El ABC de Ricardo Antela – Abogado y consultor jurídico

En el país no se respetan los estándares internacionales de libertad de expresión. Todo lo que ocurre forma parte de un clima de ilegalidad, polarización y de violación al Estado de Derecho. Los medios no le temen tanto a la Ley Resorte sino a la aplicación que de ella haga Conatel. Es inaplazable y urgente la reforma de nuestro poder judicial, señala el asesor legal del canal televisivo.

 

Manuel Felipe Sierra

 

Ya se ha hecho común el acoso del régimen contra los medios de comunicación, pero de manera especial contra Globovisión, un canal informativo que para los voceros oficiales mantiene una agresiva línea crítica del gobierno. En los últimos días se ha anunciado una posible medida de cierre temporal que podría conducir a sanciones más severas. Ricardo Antela, abogado y profesor de derecho en las universidades Metropolitana y Católica Andrés Bello, se desempeña además como consultor jurídico del canal de noticias. Estas son sus reflexiones para los lectores de ABC de la Semana.

 

– Recientemente se abrió un nuevo procedimiento en contra de Globovisión y son reiteradas las amenazas de cierre del canal ¿Qué riesgo corre Globovisión de que el cierre se efectúe en esta oportunidad?

 

En efecto, tenemos siete procedimientos iniciados, ya prácticamente todos en estado de decisión, es decir en el tiempo necesario para aplicarse la medida que ellos estimen conveniente, incluyendo el último. Las sanciones que pueden resultar aplicables en todos ellos es de una suspensión de hasta 72 horas y evidentemente el riesgo de que esa sanción se materialice está latente siempre. De esta manera, el riesgo de que se tome una decisión de la suspensión del canal es permanente y depende enteramente de la voluntad del gobierno.

 

“Conatel abre procedimientos cuando obedecen a instrucciones del gobierno” – Ricardo Antela

– ¿En qué consisten los procedimientos que se han abierto en contra de Globovisión? ¿En qué se basan?

 

– La mayoría de estos procedimientos son por supuestas infracciones a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Algunas de ellas por opiniones emitidas por voceros políticos en algunos programas, como es el caso de Rafael Poleo y Oswaldo Álvarez Paz, quienes emitieron opiniones que a juicio de Conatel son contrarias a la ley y adicionalmente se pretende responsabilizar al canal por esas opiniones. Hay otro procedimiento por opiniones emitidas por los televidentes, específicamente en el programa Buenas Noches. También hay otro por supuesto adelanto de los resultados electorales, en el caso de Henrique Salas Feo. Está el caso del sismo, porque supuestamente el gerente general de Globovisión fomentó zozobra cuando informó anticipadamente sobre un temblor ocurrido en Caracas en el 2009, sin esperar la información oficial. Y el más reciente es el caso de El Rodeo, por una presunta manipulación de nuestra línea editorial; pero en el fondo se nos acusa de haber difundido la información extraoficial que daban los familiares de los reclusos y no haber difundido suficientemente la información oficial que según el gobierno se estaba dando en ese momento.

 

– ¿Funciona Globovisión como un canal de la oposición?

 

– No. Globovisión funciona como un medio independiente con una línea crítica hacia este gobierno o hacia cualquier otro, y con una línea crítica también hacia los actores políticos de la oposición, en correspondencia con su línea editorial de pluralidad. En consecuencia en este canal se van a escuchar (como de hecho se escuchan) señalamientos críticos tanto a actores del gobierno como a actores de la oposición. Hay incluso simpatizantes de la oposición que en ocasiones nos acusan de ser un canal demasiado crítico de sus propias opiniones. Pero esa es justamente la mejor demostración de que somos un canal plural. Si en el canal no se ven con mayor frecuencia a los representantes del gobierno dando sus versiones no es porque el canal les cierre el acceso, porque reiteradamente se les invita y ellos, con un criterio que me parece errado, se niegan a comparecer ante las cámaras y ofrecer a nuestros periodistas sus versiones y sus puntos de vista sobre los asuntos del gobierno y de las políticas públicas; pero esa es una decisión de ellos y no una decisión del canal.

Poderes subordinados

 

– ¿Qué impacto tendría el cierre de Globovisión en otros medios, luego del cierre de RCTV y decenas de emisoras?

 

– Evidentemente la mayoría de la opinión pública considera que Globovisión en estos momentos es el único canal con una línea editorial abiertamente independiente del gobierno y de otros factores de poder en Venezuela. Pero más allá de eso, evidentemente este es el único canal informativo 24 horas que hay en el país y eso lo obliga a ser un canal de referencia en cuanto a información y opinión. Clausurar a Globovisión prácticamente cerraría los espacios de opinión e información de una manera importante, porque los únicos canales que estarían a disposición del público venezolano serían los canales restantes que son principalmente de entretenimiento, y que si bien tienen espacios de información y opinión son espacios relativamente escasos o cortos dentro de la parrilla de su programación. Cerrar Globovisión sería cerrar la principal ventana de información y opinión que existe en Venezuela.

