El fin de las FARC: ¿El principio de la paz?

Natalia Springer

Natalia Springer

La caída del ‘Mono Jojoy’, mientras se encontraba al frente de la operación de despliegue para la retoma de los corredores de movilidad de Cundinamarca, es un golpe fatal, que, acompañado de una voluntad política audaz y una buena estrategia enfocada en fomentar la desmovilización masiva de combatientes e impedir que las FARC retomen comando y control operacional mediante el desvertebramiento de sus comunicaciones y canales de provisión, puede, sin duda, compararse con la coyuntura que produjo en el 2002 la rendición final de los Tigres Tamiles de Liberación en Sri Lanka, luego de la muerte de Prabhakaran. También con los golpes concertados que llevaron al desmantelamiento de la cúpula militar de Unita (União Nacional para a Independência Total de Angola), después de la muerte de Jonas Savimbi.

La gran pregunta es si el fin de las FARC, aun si queda un camino importante por recorrer para producir un desenlace semejante, podría constituir el principio de la paz en Colombia. Y allí los hechos son tozudos: la guerra de los carteles y sus fenómenos subsidiarios, exageradamente degradados y que con tanta fuerza se sienten en las ciudades, auguran una transformación más que un fin. Y, sin embargo, la paz nunca había estado tan cerca.

Hoy deseo alertar sobre la importancia de que estas reflexiones se incorporen a la visión rectora que debe motivar el proyecto de la reforma de la justicia: las soluciones jurídicas no pueden seguir formulándose de apuro, más con sentido de oportunidad que con vocación de garantizar la no repetición de los hechos y el control de los efectos de las desmovilizaciones.

En materia de justicia transicional, se reconocen tres abordajes del problema de lidiar con un pasado violento: los tribunales internacionales, los sistemas judiciales nacionales y los procesos no persecutoriales. En esta última categoría se incluyen las comisiones de la verdad.

La mayoría de autores coinciden en que la normatividad que prohíbe la impunidad para ciertos crímenes internacionales está fuera de toda duda. Según esta opinión, hay una obligación jurídica internacional de enjuiciar, con independencia de la situación política, los crímenes definidos en las convenciones internacionales (básicamente, las violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario, el genocidio y la tortura), los crímenes de lesa humanidad en el derecho consuetudinario internacional y los crímenes definidos en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Esta responsabilidad internacional de enjuiciar se extiende tanto a los autores individuales de los crímenes, como a sus superiores civiles o militares, bajo la teoría de la responsabilidad de la cadena de mando. La omisión en el juzgamiento, o la extradición de los culpables, puede llegar a constituir una violación del derecho internacional del Estado en cuestión.

Sin embargo, conforme al derecho internacional, el asunto de la legalidad de las amnistías nacionales concedidas para los delitos más graves cometidos en el marco de un conflicto armado interno sigue siendo controversial. Mientras que el derecho positivo y la opinio iuris llaman al enjuiciamiento penal, los Estados favorecen en la práctica las soluciones políticas. En medio de la confusión general, las tendencias recientes en la práctica de los Estados indica la aparición de un marco jurídico en el que es posible acomodar fórmulas que incluyen tanto la amnistía individual como el enjuiciamiento de responsables.

Colombia está en mora de considerar la instauración de una Comisión de la Verdad, como ninguno, un mecanismo que no sólo puede disipar muchas cuestiones en materia de paz, reconciliación, reparación y retorno de desplazados, sino trazar los derroteros para impedir la repetición de tanta tragedia.

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