Territorio insular

Juan M. Raffali

Juan M. Raffali


JUAN M. RAFFALLI
JRAFFALLI@RDHOO.COM 

Percibimos esta propuesta como un disparate constitucional

El Presidente antes de su más reciente viaje por motivos de salud, anunció la creación del “territorio insular Miranda”, con capital y jefatura de gobierno en los Roques, comprendiendo además la Orchila e isla de aves. Esta medida supuestamente obedece a razones de seguridad nacional vinculadas al tráfico de drogas y de sustancias ilícitas, lo cual aparentemente está muy bien. Sin embargo, nos asaltan serias dudas sobre esa motivación más si consideramos que incluso la Orchila ya es una base militar. Lo que sí luce de bulto es que en esta idea no consumada aún, debió tener un enorme peso la fortaleza que ostenta la oposición en Miranda, de no ser así quizás hubiera sido más lógico pensar en un “territorio insular Vargas”. En todo caso, la creación de este territorio insular vulnera el artículo 17 de la constitución, pues esas islas estarían agrupadas bajo la denominación conjunta de “dependencias federales”, por lo cual no sería posible unirlas bajo una nueva entidad territorial inexistente en nuestras leyes como sería el llamado “territorio insular”, otro inconveniente dibujo libre constitucional.

El Presidente señaló como fundamento de la medida los artículos 10, 11 y 12 de la constitución, pero éstos se refieren a la delimitación del espacio territorial de la república por lo que no guardan ninguna relación con la nueva figura. En todo caso, pareciera que lo que se pretende crear es una especie de un nuevo “territorio federal”, pero de ser así, se estaría burlando el artículo 16 de la constitución que obliga a someter este tipo de decisiones a referéndum aprobatorio. Además, ello sería siempre imposible pues los territorios federales únicamente pueden crearse “en determinadas áreas de los estados”. Finalmente esta entidad no puede ser creada vía decreto con base en la ley habilitante pues las competencias conferidas al Presidente en materia de ordenación del territorio, únicamente lo facultan para legislar en materia de regionalización (por razones de concentración demográfica), de creación de nuevas comunidades y de comunas, además de escapar esta materia de la excusa que sustenta la habilitación cual fue la emergencia surgida en 2010 por las lluvias y la escasez de vivienda. En definitiva, percibimos esta propuesta como un disparate constitucional.

 
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