El favorcito al mejor amigo

Vladimir Villegas

 

La prisa con la cual se deportó a Joaquín Pérez Becerra hacia Colombia, pese a las tempranas advertencias de los diputados oficialistas, es la mejor evidencia de que el pedido de Santos se convirtió en una orden directa y de inmediato cumplimiento

 

Vladimir Villegas
vvillegas@gmail.com

 

El caso Pérez Becerra muestra las costuras de nuestra política exterior y la precariedad institucional en la cual vivimos, y así lo ratifica el silencio de los poderes públicos que han debido pronunciarse, la Fiscalía, la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo…

Frente a la detención de este ciudadano nacido en Colombia, con nacionalidad, pasaporte y familia suecos, muy pocas voces del estamento político se alzaron para pedir explicaciones o reclamar por su extraña detención y apresurada entrega a la nación vecina. Frente a un PSUV enmudecido, salió a la palestra el PCV, junto con los Tupamaros, la Coordinadora Simón Bolívar y decenas de pequeños grupos e individualidades que desde la página Aporrea.org y otros espacios alternativos han protestado por la conducta del Gobierno venezolano. He venido siguiendo el caso a través de Aporrea.org, y no han sido pocos los argumentos en el sentido de que el responsable de esta acción es el Gobierno colombiano, que tendió una trampa al presidente Hugo Chávez. No me cabe duda de que la administración Santos tejió finamente esa telaraña, pero de todas-todas ese es su juego, y lo hizo con frialdad para ponerle la mano al director de una agencia informativa que simpatiza con la guerrilla pero que funciona legalmente en Suecia. A Santos le salía, desde su perspectiva y sus intereses, pedirle ese favorcito al presidente Chávez. Y éste lo hizo, y ha ratificado que ha sido su decisión personal.

Si el Gobierno de Venezuela cayó en la trampa de Santos fue porque quiso. La prisa con la cual se actuó en el caso, pese a las tempranas advertencias de los diputados que fueron al Sebin a visitar al detenido y recibieron un portazo como respuesta, es la mejor evidencia de que el favorcito pedido por Santos se convirtió en una orden directa y de inmediato cumplimiento, sin que mediara la necesaria consulta. El Gobierno venezolano, y no el de Santos o el imperio mismo, se saltó a la torera la elemental consideración de que todo detenido tiene derecho a la defensa y de ser escuchado, sobre todo cuando se le viene encima una posible extradición o una expedita deportación.

La Defensoría del Pueblo no ha dicho esta boca es mía. Tampoco la Fiscalía, y la Asamblea ni siquiera han alzado una queja formal por el hecho de que a un grupo de diputados, oficialistas, para más señas, se les haya impedido ver al detenido. El Estado de Derecho y de justicia, dibujado en la Constitución, estaba de vacaciones.

 

Más allá de las acusaciones que puedan pesar en Colombia sobre el periodista Joaquín Pérez Becerra, Venezuela tenía que tomarse su tiempo para evaluar en detalle el caso, como lo está haciendo el Estado colombiano con Walid Makled.

Colombia lo tiene en sus manos desde hace largo rato y todavía pide garantías antes de cumplir con la ya acordada extradición.

Y no entendemos por qué extraña o secreta razón nuestro país sí está obligado a hacerle favorcitos inmediatos y sin chistar al nuevo mejor amigo.

Además de la indignación y el desconcierto que hoy embarga a sectores de la izquierda venezolana y latinoamericana por la nueva “política de Estado”, queda en el ambiente la sensación de que todos estamos en la misma situación de indefensión cuando no hay quien le ponga freno institucional a los abusos del poder, al desconocimiento del Estado de Derecho establecido en la Carta Magna y en los tratados y convenios internacionales suscritos por nuestro país.

De nada vale acusar a otros por nuestras propias torpezas o actuaciones erráticas. Bien vale el refranero para responder.

Qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y se ensarta…

 

 

@ELNACIONAL

 
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