El tío de Pdval

Un familiar de Rafael Ramírez fundó Pdval. Al margen de ese detalle, las fichas señalan a lo Alto del Gobierno. “Han pasado 40 días y Ramírez no se va”

Joseph Poliszuk
jpoliszuk@eluniversal.com

Tras bambalinas, Egli Ramírez siempre estuvo en Pdval. El tío de Rafael Ramírez no es ajeno a la empresa. Aunque la junta directiva cambió en tres oportunidades, su nombre siempre se mantuvo en el segundo puesto de la Organización. De hecho, fue él quien fundó la compañía. Fue él quien sobrevivió a todos los cambios que luego registró Rafael Ramírez y fue él quien -según el acta constitutiva de Pdval- nombró a Luis Pulido como primer presidente de la Organización.

El primero de agosto de 2008 compareció ante el Registro Mercantil II de Caracas, para inscribir una sociedad anónima que tenía por objeto “realizar toda actividad tendente a la producción, abastecimiento y comercialización nacional y/o internacional de alimentos”.

Así nació Pdval. El presidente de Pdvsa Agrícola, Egli Antonio Ramírez Coronado, cédula de identidad número 3.522.568, levantó la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos. De acuerdo con el expediente número 28 del tomo 15-A-Sgdo del Registro Mercantil II de Caracas, por más de dos meses fue el “administrador único” de la sociedad.

Luisa Ortega

Luisa Ortega

Hasta el 8 de abril de 2008, nadie más que Ramírez Coronado conformaba la estructura de la empresa. Ese día nombró una junta directiva encabezada por él, entre otros funcionarios como Georges Kabboul, entonces presidente de Bariven, y -al mismo tiempo- designó como presidente a Luis Enrique Pulido López, acusado por la Fiscalía General de la República por la comisión de los delitos de peculado y boicot.

El dirigente, de Voluntad Popular, Leopoldo López garantiza que Ramírez Coronado “es el tío del ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez”, pero al margen de ese detalle, advierte que estos vínculos muestran piezas de un rompecabezas que indican quién estaba articulando toda la cadena de compras y distribución de alimentos: “Se trata de caso que tiene muchas aristas, muchas cabezas empiezan a surgir, pero esas piezas apuntan al principal responsable, que es Rafael Ramírez”.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, señaló el lunes que es poco probable que el ministro de Energía y presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, sea procesado. “El padre no puede responder por los hechos punibles cometidos por los hijos y a la inversa”, explicó.

El ex alcalde de Chacao cree, sin embargo, que tal como en la película del caso de Recadi, unos funcionarios de segunda y tercera categorías están pagando los platos rotos que hay en lo más alto de Petróleos de Venezuela.

Antes de que los alimentos dañados se volvieran escándalo, Pdvsa y otros organismos del Estado fueron demandados dentro y fuera del país por sobornos y malos manejos en la importación de alimentos. López cree que el Gobierno debe asumir su responsabilidad: “Ya han pasado casi 40 días del primer hallazgo y el ministro Rafael Ram´írez no se ha separado de su cargo; lo que hemos visto aquí es la falta de compromiso de los poderes públicos por investigar un crimen que tiene que indignar a todos los que se preocupan por el hambre del mundo”.

Primera denuncia

Cuatro meses después de asumir la Gobernación del estado Carabobo, Henrique Salas Feo denunció ante el Ministerio Público lo que más tarde se convertiría en el escándalo de Pdval. En la Fiscalía superior de la entidad reposa una denuncia desde el 2 de abril de 2009, que advierte que en la aduana de Puerto Cabello había 8.000 contenedores estacionados, que sumaban más de 160.000 toneladas de alimentos descompuestos.

Salas Feo agregó entonces que esos contenedores tenían desde cuatro meses hasta un año en los patios de la aduana de Puerto Cabello. “Son alimentos perecederos que se están pudriendo mientras en los supermercados esos productos escasean”, declaró precisamente en los días en que el Gobierno anunciaba estatizar los puertos de todo el país.

