El CNE en mora

REPIQUE

Mélida Qüenza Ponte
mq0105@hotmail.com

Complace el anuncio de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) de trabajar en una propuesta de ley de financiamiento de las organizaciones con fines políticos y las campañas electorales. Ese ha sido un reiterado pedimento de sectores de la vida nacional, preocupados por el origen de los recursos utilizados en la actividad política, que en muchos casos se vincula a la corrupción, al narcotráfico y a otras fuentes ilícitas.

Al no existir financiamiento por parte del Estado para que desarrollen su trabajo, algo esencial para el equilibrio del sistema democrático, se dan las condiciones para una serie de irregularidades. Los partidos que detentan el poder, sea nacional, regional o localmente, para costear sus actividades, pueden utilizar fondos públicos destinados a obras o proyectos para el beneficio colectivo; también surge la figura de la “comisión” que funcionarios de gobierno exigen a cambio de contratos, compra de insumos, etc. Así se va introduciendo la corrupción. En ocasiones, organizaciones políticas se convierten en franquicias para que sectores económicos tengan acceso al poder, obtengan sus cuotas de legisladores, diputados, concejales, gobernadores, y desde esas posiciones, ejerzan influencia sobre otras estructuras, como es el caso del poder judicial. Así se va tejiendo toda una madeja que permite a grandes centros económicos inclinar la balanza en su favor.

La falta de financiamiento público afecta grandemente a los partidos políticos pequeños, más aún si éstos no comulgan con la línea gubernamental ni aceptan intromisión de grupos económicos en sus decisiones. La existencia de organizaciones políticas, realmente autónomas, es la mayor garantía para la buena marcha de un sistema democrático, por ello hay que brindar igualdad de condiciones para su consolidación. De lo contrario, estaremos ante un sistema excluyente, que frena la libre participación, que limita el accionar político a dos grupos, uno amparado en el poder gubernamental y el otro respaldado por el poder económico, dejando a un lado a la auténtica expresión popular. Ese es un escenario que propicia la polarización y que en buena medida establece la última reforma de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) que prácticamente hizo un reparto a dos, eliminando la representación de las minorías.

La LOPE debe ser revisada para darle a nuestro sistema electoral un sentido realmente democrático. La propuesta de una ley de financiamiento de los partidos políticos puede ser un buen comienzo. Una ley con normas claras, que provea a los partidos los recursos necesarios para su funcionamiento y aplique sanciones a quienes la incumplan, brindaría protección al Estado, evitaría la corrupción, el financiamiento externo y e incluso la legitimación de capitales del narcotráfico. En fin, sería un muro de contención para preservar la salud del sistema democrático, para devolverle a la política la ética y su profundo sentido social. Buena tarea para el CNE.

 
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