Totalitarismo en la AN


Gerardo Fernández
gfernandez@cjlegal.net

Soto señala, con cinismo, que no conoce las razones de inconstitucionalidad…

 

 

El Reglamento Interior y de Debates de la AN cercena la democracia parlamentaria y el Estado de Derecho y pretende imponer un control totalitario por parte de la bancada oficialista. Ninguna AN democrática tendría un reglamento interno de esa naturaleza. Por eso el reglamento se impugnó por parte de los diputados de la oposición, ante el TSJ; seguro no habrá respuesta.

El recurso ejercido se justifica en la medida que el reglamento restringe las oportunidades de actuación de los diputados en el seno del Parlamento, al limitarles el derecho de palabra e impidiendo el debate. Además, reduce las posibilidades de seguimiento del trabajo parlamentario en virtud de la eliminación de la obligación de entregar a los diputados la agenda de trabajo semanal.

Asimismo, se solicita la nulidad del reglamento porque el mismo obstaculiza el uso de mecanismos de control sobre el Gobierno, para favorecer al régimen, y aumenta injustificadamente los poderes de la presidencia de la AN, en detrimento de la plenaria. El reglamento fue impugnado con justificación plena, porque reduce la frecuencia y regularidad de las sesiones plenarias y de las reuniones de las comisiones permanentes. El reglamento no acepta la pluralidad política irrespetando de esta forma la voluntad popular.

El reglamento impuesto por el régimen pretende paralizar a la AN elegida, disminuyendo los poderes y facultades del legislador y recortando los espacios o medios de participación política de la ciudadanía a través de sus representantes. Además, ese reglamento inconstitucional, cercena el derecho a la información impidiendo que los medios accedan a la sala de sesiones.

En definitiva, el reglamento antidemocrático viola artículos fundamentales de la Constitución, al debilitar al máximo el régimen de la inmunidad parlamentaria y el derecho de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.

Lo peor es que el presidente Soto señala, con cinismo, que no conoce las razones de inconstitucionalidad del reglamento.

 

 

 

 
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