El Universal contactó ese día a la Gerencia de Asuntos Público de Pdval, pero no hubo ninguna respuesta, información o versión oficial sobre esas denuncias. Guardaron silencio sobre lo que ahora el Gobierno nacional ha denunciado como una campaña de difamación contra Pdvsa y las demás instituciones relacionadas con el caso.

El diario Notitarde reportó, justo en ese momento, que más de 2.000 contenedores de alimentos de Pdval se encontraban almacenados en la sede de Invetex, ubicada en la población de Tinaquillo, del estado Cojedes. Los contenedores tendrían arroz y leche importada de China, Portugal y Brasil, empacada en bultos de 25 kilos cada uno.

Litigio en Miami

Los representantes de la empresa Dexton Validsa de Miami, Tomás González y Pablo Cárdenas, denunciaron hace dos años, ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, que el gobierno nacional canceló un contrato multimillonario con su firma, después de negarse a pagar una comisión de 2 millones de dólares. La demanda señala que Pdvsa rescindió, a través de Bariven, cinco contratos de más de 195 millones de dólares para el suministro de carne, pollo y azúcar refinada.

“González y Cárdenas, ambos venezolanos radicados en el sur de la Florida, mencionan en la demanda iniciada en junio de 2008, que Juan Carlos Chourio, un presunto enviado de Bariven, les pidió $2 millones como garantía de que los contratos no serían cancelados. La demanda pudiera costar más de $100 millones a Caracas”, calculó el Miami Herald en su edición del 2 de junio del año pasado.

De acuerdo con la página web de Pdvsa, Bariven es una filial que “se ocupa de la adquisición de materiales y equipos necesarios para las actividades de Exploración y Producción, Refinación y Gas”. Desde su fundación, se había dedicado a importar insumos para la industria petrolera. A partir de 2007, sin embargo, también asumió la importación de alimentos: cuando el Gobierno nacional encargó a la empresa estatal petrolera importar comida, sus funcionarios y los de Pdval se ocuparon de esa tarea. Menos de un año después, la empresa fue acusada en un tribunal regional de Estados Unidos y, por lo pronto, el caso continúa.

Cadena de hallazgos

Tres meses antes de que Pdval significara escándalo, la diputada del Consejo Legislativo del Estado Carabobo, Neidy Rosal, denunció la presencia de 120 contenedores con alimentos congelados descompuestos en Puerto Cabello. La denuncia fue formalizada en la Fiscalía número 13 de esa entidad, junto con otros nuevos hallazgos de comida descompuesta y varada en el puerto de la entidad.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció el viernes que el Ministerio Público acusó a Luis Pulido, Ronald Flores y Mercedes Veleika Betancourt, como responsables de los delitos de boicot y peculado doloso en el caso de los alimentos que han ido apareciendo perdidos en puertos, almacenes y vertederos municipales de los estados Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Portuguesa, Yaracuy y Zulia. Agregó que la investigación sigue abierta; sin embargo, no precisó cuántas de las casi 122.000 toneladas de alimentos descompuestos son investigadas por los cuatro fiscales que llevan el caso.

Sin contar los sacos de caraotas o envases de productos como mayonesa, que se han encontrado en vertederos municipales de los estados Falcón, Portuguesa y Zulia, las últimas cuentas suman 121.922 toneladas de comida perdida. Se trata de una montaña de alimentos, que tendría que guardarse en más de 4.350 contenedores. En el Ministerio Público, no obstante, sólo han admitido casi la mitad de esas denuncias, lo que equivale a 2.334 contenedores.

Cuatro juicios

Aunque no tan escandaloso como las noticias que han ido mostrando alimentos dañados en los almacenes, puertos y vertederos municipales de todo el país, uno de los casos mejor documentados ante el Ministerio Público es el de las semillas de papa que se dañaron en los galpones del Gobierno.

