“LO GRAVE ES USAR LA FISCALÍA PARA CRIMINALIZAR A LA SOCIEDAD CIVIL”

...”Los recursos que aporta el Gobierno a los consejos comunales son bien recibidos, pero cuando se administran de forma discriminatoria y se intentan privatizar para beneficiar a una sola tendencia ideológica, la gente empieza a rebelarse”.

ENTREVISTA A FELICIANO REYNA

Edgar López
ELOPEZ@EL-NACIONAL.COM

El activista galardonado con el Premio de Derechos Humanos de la Embajada de Canadá advierte sobre los peligros de incorporar las milicias a las organizaciones comunitarias. “Las leyes del poder popular son profundamente discriminatorias”, dice

” Por su trascendental liderazgo en el fortalecimiento y articulación de las organizaciones de la sociedad civil” ­se lee en el veredicto del jurado calificador­ Feliciano Reyna recibió el Premio de Derechos Humanos de la Embajada de Canadá y el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela Luis María Olaso.

Al presidente de Sinergia (que agrupa a 50 organizaciones no gubernamentales) y Acción Solidaria (que desde hace 15 años contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH/Sida) le ha correspondido enfrentar el hostigamiento denunciado por 106 ONG venezolanas, con el respaldo de otras 13 internacionales y 66 personalidades defensoras de los derechos humanos. “Un extraordinario aval que se fortalece más con el apoyo que hemos recibido de los miles de ciudadanos favorecidos por décadas de trabajo”, agradece Reyna.

“Ahora ­afirma­ el énfasis se ha puesto en el financiamiento internacional, como si recibir fondos de gobiernos, instituciones y organizaciones extranjeras fuera un delito. Por el contrario, se trata de un derecho intrínseco al de asociación con fines lícitos: procurarse los recursos para lograr los beneficios colectivos que se persiguen”.

–Las ONG deben rendir cuentas –En modo alguno nos oponemos a la investigación del origen de nuestro financiamiento, precisamente porque proclamamos la transparencia de cualquier actividad de servicio público. Lo grave es usar la Fiscalía para criminalizar la sociedad civil.

–¿Puede dar ejemplos? –En julio, el movimiento Periodismo Necesario solicitó la apertura de una averiguación penal, a partir de los análisis realizados por Eva Golinger[i] sobre fondos procedentes de Estados Unidos. En agosto, Robert Serra, Andreína Tarazón y Jorge Amorín, para entonces candidatos a la Asamblea Nacional por el PSUV, reiteraron el pedimento. En total son 34 las ONG señaladas. Lo grave, insisto, es que estas acciones corresponden a un patrón de hostigamiento judicial que, por ejemplo, ha quedado de manifiesto con los procesos penales emprendidos contra 1.500 campesinos del Movimiento Jirarara; y con el encarcelamiento del sindicalista Rubén González y el líder yukpa Sabino Romero.

–¿Cuáles serían los verdaderos objetivos del oficialismo? –En algunos casos es evidente la intención de descalificar mediante la identificación de las organizaciones de la sociedad civil como sectores de la oposición y de la contrarrevolución. Sin duda, el objetivo es impedir las denuncias por acciones u omisiones del Estado en perjuicio de grupos e individuos. Pero es bueno recordar que, en todos los casos, las ONG venezolanas hemos sido propositivas y procuramos el bienestar de los ciudadanos por encima de la diatriba político partidista.

–¿Cuáles son los perjuicios? –Sólo un ejemplo: hace tres años, el Ministerio de Interior y Justicia prohibió el acceso a las cárceles de Acción Solidaria, el Observatorio Venezolano de Prisiones y el Voluntariado Penitenciario, que desarrollaban un programa de prevención del VIH/Sida. El perjuicio no se le causó a las organizaciones, sino a las 30.000 personas privadas de libertad en Venezuela.

–¿Además de las acciones judiciales, existen otras amenazas? –El martes 2 de noviembre comenzó el llamado parlamentarismo de calle sobre las leyes del poder popular. Son leyes profundamente discriminatorias, porque la idea es imponer un Estado socialista y quienes no la comparten quedan excluidos. Si la organización de la sociedad se transforma en un poder del Estado, pierde su carácter libre y autónomo para participar en asuntos públicos e, incluso, para señalar a quienes tienen funciones de gobierno cuando no cumplen con los mandatos de la Constitución. Los únicos legitimados son los consejos comunales, los consejos de trabajadores, de obreros, de estudiantes, y son reconocidos para tener interlocución con el Estado solamente si están registrados en el ministerio con competencia en la materia. Todo termina dependiendo de la Presidencia de la República. La nueva legislación implica el desconocimiento de cualquier otra forma de asociación: organizaciones de base comunitaria, de desarrollo, de derechos humanos, sindicatos, gremios.

