Un año después de Santa Marta

 

Elsa Cardozo

ELSA CARDOZO

Entre el 22 de julio y el 10 de agosto se cumple un año de la ruptura y reaproximación diplomática entre Venezuela y Colombia: buen momento para intentar un balance, aquí apenas esbozado.

Con el cercano antecedente de ciclos de distensión y tensión cada vez más intensos, los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez encontraron razones de política interior y exterior para “voltear la página” y definir las condiciones para la reanudación de las relaciones.

En general, los compromisos anunciados el 10 de agosto de 2010, en Santa Marta, han sido honrados: fueron restablecidas las relaciones y el trato respetuoso e institucional entre los dos gobiernos; no ha habido roces públicos por reclamos de intervención o violación de espacios territoriales, y se han desarrollado con cierta regularidad encuentros de los presidentes, los cancilleres y las comisiones creadas para atender la agenda acordada.

Sin embargo, conviene hilar más fino

En el caso de Colombia, la reaproximación acordada hace doce meses era oportunidad ­a tono con el programa de Prosperidad Democrática­ para hacer ajustes a las exigencias del conflicto interno, los imperativos del crecimiento económico y la necesidad de una más diversa y amplia proyección internacional.

Para el Presidente venezolano y su proyecto ­con el muy pesado y documentado lastre de las simpatías y tratos con la guerrilla­, el reacercamiento era oportunidad de distanciarse públicamente y sacar del foco de atención interior y exterior el tema de los ilícitos y la violencia irradiados desde la frontera, mejorar su imagen y recuperar espacios en un mapa regional muy cambiado. Aprovecharía, además, para promover una “nueva estructura” de relaciones comerciales bilaterales desde el Estado, sin participación de nuestro sector privado. De modo que las solas expectativas iniciales eran mejores en sí mismas para los colombianos que para los venezolanos: también lo que vino después.

Para el Gobierno de Colombia la prioridad de cobrar la deuda ha sido lentamente atendida. Sobre lo comercial, valgan las palabras de la canciller Mariángela Holguín del pasado 3 de junio: “El comercio con Venezuela sabemos que desapareció”.

No se ha logrado el acuerdo de complementación económica pendiente desde abril. Sobre inversión social, no ha habido acuerdos específicos; y en cuanto a desarrollo conjunto de infraestructura fronteriza, sólo hay anuncios reiterados. En materia energética, aparte del restablecimiento del flujo de gasolina a Colombia, se volvió a plantear el tema de los oleoductos y poliductos (al Pacífico y Centroamérica) y la participación de Ecopetrol en yacimientos venezolanos.

Al final, el tema más importante ha sido el de seguridad. Allí, los encuentros de los ministros de Defensa, las muy publicitadas capturas y deportaciones venezolanas de narcotraficantes y guerrilleros y el acuerdo de cooperación en materia de narcotráfico son parte visible de un balance muy opaco, en el cual, también, debe incluirse lo que se ha silenciado desde Venezuela: el tema ETA-FARC, el caso Makled, la creciente densidad del narcotráfico.

En el saldo, la relación binacional, vista por los venezolanos, va dejando más pasivos que activos políticos, económicos y de seguridad. Lo anunciado en Santa Marta ­respeto, institucionalidad, medidas de confianza, oportunidades económicas­ vale para los colombianos y no para nosotros, porque nuestro Gobierno así lo ha dispuesto.

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