Incertidumbre energética

Oswaldo Álvarez Paz

Oswaldo Álvarez Paz
oalvarezpaz@gmail.com

Los venezolanos no hemos tomado demasiado en serio el drama de la industria petrolera, la catástrofe de Petróleos de Venezuela por su dispersión, corruptelas y desviaciones graves hacia actividades que no le son propias y contrarias a la razón de ser que motivó su creación. Planteo el tema por razones generales y específicas.

Las primeras están a la orden en debates recogidos por los medios especializados. Todas las naciones gobernadas con un mínimo de responsabilidad toman medidas preventivas y reactivas para estar a la altura de las exigencias de los avances tecnológicos y las necesidades financieras para cubrir costos de sustitución de ciertas fuentes de energía por otras que terminarán siendo más económicas.

A los bárbaros que nos gobiernan pereciera tenerles sin cuidado el tema. Me resisto a creer que sea exclusivamente por ignorancia, pero acompañada de una voracidad antipatriótica.

Las segundas tienen que ver con el Presidente de la República, supremo responsable de la quiebra de Pdvsa, de la pérdida irrecuperable de su capacidad operativa, de haber designado incompetentes rapaces para conducirla, por desviarla hacia actividades que no le son propias ni al mismo Estado; por haberla burocratizado sustituyendo decenas de miles de profesionales y técnicos de primer nivel por otros, algunos improvisados o reclutados como activistas mantenidos; por haber desconocido los fueros sindicales e ignorado la contratación colectiva.

Por haberla desprestigiado hasta niveles impensables al constatar que las cifras que ofrece son mentirosas, que se ha hecho inauditable, mal pagadora. Casi todos los convenios nacionales e internacionales firmados son inconstitucionales, incumplibles, contrarios al interés nacional y, en consecuencia, revisables y anulables. En síntesis, al eliminar la autonomía operativa y financiera de Pdvsa la convirtió en un calificado instrumento político, interno e internacional en contra del sentido común y las leyes.

Acabo de recorrer una vez más la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, centro fundamental del negocio más importante de Venezuela. Además de lo mencionado, en mayo de 2009, el Gobierno tomó por asalto 39 empresas de servicio, contratistas, del sector privado.

No fueron expropiaciones ni confiscaciones. La figura legal que les corresponde es la apropiación indebida calificada, es decir, robo a mano armada. Afectó directamente a cerca de 10.000 familias e indirectamente a una población cercana a 1 millón de habitantes por el efecto sobre las municipalidades y actividades comerciales y profesionales conexas. El progreso le ha dado paso a una indignación explosiva. Esto no ha terminado.

 
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