El dedo y la luna

Héctor Faúndez Ledesma

 

Según un antiguo proverbio chino, cuando el dedo apunta a la luna, el imbécil mira el dedo.

La noticia de nuevos enfrentamientos entre reos de las cárceles venezolanas que causaron por lo menos 23 muertos dio la vuelta al mundo y formó parte de la portada de los principales periódicos del orbe. Sin embargo, éste no es un hecho excepcional. Sólo entre 1999 y 2008, un total de 3.664 reos han perdido la vida y más de 11.400 han resultado heridos como consecuencia de la violencia intracarcelaria. Esta situación, que no ha amainado en los últimos 3 años, no ha pasado inadvertida para la Corte Interamericana de Derechos Humanos; en este sentido, desde 2006, la Corte ha dispuesto la adopción de medidas provisionales para garantizar la vida e integridad física de quienes se encuentran recluidos en las cárceles venezolanas, sin que tales medidas hayan sido debidamente acatadas. De modo que, al menos en Venezuela, esos hechos no podían sorprender a nadie.

La cuestión es saber quién es el responsable de esa violencia y de las vidas que han sido segadas, incluidas las de dos guardias nacionales. ¿A quién reclamar? ¿A quién se puede señalar como la persona o instancia responsable de esta tragedia? En estos días, mientras se intentaba recuperar el control de las cárceles del Rodeo, tanto funcionarios del Gobierno como dirigentes del PSUV han apuntado a la supuesta responsabilidad de Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, del diputado William Ojeda, que tuvo la sensibilidad de acercarse a esos penales para conversar con los familiares de los reclusos, e incluso de Globovisión y el diario El Nacional, que se han limitado a cumplir su tarea de informar sobre esos acontecimientos.

Ante tales acusaciones, cabe preguntarse: ¿quién tiene a su cargo la vigilancia de las prisiones? ¿Quién es el responsable de que en los penales ingresen drogas y armas de todo tipo? ¿Quién es el garante de la seguridad y el orden en el interior de los penales? En un recinto supuestamente controlado por el Estado, ¿quién es el responsable de la existencia de mafias organizadas que venden todo lo que un preso pueda requerir? En el presente caso, quienes han sido víctimas de la violencia intracarcelaria se encontraban sometidos a la autoridad y al cuidado del Estado; por lo tanto, es el Estado el que debe responder por esas vidas. No obstante, no se sabe de ningún caso en que el Gobierno haya ordenado la detención y el enjuiciamiento de los guardias nacionales y funcionarios de prisiones responsables del ingreso de un verdadero arsenal en los penales, incluidas granadas y subametralladoras; hasta el momento, tampoco se ha ordenado detener a quienes, teniendo la autoridad para actuar y la posibilidad de hacerlo, hayan observado con displicencia cómo los presos se matan unos a otros. No hay un solo funcionario de prisiones que haya sido removido de su cargo por vender privilegios a los reos o por cobrarles por el ejercicio de un derecho. En momentos en que se anuncia la creación de un ministerio para cárceles, no se conoce de un solo ministro de Interior y Justicia que haya sido destituido por corrupción o por la indiferencia e incapacidad demostrada en estos doce años. Aunque resulte insólito, para el Gobierno todo eso es responsabilidad exclusiva de Humberto Prado, William Ojeda, Globovisión y El Nacional.

Según un viejo proverbio chino, cuando el dedo apunta a la luna, el imbécil mira el dedo. En este caso, el Gobierno pretende solventar la crisis carcelaria cortando el dedo (o la inmunidad parlamentaria) vienen alertando sobre esta situación.

 

www.analitica.com

 
Héctor Faúndez LedesmaHéctor Faúndez Ledesma
Top