Escudos humanos

Rocio San MIguel

Rocío San Miguel

El Presidente de la República ha anunciado la construcción de 50.000 viviendas en Fuerte Tiuna, la principal instalación militar del país, sede del Ministerio de la Defensa y también de sistemas antiaéreos de defensa y de dispositivos y sistemas militares en general que hacen de este espacio un objetivo militar frente a cualquier hipótesis de conflicto.

Señaló el presidente Chávez en su oportunidad: “Algún día soñé que el Fuerte Tiuna se convertiría en una ciudad, con liceos, escuelas, viviendas dignas para los más necesitados”.

Sin embargo, días antes de este anuncio, imparte la orden de transferir a los espacios de Fuerte Tiuna las Comandancias Generales de los Componentes militares, con lo cual confirma que continuará siendo ésta, una instalación militar.

También se ha conocido que en el marco de los convenios suscritos con Bielorrusia serán construidas viviendas en la Base Aérea Libertador (BAEL), la más importante instalación militar de todas las de la Fuerza Aérea Venezolana.

En junio pasado ya se hablaba de 3 mil 190 viviendas para este destino, en anuncio que hiciera el gobernador del estado Aragua, Rafael Isea, conjuntamente con el ministro de la Defensa, Luis Mata Figueroa, y el ministro para la Vivienda y Hábitat, Diosdado Cabello; indicando que el 70% de las casas que se construirán en BAEL, serán asignadas a la comunidad, mientras que 30% se adjudicarán al personal militar.

¿Que persigue el gobierno?: 1.- ¿Dirigir intencionalmente ataques contra personas civiles que no participen directamente en las hostilidades frente a la hipótesis de un conflicto armado? 2.- ¿Dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, que no son objetivos militares, frente a la hipótesis de un conflicto armado? 3.- ¿Utilizar la presencia de personas civiles para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a cubierto de operaciones militares?

Es curioso, pero todos los involucrados en los anuncios son militares, activos o retirados: el Presidente de la República, el ministro de la Defensa, el gobernador del estado Aragua y el entonces ministro de Hábitat y Vivienda, obviamente sin la menor idea todos del concepto de crímenes de guerra que un soldado con formación debe tener.

Valga recordarle entonces al gobierno nacional que estos planes y acciones pueden derivar en crímenes de guerras previstos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, convenio internacional suscrito y ratificado por Venezuela. Y si aún dudan, los caballeros pueden constatarlo en el artículo 8 del Estatuto, numeral 2, aparte b) secciones: i), ii) y xxiii). ¡Hay tiempo aún de rectificar!

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