Inflación y pretextos

Gustavo Roosen

Gustavo Roosen

El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra pretexto como motivo o causa simulada o aparente que se alega para hacer algo o para excusarse de no haberlo ejecutado. O para encubrir la causa verdadera, podría añadirse.

Las recientes acciones del Gobierno en el ámbito de la construcción de viviendas por iniciativa privada ejemplifican bien esa buscada confusión entre causas verdaderas y pretextos, así como entre causas y efectos. Así, criminalizando la actividad privada, el Gobierno atribuye el aumento de los precios de las viviendas exclusivamente a la supuesta codicia de los empresarios, obviando que la verdadera razón de ese aumento -la estructural, la que está en sus manos controlar- es la inflación.

La inflación, en efecto, podría ser controlada si la administración estatal fuera capaz de coordinar un consistente sistema de políticas públicas en materia fiscal, monetaria y cambiaria. Pero no lo hace. Busca, en cambio, culpables sobre quienes hacer caer una responsabilidad que es fundamentalmente suya. Podría hacerlo si se empeñara en favorecer la producción de bienes y servicios estimulando el aparato productivo nacional, como sucede en los países exitosos, cuyos dirigentes saben que los precios no obedecen a controles o amenazas, sino fundamentalmente a la relación oferta-demanda. Pero no lo hace. Prefiere atemorizar y perseguir.

La bandera de control de precios en defensa del consumidor no pasa de ser una excusa. ¿Busca de verdad el beneficio del consumidor o simplemente ahogar al productor? Los argumentos esgrimidos tienen poco de razón y mucho de pretexto. En efecto, si en función del Índice Nacional de Precios al Consumidor el Gobierno ajusta anualmente el valor de la unidad tributaria, medida para el cobro de impuestos a los ciudadanos, ¿por qué no ha de ser legítimo un razonable ajuste en los precios de las viviendas, afectados por incrementos de costos en materia prima, salarios, impuestos, etcétera?

El Gobierno usa para la protección de sus ingresos una razón que se la niega a los particulares. No toma las medidas que debería para controlar la inflación, pero al mismo tiempo condena los necesarios ajustes de precios, persigue a los empresarios, señala como deshonestas actividades legítimas, confunde la transgresión individual de las reglas por parte de algunos particulares, que esgrimen conductas, en efecto, reprobables, con el comportamiento ajustado a la norma de la mayoría.

¿Las medidas de persecución al sector privado favorecen el aumento de bienes, factor necesario para la reducción de la inflación? Sin duda alguna no. Contrariamente a la lógica, que sugiere aumentar la oferta de viviendas para reducir los precios, las medidas del Gobierno sólo consiguen hacerla más escasa. Así viene sucediendo en todos los campos. Estamos siendo testigos de la destrucción de las capacidades internas de producción y del desmembramiento sistemático del tejido empresarial, con las ya visibles consecuencias de escasez y de acentuación de la dependencia externa. Con razón aparecemos este año en el estudio Doing Business como el país que más perjudicó el desarrollo de la empresa privada y como el número 179, entre 183, en la categoría de protección al inversionista.

El bien común, la defensa del consumidor y el control de los abusos se han convertido en pretextos para silenciar, para apoderarse, para intervenir, para culpabilizar al sector privado. Pretextos también para ocultar la ineficiencia estatal en el desarrollo de programas habitacionales y la ausencia de políticas públicas capaces de estimular la economía y de controlar la inflación.

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