La Federación Nacional de Asociaciones de Productores de Papa y Hortalizas había acudido en varias oportunidades al Ministerio Público para solicitar una investigación sobre varias importaciones de unas semillas de papa, que se han dañado antes de ser sembradas. Sus demandas, sin embargo, no han sido procesadas.

“A pesar de haber denunciado todos los hechos irregulares que constan en fecha 21/08/09, 04/09/09 y 24/09/09, con sus respectivos anexos, y de las diligencias y datos aportados, nuevamente se han repetido hechos, de carácter presumiblemente doloso, que van en detrimento del Patrimonio Nacional, de los productores de papa y de los consumidores”, señala otra denuncia interpuesta el pasado 25 de febrero en la Fiscalía número 57.

El resto de la historia ya es conocida: un grupo de productores del municipio Rangel del estado Mérida lamentó hace dos semanas que los 20 mil sacos de semilla de papa que solicitaban se dañaron en unos galpones del sector Barrio Negro. Los residentes del páramo habían intentado verificar desde diciembre las condiciones de esas 500 toneladas de semillas, pero el 8 de junio confirmaron que tenían hongos.

Profecía cumplida

Hiram Gaviria, ex ministro de Agricultura y dirigente de Un Nuevo Tiempo, también anunció la suerte de la comida que importó Pdval. El 3 de diciembre del año pasado alertó sobre “mafias que se enriquecen con el hambre del pueblo” y más aún: comida a bajos precios que se importó en detrimento de su calidad.

“Trajeron al país leche próxima a su vencimiento, más barata, aun cuando se facturó al precio de 3.500 dólares la tonelada”, dijo. “Estos funcionarios inescrupulosos que engordan sus bolsillos con estas comisiones, se quedaron con el diferencial”.

Aunque no formuló la denuncia ante el Ministerio Público, Gaviria organizó una rueda de prensa en ese momento, para advertir sobre la pérdida de 50.000 toneladas de leche en polvo, que pudieron servir -según sus cálculos- para cuatro teteros al día de 3 millones de niños venezolanos.

“Esto lo hemos denunciado públicamente, hemos llamado la atención de la Fiscalía General de la República y no se nos ha atendido: en el puerto de Puerto Cabello se perdieron 50.000 toneladas de leche que no se pudieron utilizar para el consumo humano y hubo que destinarla al consumo de alimentos balanceados para animales”, indicó. “Mientras estimulan las importaciones para engordar sus bolsillos, el pueblo pasa hambre y no consigue azúcar, no consigue café, hay dificultades para la adquisición de otros productos y esto arruina al sector agroproductivo”.

Contraloría contra Mercal

El contralor general de la República, Clodosbaldo Russián, expresó el pasado 24 de junio que hace dos años había informado sobre irregularidades en la red de distribución Mercal. “Nosotros, en el informe que presentamos a la Asamblea Nacional, hicimos una alerta temprana sobre las deficiencias que veíamos en la distribución que estaba realizando Mercal”.

En declaraciones a Venezolana de Televisión, Russián dijo que había alertado sobre obstáculos en la cadena de importación, distribución y almacenamiento de la comida, pero destacó que no estaba enterado sobre comida en estado de descomposición en los puertos del país.

El informe del año 2008 que la Contaloría General de la República colgó en su página web, señala que “los niveles de producción, importación y abastecimiento de los rubros leche, pollo y azúcar, en el periodo de referencia, no fueron suficientes para satisfacer la demanda de los consumidores, entre otras causas por los retrasos en la ejecución de la mayoría de los proyectos a cargo de la Corporación Venezolana Agraria, la CVA Lácteos, S.A; la Empresa Socialista Lácteos del Alba; y Mercal”.

La fiscal general de República, Luisa Ortega Díaz, advirtió el lunes, sin embargo, que esas irregularidades nunca fueron denunciadas. “El contralor nunca informó al Ministerio Público del conocimiento que él tenía de este caso, por lo menos de manera oficial”, dijo. “El Ministerio Público no trabaja sobre presunciones, sino sobre cosas concretas que se expresan”.

 
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