NI LA IZQUIERDA NI LA DERECHA

Leonor Filardo

Leonor Filardo

Leonor Filardo
cedice@cedice.org.ve

“…lo que se necesita en lo institucional es un Estado ocupado exclusivamente de defender la seguridad personal, territorial y la propiedad privada; y en lo económico, promover un entorno de libertades en la que los ciudadanos sean responsables de su destino.”

Los medios critican a la oposición por no tener un programa alternativo que ofrecer al que viene ejecutando Chávez, y no les falta razón. El Presidente se conecta emocionalmente con el pueblo con un lenguaje populista izquierdista, vendiendo esperanzas sin compensación y clichés peyorativos para calificar de derecha capitalista a la oposición. Pero en Venezuela no existe un grupo político de derecha. Por el contrario, la oposición piensa que el problema es sustituir a Chávez y que su campaña debe ser igualmente populista. Creen en lo que predican porque ni los políticos, ni el pueblo, ni las elites, logran desprenderse del estatismo corporativista, donde el único objetivo es cómo darle palo a la piñata del petróleo y obtener los mayores beneficios. El que tiene el poder se lleva la mayor tajada.

A partir de 1958 comenzó a diseñarse la democracia, pero no se estableció una línea institucional definida de separación genuina de poderes. Se acordó un sistema político presidencialista y uno económico orientado a construir el Estado capitalista benefactor, donde participan Gobierno, empresarios y sindicatos, el cual quedó plasmado en las constituciones de 1961 y de 1999. Ambas prometen garantizar derechos: a la vida, a la justicia, a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la propiedad… Pero su incumplimiento se intensifica cada día más. Ellas fueron el resultado del consenso de los partidos que durante 52 años se han alternado en el poder de izquierda: AD, PCV, MAS, PSUV, etc.; y de derecha: Copei, Desarrollismo y Primero Justicia. Analizando cada régimen en que las dos corrientes han gobernado, las diferencias entre lo acordado y lo ejecutado es el autoritarismo. Llegaron a un consenso sin analizar si era posible lograr los derechos, y después de incumplirlos no estuvieron dispuestos a reflexionar y rectificar, para entender que lo que se necesita en lo institucional es un Estado ocupado exclusivamente de defender la seguridad personal, territorial y la propiedad privada; y en lo económico, promover un entorno de libertades en la que los ciudadanos sean responsables de su destino.

 

Reflexionando sobre la actuación de los líderes, me pregunto: ¿es que viven en una permanente utopía?; ¿o es una prueba de cinismo porque su lucha es por el poder y utilizan el populismo a sabiendas de que lo que prometen es imposible de cumplir?; ¿o piensan que su campaña va dirigida a un pueblo ignorante que vota emocionalmente y lo importante es la mejor campaña de engaños?

 

En un verdadero programa alternativo, no podemos hablar de izquierda o de derecha. Las ansias de libertad y prosperidad de una nueva generación global y tecnológica dejan a un lado a los autoritarios. Tenemos que recapacitar sobre la ruina política, moral y económica con que el régimen arropa a Venezuela y convencernos de que la base fundamental es restablecer el Estado de Derecho.

 

El fundador del Universidad Francisco Marroquín (UFM), Manuel Ayau, señala en un libro que escribimos juntos, que con el postulado de que el interés general prevalece sobre el interés particular, en los países de América Latina se instauró la cultura del utilitarismo que anula nuestros derechos individuales con la excusa de la consecución del interés general. Aunque suene razonable, no se percibe que así interpretado, se convierte en la negación del derecho individual. Si aduciendo interés general se justifica violar el derecho individual, no tendremos derechos, ya que el derecho de una persona se deriva de la obligación que las demás tienen de respetarlo. El problema radica en la confusión de derechos con intereses.

 

En principio todos aceptamos la verdad de dicho aserto, pero ello se complica cuando profundizamos en lo que es un régimen de derecho, porque lo que se tiene en mente es aquella situación en la que todos obedecen las leyes emitidas por la autoridad. A esa situación le corresponde el nombre de régimen de legalidad, pero no de derechos. Las leyes y reglamentos para controlar el cambio, los precios, los aranceles el comercio, con proteccionismo laboral y redistribución coercitiva de la riqueza, no corresponden a un régimen de iguales derechos, pues privilegian a unos y discriminan a otros, y generan corrupción.

 

Lo fundamental es entender que en un país con Estado de Derecho sólido y una economía donde existen intercambios libres y pacíficos de personas en busca de su bienestar, se alcanza la prosperidad de la mayoría.

 
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