–¿Sindicatos y gremios? –Las organizaciones sindicales forman parte de la sociedad civil. Son trabajadores que se asocian en defensa de sus derechos. Otro aspecto grave de las leyes del poder popular es que la participación queda subordinada al Plan Económico y Social de la Nación que, en forma expresa, se orienta hacia la construcción de un Estado socialista. Por eso esas leyes son discriminatorias y excluyentes.

“Ahora el énfasis se ha puesto en el financiamiento internacional, como si recibir fondos de gobiernos, instituciones y organizaciones extranjeras fuera un delito”.

–¿De qué leyes estamos hablando? –Ya han sido aprobadas la Ley de Consejos Comunales, la Ley del Consejo Federal de Gobierno, y específicamente el Reglamento del Consejo Federal de Gobierno, en las que están definidas las organizaciones del poder popular.

También está el decreto presidencial que crea el Centro de Estudio Situacional de la Nación. En primera discusión han sido aprobadas la Ley de Participación y Poder Popular y la Ley de Contraloría Social.

Es preocupante que en estas leyes se establezca la incorporación de milicias y cuerpos de combatientes a las organizaciones del poder popular. Escuchar a un integrante de una organización comunitaria hablar de comandante es difícil de asimilar porque no tienen nada que ver con la verticalidad y las cadenas de mando del estamento militar. En una situación de inseguridad como la que tenemos, de descontrol de las armas que circulan, de 19.000 homicidios en un año, de 900 ejecuciones extrajudiciales, incorporar el componente militar a las organizaciones comunitarias es preocupante.

–¿Hay dos sociedades civiles en Venezuela: una del Gobierno y una de la oposición? –El Ejecutivo intenta cerrar los espacios de la participación ciudadana autónoma y libre. Sólo admite la alineada a la construcción del socialismo, dependiente en términos organizacionales, políticos y económicos, y militarizada.

Una cosa es la intención del Ejecutivo y otra las respuestas de la gente. Efectivamente, los recursos que aporta el Gobierno a los consejos comunales son bien recibidos, pero cuando se administran de forma discriminatoria y se intentan privatizar para beneficiar a una sola tendencia ideológica, la gente empieza a rebelarse.

–Pareciera que la sociedad civil no corresponde a la noción de pueblo, tal como la entiende el oficialismo.

–En muchos países, los gobiernos de turno han intentado crear una sociedad civil ajustada a su medida. Pero lo que ocurre en el mundo sindical es significativo: en la medida en que los trabajadores se dan cuenta de que sus salarios se vienen abajo, que las empresas para las cuales trabajan no están siendo productivas, que su calidad de vida y la de su familia disminuyen, se han planteado formas de organización distintas y distantes del Gobierno.

–Esa motivación se podría quebrar a realazos –Hay una investigación de la UCAB que señala que los recursos que da el Gobierno a las comunidades son bien recibidos, pero la mayoría se utilizan para el beneficio privado de algunas familias. Persisten los problemas propiamente públicos: el agua potable, la vialidad, la electricidad. Otra particularidad de estas leyes del poder popular es que circunscriben la participación al ámbito comunitario, con lo cual queda relegado el eventual reclamo de eficiencia a los gobernantes locales, regionales o nacionales. A contravía de lo establecido en la Constitución, se establece, por ejemplo, que las decisiones de los consejos comunales son vinculantes para la comunidad y no para el Estado. Se diluye entonces la responsabilidad estatal sobre el mejoramiento de la calidad de vida de los venezolanos. El desembolso de recursos para comprar voluntades es un peligro que existe en cualquier sociedad.

–Desde el Tribunal Supremo de Justicia también se ha cuestionado la legitimidad de la sociedad civil.

–La sentencia dictada en el caso de Súmate es especialmente grave. No se limita a esta asociación civil, sino a cualquiera que reciba financiamiento internacional, pues sólo por ello puede ser acusada de traición a la patria. El TSJ también niega la posibilidad de que las organizaciones que reciben dinero del extranjero representen a los colectivos que sirven ante los tribunales.

–¿Qué implicaciones tiene ello en los casos de violaciones de derechos humanos? –Si Acción Solidaria intenta ejercer acciones judiciales en defensa de los derechos de las personas que viven con VIH/ Sida, los tribunales podrían desestimarlas por supuesta falta de legitimidad para representar a los afectados, por el simple hecho de recibir cooperación internacional.


 
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