El ABC de Gustavo Briceño Vivas – Promotor del Ombudsman – Especialista en Derechos Humanos

Por Macky Arenas


La soberanía no exime el respeto a los Derechos Humanos. Es inconcebible que un gobierno imponga lo que le da la gana. El mandatario que ignore la Constitución automáticamente se convierte en violador del Estado de Derecho, señala el especialista y promotor de la figura del Ombudsman en el país.

Gustavo Briceño Vivas
Gustavo Briceño Vivas

Es un abogado graduado en la UCV, hizo en Francia un doctorado en Derecho Administrativo, gracias a una beca de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Lleva casi 30 años en la docencia universitaria, enseñando materias vinculadas al Derecho Público. Su verdadera especialidad son los Derechos Humanos. Fue el gran promotor de la figura del Ombudsman (Defensor del Pueblo), figura cuya finalidad –hoy degenerada- es regular como en otros países, las relaciones del Estado con los ciudadanos. Así habló para ABC de la Semana.

– En el plano actual es muy difícil relacionar al Defensor del Pueblo con gestiones a favor del ciudadano…

– Esa figura no tiene autoridad para determinar situaciones concretas, pero es una figura muy interesante pues se trata de un instrumento de persuasión y se convierte en una herramienta fundamental de transformación social. Ese es el perfil del Ombudsman.

– ¿No le parece degradante el que ahora se haya ganado el epíteto de “Defensor del Puesto?”

– El Defensor del Pueblo es una figura que debe ser muy imparcial, persuade al poder de que la autoridad debe ser ejercida de conformidad con la Constitución y las leyes, pero del mismo modo, persuade al ciudadano de que tiene derechos que rescatar. En otras palabras, es un mediador entre ejercicio de la autoridad y el ciudadano con todos sus derechos. Si se comporta de esa manera, tiene éxito.

– ¿No se supone que para eso existen las leyes?

– Muchas veces las leyes son injustas y allí es donde interviene el Ombudsman, para señalarle al poder que debe ser justo en la aplicación de la ley, sin incurrir en excesos de severidad que atenten contra los derechos del administrado.

– La revolución que se produce en el mundo en defensa de los derechos humanos debía servir al fortalecimiento de roles como la defensoría del pueblo…

– Esa revolución es tan grande que ha provocado unas excepciones a nivel internacional. Por ejemplo, cuando un Estado daña un derecho humano ya no hay lapsos de caducidad para sancionar al autor del daño. En las Constituciones de Europa y Estados Unidos, también de América Latina, especialmente la venezolana, se dice que aún cuando un derecho humano no esté especificado en una norma jurídica, los tribunales del país están obligados a protegerlo.

Derecho a la soberanía

Gustavo Briceno VIvas
Toda nación tiene derecho a la soberanía, es decir, autodefinirse y decidir su destino; sin embargo, los organismos internacionales le recuerdan al poder que ese derecho para nada los exime de respetar los derechos humanos.

– Ello parece estar basado en una comprensión exacta de lo que significa soberanía, la cual reside justamente en el pueblo. Pero aquí han ignorado los recientes fallos de la CIDH argumentando razones de soberanía…

– Ese es un punto importante. El sistema internacional de protección de los derechos humanos tiene su origen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, producida al terminar la II Guerra Mundial, luego de todo aquél horror que significó el Holocausto. A partir de ese momento, se materializa la protección de los derechos humanos en Europa y luego en América con la Convención Americana de Derechos Humanos. En consecuencia, el tratamiento de los derechos humanos traspasa las fronteras nacionales en el mundo entero. .

– ¿Significa que el derecho de un ser humano vale igual en cualquier país?

– Exactamente, porque primero está el individuo y después el país. Esto es crucial, porque pone al derecho humano del individuo por encima de la sociedad. Ante esta circunstancia, todos los organismos internacionales, de una u otra forma, han combatido la soberanía porque se la puede alegar como excusa para dificultar o contrarrestar la defensa de los derechos humanos. Sin excepción los dictadores de América Latina, cuando los organismos internacionales les recuerdan que tienen que respetar los derechos humanos, argumentan la soberanía nacional como un escudo de protección.

– ¿La soberanía no debe existir?

– Toda nación tiene derecho a la soberanía, es decir, autodefinirse y decidir su destino; sin embargo, los organismos internacionales le recuerdan al poder que ese derecho para nada los exime de respetar los derechos humanos. Por eso es que hoy en día es inconcebible que un país coloque la soberanía por encima de los derechos e imponga lo que le de la gana. Un gobierno no puede, por ejemplo, imponer la pena de muerte escudándose en la soberanía como país.

