DEMOCRACIA CON MULETAS

Sergio Ramírez

Sergio Ramírez

Ningún otro país que yo conozca tiene una Comisión Internacional contra la Impunidad instalada con carácter institucional, que depende más del secretario general de las Naciones Unidas que de la autoridad del Estado nacional. Es el caso de Guatemala, donde la democracia necesita muletas para caminar, según esta prueba fehaciente.

La comisión, creada en el año 2006 mediante un acuerdo entre el Gobierno y las Naciones Unidas, y ratificado por el Congreso Nacional, comenzó a funcionar al año siguiente, y tiene poderes suficientes para iniciar investigaciones criminales, aun contra funcionarios públicos, y preparar la acción penal para poner a los responsables delante de los tribunales.

Y las discusiones acerca de si la soberanía viene a quedar menguada debido a su existencia, sobran frente al hecho de que las instituciones se encuentran intervenidas desde hace tiempo. Intervenidas por las mafias organizadas, por grupos económicos poderosos y por los carteles del narcotráfico. Todos ellos han sometido y corrompido las cúpulas policiales, se inmiscuyen en la escogencia de magistrados, jueces y fiscales, y ponen precio a todas las cabezas.

La corrupción ha obligado al presidente guatemalteco Álvaro Colom a cambiar varias veces de gabinete.

Desde que fue creada, la comisión ha logrado que sean destituidos más de 2.000 funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil: desde el mes de agosto del año pasado, la cúpula policial ha sido destituida dos veces, por vínculos comprobados con los narcotraficantes. Y desde que comenzó su mandato, el presidente Álvaro Colom ha tenido que cambiar cinco veces a su ministro de Gobernación, por causas que no son ajenas a la corrupción.

Carlos Castresana, fiscal del Tribunal Supremo de España, nombrado por el secretario general de la ONU como jefe de la comisión, empezó a trabajar en el año 2007 a la cabeza de un equipo de juristas y expertos investigadores de distintas nacionalidades, y fue dotado de los recursos técnicos suficientes para hacer su labor, incluida la intervención legal de las llamadas telefónicas.

Una especie de superhéroe, aparentemente colocado más allá del alcance de las manos sucias de los que se disputan el control de la justicia, en busca de establecer la impunidad como ley suprema.

Y porque gozaba de ese prestigio de independencia supranacional, es que pudo hacer valer, sin que nadie los discutiera, los resultados de una investigación que resolvió uno de los casos criminales más extraños de que nadie tenga memoria.

En mayo del año pasado, el abogado Rodrigo Rosenberg fue asesinado en la calle por sicarios, un hecho para nada raro en el paisaje diario de Guatemala. Pero de inmediato comenzó a circular un video con un patético mensaje grabado de antemano, donde la propia víctima acusaba al presidente Colom y a su esposa de ser los responsables del crimen. Una verdadera bomba política que desestabilizó el país y amenazaba con llevarse en la sacudida al Presidente.

¿Quién podría desdecir el testimonio de un muerto, señalando a sus victimarios? En el clima de mutua desconfianza, y en medio del desprestigio de los llamados a señalar culpables y a ejercer la justicia, sólo Castresana pudo desmontar la bomba y hacer que todo el mundo diera crédito a lo que la comisión logró averiguar en sus pesquisas: nada menos que el propio abogado Rosenberg había urdido una conspiración para mandarse a asesinar a sí mismo, contratando a los pistoleros por medio de cómplices suyos. Una trama de Agatha Christie, con un final de George Simenon: Castresana venía a resultar un valiente e íntegro inspector Maigret, cuya palabra no podía ser puesta en duda.

Castresana salvó el gobierno del presidente Colom de una bancarrota política, y salvó las instituciones de su caída en picada. Pero ya se había ganado enemigos suficientes en la sombras, que con toda eficiencia conspiraban para quitárselo de encima sembrando calumnias en sus contra, por medio de una campaña bien pagada.

Rodrigo Rosenberg: un asesinato, un video, una conspiración.

Uno de los autores de esa campaña, denunciado por el propio Castresana, es el empresario Roberto López Villatoro, llamado “el Rey del Tenis”, que se beneficia con la venta de jugosos contratos de venta de equipos y zapatos deportivos al Estado, acusado de intervenir en la manipulación de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para someterla a su control personal: cuatro recientes nombramientos de magistrados fueron anulados a causa de estas denuncias por el Congreso Nacional.

Otros dos responsables de esa misma campaña eran nada menos que los cómplices de Rosenberg en la orquestación de su propio asesinato, responsables de haber contratado a los sicarios que lo ametrallaron, los hermanos empresarios Francisco José y José Estuardo Valdez Paiz, hasta hace poco prófugos de la justicia, y que terminaron por entregarse.

Carlos Castresana,fiscal del Tribunal Supremo de España.

Llegó el momento en que Castresana, a quienes algunos medios llamaban el nuevo Elliot Ness, en recuerdo de la historia de los intocables, tuvo que renunciar. Pero su renuncia vino a representar otro nuevo terremoto político, porque además de denunciar las conspiraciones en su contra y señalar la falta de voluntad del Gobierno para acabar con la impunidad, demostró con pruebas en la mano que el recién electo fiscal general, Conrado Reyes, escogido de una lista de seis candidatos por el presidente Colom, tiene vínculos con el crimen organizado y con los hermanos Valdez Paiz, que habían celebrado desde su escondite la victoria de su designación, pues significaba el levantamiento de los cargos contra ellos.

Castresana, en ese mismo mensaje de despedida, pidió al presidente Colom que destituyera a Reyes del cargo de fiscal general, pero fue la Corte Constitucional la que salió al paso, anuló el nombramiento y ordenó repetir desde cero todo el proceso, con lo que ahora deberán surgir nuevas candidaturas.

Otra vez, el prestigio de la Comisión Internacional contra la Impunidad, y el prestigio de Castresana, se impusieron para corregir el rumbo, y la decisión de la Corte Constitucional abre un rayo de esperanza en la oscuridad del panorama.

Una muestra de que no todo está perdido, y de que a lo mejor un día el país podrá caminar sin muletas.

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