clara como en Venezuela. Allí, el presidente narcisista-leninista Hugo Chávez está enfrentando un creciente descontento público por la inflación, los cortes de luz, la escasez de alimentos y la masiva corrupción gubernamental. Según una encuesta reciente de Keller y Asociados, el 70 por ciento de los venezolanos piensan que su país va por mal camino.

No resulta sorprendente que, a medida que se acercan las elecciones legislativas del 26 de Septiembre, Chávez haya redoblado sus esfuerzos por acallar a Globovisión, la última emisora televisiva abiertamente critica del gobierno, tras el cierre de la señal de cable de la cadena RCTV en enero.

Las elecciones podrían resultar en un bloque opositor de peso en el Congreso, que podría iniciar investigaciones sobre la corrupción oficial, y terminar con el poder absoluto de Chávez sobre todas las ramas del gobierno desde que la oposición boicoteó las elecciones legislativas del 2005.

A principios de este mes, Chávez criticó públicamente al sistema judicial venezolano por no haber detenido a Guillermo Zuloaga, el presidente de Globovisión y uno de sus accionistas, por una investigación gubernamental a su negocio de venta de automóviles Toyota. Días después de la crítica de Chavez, se emitió una orden de arresto de Zuloaga por el caso de los Toyota.

Simultáneamente, Chávez reclamó que se intensificaran las acciones legales contra Nelson Mezerhane, uno de los principales accionistas de Globovisión, cuyo Banco Federal fue intervenido el 14 de junio por el gobierno. Refiriéndose a Zuloaga y Mezerhane, Chávez insinuó el 17 de junio que el gobierno podía apoderarse de “todas las empresas que tiene esta gente”.

Los abogados de Zuloaga en Venezuela me dijeron que los cargos de acaparamiento con fines de usura de los 24 Toyota contra Zuloaga son ridículos, porque los vehículos habían sido vendidos previamente y estaban allí esperando ser entregados.

Además, mientras el gobierno acumula acusaciones contra Zuloaga y Mezerhane, no está investigando a cientos de funcionarios y empresarios chavistas involucrados en casos de corrupción pública, incluyendo el muy publicitado incidente del 2007 en el que una delegación venezolana intentó entrar a la Argentina con una valija llena de dinero en efectivo.

Poco antes de sus acciones más recientes destinadas a silenciar a Globovisión y RCTV, Chavez le había quitado sus licencias a 32 emisoras radiales citando presuntas irregularidades técnicas en sus registros, y había amenazado con cancelar las concesiones de otras 200.

Pero Venezuela no es el único país que recurre a la censura indirecta para acallar a los críticos.

Dejando de lado a Cuba, donde la dictadura prohíbe a todos los medios críticos, varios gobiernos de la región están intensificando la intimidación contra los medios críticos por medio de acciones administrativas, presiones económicas, una retórica violenta o el espionaje ilegal, según afirman grupos de defensa de la libertad de prensa.

Los presidentes de Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Colombia y Argentina periódicamente demonizan a los periodistas críticos, y con frecuencia usan recursos estatales –incluyendo publicidad del gobierno y amenazas tácitas de negar los licencias televisivas o radiales — para controlar a los medios, señalan.

Un estudio publicado en el 2009 por la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina señala que el gobierno de ese país estaba gastando unos 115 millones de dólares anuales en publicidad oficial – un 750 por ciento más que cinco años antes –beneficiando a sus amigos, y castigando a sus críticos.

Otros estudios señalan que la agencia nacional de inteligencia de Colombia, el DAS, espió ilegalmente a numerosos periodistas, logrando que sus fuentes confidenciales dejen de hablar con ellos.

Catalina Botero, la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, me dijo que hay en la región “una creciente tendencia al abuso de los poderes estatales para silenciar las voces disidentes”.

Y agregó: “La época de las comisiones oficiales de censura en Latinoamérica ya pasó a la historia. Hoy se privilegia la censura indirecta, que es mucho más difícil de detectar y denunciar”.

Mi opinión: Ya es hora de que la OEA y los grupos no gubernamentales amplíen su definición de la censura, y vayan más allá de las necesarias investigaciones sobre asesinatos y acciones legales contra los periodistas.

También deberían denunciar las nuevas formas de censura más sutil, porque –por más raro que parezca– los aspirantes a presidentes vitalicios de la región están silenciando a los medios por vías indirectas mientras aducen seguir defendiendo la libertad de prensa.

www.elnuevoherald.com

 
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