 

– ¿Qué opina sobre lo que ocurrió con el semanario Sexto Poder, tomando en cuenta que por primera vez se cerró mediante una decisión judicial a un medio impreso?

 

– En el caso de Sexto Poder se difundió una opinión; el periodista o el medio ofreció una versión caricaturesca, crítica de lo que a su modo de ver es la gestión de las mujeres que dirigen diversos poderes públicos en Venezuela. Por supuesto, desde el punto de vista jurídico puede plantearse la discusión acerca de si estuvo bien o mal, o hubo un exceso o no. Es una discusión que en el marco de cualquier sociedad democrática se daría en un poder judicial autónomo e independiente, y en el marco de los estándares internacionales de libertad de expresión. Lamentablemente en Venezuela ese debate no se puede dar en estas condiciones, principalmente porque aquí no se respetan esos estándares y sobre todo porque carecemos de un poder judicial autónomo e independiente que pueda generar confianza frente a esos casos.

 

– ¿La situación planteada con los medios radioeléctricos conduce a la autocensura?

Antela considera que todo lo que ocurre actualmente forma parte de una situación de ilegalidad que es tolerada con impunidad total por el poder judicial

– Eventualmente puede conducir a la autocensura, aunque la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión no necesariamente debería conllevar a ella. Pero esta es una ley cuya aplicación ha sido puesta en manos de un órgano subordinado del gobierno, que depende del gobierno y que sigue la línea del gobierno. Adicionalmente, es una ley que en definitiva su correcta aplicación depende de lo que haga también el poder judicial, en las condiciones en las cuales éste se desempeña actualmente. En ese sentido, yo creo que los periodistas no le temen tanto a la Ley Resorte o a lo que ella dice, sino que le temen a la aplicación que de ella haga un organismo como Conatel, subordinado del gobierno. Ya la experiencia nos ha dicho durante estos 7 años de vigencia de esta ley que Conatel básicamente abre procedimientos cuando obedece a instrucciones del gobierno. Y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia también nos indica, que en el 100% de los casos, no hay ninguna excepción, el TSJ favorece al gobierno en cuanto a la aplicación de la Ley Resorte y de otras leyes relativas al sector de telecomunicaciones.

Una ley genérica e incorrecta

– ¿Qué fallas presenta la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y cuál es su uso como instrumento para limitar la libertad de expresión?

 

– La principal falla que presenta la Ley Resorte es la manera genérica e incorrecta en como están redactados algunos de sus supuestos de infracción, es decir, a un canal lo pueden sancionar por incitar al incumplimiento del ordenamiento jurídico. Evidentemente, una norma redactada en términos tan genéricos y tan vagos puede conducir a una multitud de errores y abusos en su aplicación, incluso fuera del marco de lo que quiere sostener la Ley de Responsabilidad Social. Sin embargo, es una ley perfectible que creo que podría modificarse y hacerse compatible con los estándares internacionales de libertad de expresión.

– ¿Cuál se considera la principal deficiencia de la ley?

– La principal falla de la Ley Resorte que sí debe ser subsanada a la brevedad es que la aplicación de la ley está en manos de Conatel, un organismo que para ser verdaderamente imparcial y poco riesgoso para la libertad de expresión, debería ser una autoridad independiente, integrada por representantes de la sociedad y no solamente del gobierno, tal como ocurre en otros países del mundo. En el caso venezolano, ese organismo ha sido configurado de una manera tal sigue incondicionalmente las políticas del gobierno.

– ¿Qué tipo de reformas necesitaría la Ley Resorte?

– Yo creo que la principal reforma que amerita la Ley Resorte es colocar la responsabilidad de participación en una autoridad técnica e independiente, y no en manos de una autoridad administrativa como ahora. Por supuesto, hay otra reforma que no tiene que ver con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que es la reforma inaplazable y urgente de nuestro poder judicial para que éste sea verdaderamente autónomo.

– ¿Cuál es su opinión con respecto a esta “ola de hackers” que están filtrándose en las redes sociales?

 

– Eso es producto de la impunidad que se ha generado en Venezuela. Tenemos a personas que están hackeando correos electrónicos, y tenemos a un canal de televisión que administra el gobierno a través del cual se difunden e incluso se elogian a los hackers que han hecho este tipo de cosas. Aún más grave son las grabaciones ilegales que violan de manera absoluta la Ley de Privacidad de Telecomunicaciones en Venezuela, y sin embargo, también el canal del gobierno ha difundido esos vídeos además, los elogia y los utiliza con ciertos fines. Es decir, todo forma parte de una situación de ilegalidad manifiesta difundida desde el canal de televisión del gobierno y que además es tolerada con impunidad total por el poder judicial. Todo ello forma parte de un clima de ilegalidad, polarización y de violación al Estado de Derecho que hay en el país.

 
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