Es hora de un debate sensato

Francis Fukuyama

Francis Fukuyama*

Hay una percepción generalizada de un fuerte vínculo entre los inmigrantes y el crimen. Es común oír a aquellos que se oponen a la inmigración argumentar que el primer acto que los inmigrantes ilegales cometen en suelo estadounidense es infringir la ley, me refiero a nuestras leyes de inmigración, y que son criminales ipso facto que continuarán ignorando las leyes del país mientras sigan pisando su suelo. Los defensores de esta clase de argumentos generalmente se oponen tajantemente a cualquier reforma migratoria que ofrezca a los entre 10 y 12 millones de indocumentados en Estados Unidos cualquier camino hacia la obtención de la ciudadanía, asegurando que tal “amnistía” sería un premio a la violación de la ley.

Tráfico y consumo de droga

La asociación entre los inmigrantes y el delito se fortalece gracias al diluvio semanal de noticias sobre la violencia relacionada al narcotráfico y las pandillas en México, a medida que el presidente Felipe Calderón intenta derrotar a las poderosas mafias de la droga. Mucho antes de la guerra mexicana contra el narcotráfico, los estadounidenses eran amenazados por los carteles colombianos, las pandillas salvadoreñas y otros grupos criminales de Latinoamérica. Además, es perfectamente cierto que el mero hecho de ser un inmigrante ilegal induce a romper otras leyes. El temor a la deportación, por ejemplo, ocasiona que no se compre el seguro obligatorio para autos, se paguen impuestos o se inscriban empresas.

El gigantesco problema del crimen que se origina en Latinoamérica y se desborda a Estados Unidos existe. Pero es impulsado casi por completo por la enorme demanda por drogas desde Estados Unidos. Hay muchas cosas que podríamos y deberíamos hacer para mitigar este problema, pero persistirá mientras la demanda siga siendo alta.

Informales más no ilegales

Sin embargo, el problema de las pandillas y la violencia relacionada con las drogas no debe ser confundido con el comportamiento de la gran mayoría de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, quienes en su mayoría buscan lo mismo que cada inmigrante ha pretendido desde la llegada de los primeros peregrinos en el Mayflower: mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias. Ellos no son delincuentes en el sentido de personas que se ganen la vida infringiendo la ley. Les encantaría vivir legalmente, pero provienen de sociedades en las que las reglas legales no les fueron extendidas. Por lo tanto “informal” es una descripción más apta que la de “ilegal”.

Para entender esta distinción hay que conocer algo sobre el orden social en Latinoamérica o, para ese efecto, el de muchos otros países en desarrollo. Estas sociedades a menudo se caracterizan por agudas distinciones de clase entre una élite educada relativamente pequeña y una población pobre mucho más amplia.

El estado de derecho existe en lugares como México, Colombia y El Salvador; el problema es que el acceso al sistema legal tiende a ser un privilegio de los más acaudalados. La gran mayoría de los inmigrantes ilegales a Estados Unidos provienen de áreas rurales pobres o barrios pobres en las grandes ciudades, en las que el Estado, en la forma de los tribunales, las agencias del gobierno y demás, a menudo se encuentra ausente. Registrar una pequeña empresa, buscar ayuda de la policía o negociar un contrato requiere dinero, tiempo e influencia política que los pobres no poseen. En muchos países latinoamericanos, hasta un 70% a 80% de la población vive y trabaja en el sector informal.

La falta de acceso al sistema legal no convierte a todos los habitantes de estas regiones en criminales. Simplemente significa que se las arreglan como mejor pueden a través de instituciones informales que ellos mismo crean. El economista peruano Hernando de Soto ha escrito extensamente sobre la falta de derechos formales de propiedad, no sólo en su propio país, sino en todo el mundo en desarrollo. Los pobres no tienen títulos legales de sus viviendas pese a haber vivido en ellas por años, debido a las insuperables barreras que el sistema impone para inscribirlas formalmente. Así que viven con una constante inseguridad sobre el futuro de sus hogares y no pueden usar la propiedad como colateral.

No hay que confundir

Los pobres son emprendedores y forman negocios como restaurantes y compañías de buses, pero carecen de licencias y no se ajustan a las leyes oficiales de seguridad. Ellos y todo el mundo estarían mucho mejor si se les cobijara al interior del sistema legal formal, pero un sistema político disfuncional lo impide.

Lo que los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos han hecho es recrear el sistema informal dentro de nuestras fronteras. Los estadounidenses que los contratan a menudo son cómplices de este sistema al no proveer beneficios laborales o ayudarlos a eludir los impuestos a través de pagos en efectivo. Los jardineros y empleadas domésticas que participan en este juego, junto a sus empleadores, infringen la ley. Pero están en una categoría muy diferente a la del miembro de una pandilla Salvatrucha lleno de tatuajes que vive de la extorsión y la venta de drogas.

Una amplia reforma migratoria que ofrezca a los trabajadores indocumentados un camino a la ciudadanía no debería ser considerada como un premio al comportamiento ilegal. Debería ser vista como un esfuerzo para trasladar a la gente desde el peligroso sistema informal a uno caracterizado por el estado de derecho.

Necesitamos, por supuesto, controlar de mejor manera el número total de personas que entra al país, lo que finalmente sólo se puede hacer mediante una aplicación más estricta de las reglas de empleo. Si podemos distinguir de mejor manera entre los ilegales y los informales en nuestro discurso político, podremos comenzar a concentrar nuestros recursos en perseguir a los inmigrantes que son criminales peligrosos de verdad.

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*.- Fukuyama es profesor de política económica internacional del Freeman Spogli Institute for International Studies de la Universidad de Stanford.

 
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