La última jugada de Uribe

REPIQUE

Mélida Qüenza Ponte
mq0105@hotmail.com

Álvaro Uribe se despidió de la presidencia de Colombia con una jugada muy propia del rol que desempeñó en estos años, un peón de la política norteamericana dirigida a América Latina, a enfrentar cualquier esfuerzo que propicie la integración de los pueblos y deseche el tutelaje del país del norte. Armó un entramado de historias sin sustento alguno y aprovechó el escenario de un inoperante organismo internacional como es la Organización de Estados Americanos (OEA) para atacar una vez más al gobierno de Venezuela.

Así continuó con la campaña sucia contra Venezuela, tratando de presentarlo ante la opinión pública internacional como el gran desestabilizador de la región. Igualmente, Uribe jugó a entorpecer cualquier intento de allanar las diferencias colombo-venezolanas, que pudiera asomar la nueva administración neogranadina presidida por Juan Manuel Santos.

Ese último ataque sin parangón contra Venezuela le sirvió a Uribe para manejar una situación muy grave, que tarde o temprano tendrá que enfrentar. Con ella trató de crear una cortina de humo sobre el hallazgo de gigantescas fosas comunes o cementerios clandestinos con más de 2.000 cadáveres, noticias que salieron a la luz pública en los últimos días de su gobierno.

Concretamente en el pueblito La Macarena, Departamento del Meta, se encontró la mayor fosa común de la historia reciente de Latinoamérica, así lo constató la audiencia pública el 22 de julio, con la presencia de una delegación extranjera compuesta por 10 dirigentes sindicales, 6 miembros del Parlamento Europeo, 2 del Parlamento Británico, 3 delegados de España y 2 de Estados Unidos.  El comandante del Ejército dijo que eran guerrilleros dados de baja en combate, pero los pobladores de la región dicen que los cadáveres son de líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro.

La verdad está en declaraciones de jefes paramilitares, presuntamente desmovilizados, a quienes se les aplican penas simbólicas a cambio de la confesión de sus crímenes. El jefe paramilitar John Jairo Rentería, alias Betún, declaró ante el fiscal y familiares de las víctimas que él y su grupo enterraron a unas 800 personas, afirmando que “había que desmembrar a la gente, todos en las Autodefensas tenían que aprender eso y muchas veces se hizo con gente viva”.

Las fosas comunes son obra de los paramilitares y éstos actuaron con la anuencia de policías y militares. El cementerio clandestino de La Macarena está al lado  de la base local de las brigadas móviles de la llamada Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra), que recibe cooperación estadounidense. Es clarísima la vinculación con el gobierno de Uribe.  Con los cadáveres aparecen tablillas con numeraciones y el año de enterramiento, los años van de 2004 a 2010. Se estima que en las fosas puede haber cerca de 4.000 cuerpos y son alrededor de 25 mil las personas desaparecidas en los últimos años.

Indudablemente, Álvaro Uribe tiene que responder ante el mundo por este delito de lesa humanidad.

 
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