EXPROPIACIONES SIN FRUTO

MAYE PRIMERA

Las empresas confiscadas por el Gobierno de Venezuela se han convertido en un complejo industrial fantasma

Fábricas de coches que no ensamblan. Centrales azucareras que producen pérdidas. Empaquetadoras para granos que caducan en dos semanas. Compañías que, tras ser tomadas por el Estado, no han abierto sus puertas ni un día o que utilizan solo una tercera parte de su capacidad instalada. Así se ve el paisaje de las empresas expropiadas o estatalizadas por el Gobierno de Hugo Chávez desde 2002: como un gran complejo industrial fantasma donde, a fuerza de petrodólares, la revolución aspiraba “construir el socialismo del siglo XXI”.

Entre 2007 y 2009, el Gobierno de Venezuela ha invertido más dinero en el pago de expropiaciones y de nacionalizaciones que en producción petrolera, que paga todas estas cuentas y financia el 60% del presupuesto nacional. Según datos oficiales, la inversión en exploración y producción de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) durante este periodo fue de 21.931 millones de dólares. Mientras, el monto pagado o comprometido solo en la compra de grandes empresas, como la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) o la Compañía Nacional de Teléfonos (CANTV), fue de 23.377 millones de dólares. Más dinero, incluso, que la suma de todo el gasto social que acumuló la estatal PDVSA entre 2001 y 2009. Y esta cifra no incluye los 17 casos en los cuales el Estado no ha logrado un acuerdo económico con las empresas estatalizadas -la mayoría de ellas, petroleras, mineras y cementeras- y ahora mismo están sometidas a arbitraje internacional.

Pero el dinero no compra la construcción del socialismo. Al menos 16 de las compañías tomadas o creadas por el Estado venezolano hasta 2009 para promover el “desarrollo endógeno”, brindar estabilidad laboral a sus trabajadores y alcanzar la “soberanía alimentaria” del país no han dado los resultados que se esperaban. Lo comprobaron tres economistas venezolanos -Richard Obuchi, Anabella Abadi y Bárbara Lira, del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA)- que en los últimos dos años han evaluado los números de estas compañías y como resultado han publicado el informe Gestión en rojo. “La mayoría de las empresas que evaluamos no están cumpliendo las metas de producción que se establecieron, tienden a no utilizar su capacidad instalada y no generan siquiera suficientes ingresos como para pagar sus costes”, dice Richard Obuchi. “Adolecen de una necesidad constante de ayuda financiera por parte del Gobierno central, no solo en inversión, sino incluso para pagar insumos, mano de obra. Estas empresas tienen serios problemas para ser autosuficientes desde el punto de vista financiero”, añade el economista.

La Planta Procesadora de Cítricos Roberto Bastardo es un ejemplo. Esta empresa nació en mayo de 2007, tras la “adquisición forzosa” de Frutícola Caripe C. A.: una compañía privada que durante las décadas de los setenta y los noventa solía procesar 13.000 toneladas anuales de naranjas en una zafra. Ese mismo año, el Gobierno venezolano invirtió en esta empresa 4,4 millones de bolívares fuertes (poco más de dos millones de dólares al cambio oficial de entonces). Pero hasta 2009 la planta no ha logrado procesar más de 1.700 toneladas de naranjas en una zafra: solo el 13% de la capacidad de antaño. En 2010, los representantes de la planta calcularon que, con suerte, procesarían 2.900 toneladas y que, además de concentrados, comenzarían a producir jugos, jabón, papel.

Tampoco el Central Azucarero Sucre -secuela del Central Azucarero Cumanacoa, expropiado en 2005- ha logrado alzar vuelo. Después de recibir una inyección de 17 millones de bolívares fuertes en 2008 (casi ocho millones de dólares para la época), esta empresa solo produce el 0,63% de las 2.200 toneladas de azúcar al día que, según el ministro de Alimentación, Félix Osorio, consumen los venezolanos. Y lo produjo a pérdida: en 2008, el coste de producción de un kilo de azúcar en esta central era de poco más de dos dólares y se vendía en los mercados populares a siete centavos por kilo.

Aun a pesar de las millonarias inversiones y de los subsidios implícitos en los precios fijados por el Gobierno sobre algunos productos básicos, la revolución no ha logrado avanzar hacia la anhelada “soberanía alimentaria”, utilizada como argumento para justificar las expropiaciones de tierras agrícolas y pecuarias y de plantas procesadoras de alimentos. Venezuela aún importa alrededor del 70% de lo que come: carne, leche, cereales, frutas, huevos, hasta animales vivos. El caso del café es emblemático. “Actualmente, el 70% de la producción de café está en manos del Gobierno”, dice Obuchi, y agrega: “Hace ocho años Venezuela exportaba café; ahora importa café”.

Hasta 2008, las importaciones del sector alimentos aumentaron un 41,9% con respecto al año 2006, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas. Justo en 2006, Hugo Chávez anunció que comenzaría a implementar un plan de nacionalización en sectores estratégicos de la economía, como el petrolero, el eléctrico y el alimentario.

La escasez de comida y la inflación también siguen allí. De acuerdo con los registros del Banco Central de Venezuela, entre 2006 y 2008 se produjo un alza de los índices de escasez de hasta el 15%. Al cierre de 2010, además, la inflación general era del 27,2%, la mayor de América Latina; y en el rubro de los alimentos, superior al 40%.

Pese a los resultados, el presidente Hugo Chávez sigue adelante con su plan estatista. “Cada vez de forma más explícita, el Gobierno ha manifestado interés en tener una posición dominante en el sistema de producción. Si bien han asegurado que la intención no es eliminar al sector privado, sí hay una clara intención de fortalecer la presencia pública en las actividades económicas”, opina Richard Obuchi.

El País

 
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