¿UNIVERSIDAD GRATUITA?

Luis Ugalde

Luis Ugalde

 

Es creciente y grave el empobrecimiento de la universidad venezolana. En términos reales, el sueldo universitario actual de la UCV no llega a la mitad de lo que correspondía a hace 45 años; tragedia para los universitarios competentes y dedicados, para la academia y para el país.

 

Hace cinco años Andreas Schleicher, responsable del Informe Educativo PISA para la Unión Europea, señalaba alarmado la desventaja europea ante Estados Unidos, porque este país invertía 16.764 euros al año por estudiante universitario y Europa sólo 7.544; 20.000 dólares frente a 10.000. Conclusión: hay que aumentar la inversión universitaria europea para elevar su competitividad y vida. En Venezuela, por el contrario, se acusa de lujosa y enemiga del pueblo a la universidad de pago oficial que invierte 4.000 ó 5.000 dólares al año por estudiante, y de explotadoras a las privadas que cobran 2.000 o 2.500 dólares. ¡Qué disparate! La buena universidad es cara y la inversión en ella debe ser estratégica para el desarrollo nacional.

Nuestra empobrecida universidad va hacia su abismo. ¿Cómo salvar su financiamiento duplicando los aportes a ella, cómo asegurar que nadie quede fuera por imposibilidad de pago, cómo administrarla mejor para duplicar su rendimiento y servir al país con más transparencia en investigación y en formación de jóvenes profesionales? La educación universitaria de cualquier país la pagan el Estado, los familiares de los beneficiados directos, las empresas y las fundaciones. En Venezuela cerca de 700.000 estudiantes (en carreras largas y cortas) pagan sus estudios en universidades privadas, lo que representa un inmenso aporte a la educación pública de aproximadamente 8,4 millardos de bolívares al año, tan grande casi como todo el gasto militar de 2010 que fue de 8,6 millardos.

 

Algunas urgencias indispensables:

 

Eliminar el tabú de que en una universidad de financiamiento oficial es delito recibir financiamiento complementario y superar el bloqueo al financiamiento oficial parcial a estudiantes de bajos recursos que estudian en universidades privadas.

 

Organizar para no menos de 400.000 estudiantes al año (cerca de 20% del total de estudiantes) un muy amplio sistema de crédito educativo mixto, con fondos públicos y banca, con la filosofía de “estudie hoy y pague mañana”.

La total “gratuidad” es insostenible, injusta y vergonzosa. Increíble, pero cierto, que en 2004 de los 101.284 que se graduaron en educación superior, 53.056 lo hicieron en las privadas, sin ningún apoyo del presupuesto nacional, mientras que a los otros 48.228 se les pagó íntegramente la carrera. Muchos de aquellos eran más necesitados que muchos de estos.

 

Son las injusticias de la ilusa universidad “gratuita”.

 

Eliminar el empobrecimiento causado por un sistema que jubila universitarios (y militares, magistrados, altos funcionarios…) desde antes de los 50 años, mientras los países ricos están obligados a subir a 67 años o más la edad de jubilación. Además, en Venezuela el que se jubila continúa en nómina, y en muchas facultades los jubilados pesan ya tanto como los activos. Al jubilarse a la mejor edad de producción intelectual, la universidad los pierde y se empobrece, y en muchos casos son sustituidos por personal convencional. Problema grave de solución delicada para no hacer injusticia a los jubilados. Es insoluble para cada universidad y requiere con urgencia una política de Estado que libere a las universidades de esos pasivos laborales, con absoluta garantía para los jubilados con sus derechos adquiridos y merecidos. Para eso son los ingresos petroleros extraordinarios, para sanear y garantizar los pasivos de las jubilaciones con efectos tan perversos.

 

La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, Locti, logró un gran aporte empresarial que arrancó bien con este Gobierno. Ahora está secuestrada. Siempre hay abusos que evaluar y corregir, pero es grave matar la idea apropiándose desde el Gobierno de los dineros para la ciencia “socialista”, dejando fuera a la empresa y a la universidad receptora.

 

Una política fiscal que estimule el aporte de la sociedad a las universidades, incluido el cobro parcial a aquellos cuyas familias puedan pagar.

 

Nada de eso es posible sin sincerar las realidades, sin transparencia en el uso del dinero, y mayor productividad y movilidad en el personal universitario.

 

@ELNACIONAL

 
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