– ¿La soberanía consiste, entonces, en desconocer la sentencia del TSJ que desacata a la CIDH?

– La verdadera soberanía está en el cabal cumplimiento de la Constitución, de la ley. El Jefe de Gobierno que ignore la Constitución automáticamente se convierte en violador de los derechos humanos.

– ¿Qué obliga a Venezuela a obedecer a la CIDH?

– Hay dos tipos de tratados internacionales. Los hay comerciales, económicos, políticos y hasta sociales que vinculan a un Estado con el otro. Tienen una consecuencia } bilateral, pues sólo afectan a los Estados firmantes del contrato internacional. Hay otros tipos de tratados que son los referidos a los derechos humanos, donde el destinatario no es un Estado sino los ciudadanos. Se diferencian porque en estos tratados interviene un tercero, objeto de ese tratado, los ciudadanos. Todos los tratados sobre derechos humanos tienen por finalidad defender al ciudadano frente a las agresiones del Estado. Uno típico es la Convención Americana de los Derechos Humanos porque allí se crea una Corte, la CIDH, una Comisión y un órgano administrativo muy interesante llamado Comité de Derechos Humanos, que es donde uno acude a denunciar los abusos del poder.

Incumplimiento a la CIDH

– ¿Qué consecuencias acarrea para un Estado el desacato?

– La respuesta está en la Carta Democrática Interamericana. Es una convención de obligatorio cumplimiento cuyo objeto no es defender al ciudadano frente a las agresiones del Estado, sino defender la democracia como sistema político. El título 3 dice que el Estado está obligado a cumplir con las sentencias de los tribunales internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos. La Carta prevé una sanción: la suspensión de sus derechos en la Carta, no implica la obligación a cumplir con ella. Si un Estado es sancionado porque no cumple con una sentencia de la CIDH, queda sancionado para promover sus derechos a nivel de organismos internacionales, pero a la vez se mantiene obligado a cumplir con lo que la Carta estipula.

– ¿No privan los aspectos políticos de los gobiernos sobre los jurídicos de la Carta?

– No nos llamemos a engaños. La OEA está muy vinculada a los aspectos políticos y lo hemos visto en los últimos acontecimientos en el Continente. Influyen razones ideológicas que escapan a lo jurídico de la Carta y de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Lo que ha hecho Venezuela acarrea una sanción de orden moral y ético, por su obsesivo incumplimiento a lo que dicta la CIDH, lo cual desprestigia al gobierno ante el mundo. Venezuela no puede entrar a MERCOSUR, lo dijo claro el Congreso de Paraguay: si no cumple con la sentencia, el país tendrá cada vez más impedimentos para entrelazarse en el mundo comercial.

– A un gobierno como el venezolano le importan muy poco las sanciones morales y éticas. Si vamos a lo comercial, aquí corre mucho dinero. En cuanto al desprestigio, más del que ya acumulamos, es difícil concebir un cuadro que les pueda inquietar particularmente…

– Comparto contigo la mitad. Si analizas el proceso peruano, verías que la puntilla para la renuncia de Fujimori fue la comunicación que le envió el Secretario General de la OEA participándole que había un procedimiento en su contra por violar la Constitución peruana. Eso hizo caer a un dictador de las dimensiones que alcanzó Fujimori.

-¿No indica eso que todavía funcionaban algunos resortes democráticos que aquí se oxidaron hace rato?

– La indiferencia ante las reacciones internacionales es de la boca para afuera. Me consta que los procesos que se abren en los organismos internacionales siempre cuentan con la asistencia del gobierno venezolano. Jamás falta. Siempre interviene, lleva pruebas, se defiende ante las pretensiones de las víctimas. La política del gobierno es no salir de la OEA. Por algo será. Temen que la CIDH siempre le dé la razón a las víctimas y se esmeran en debatir. En el caso de Leopoldo López estuvieron muy activos y muy presentes. Si aquí no existiera una Constitución y organismos internacionales muy pendientes, ya Chávez habría convertido esto en un Estado forajido sanguinario. Aún nos defiende la Constitución.

Justicia internacional

– No obstante, la estrategia de gobiernos como el venezolano es activar mecanismos destinados a desconocer la efectividad de la jurisdicción internacional…

– Cuando el gobierno, a finales de 1960, firmó la Convención, delegó su soberanía jurisdiccional. Esto significa que el Estado venezolano convino en una soberanía de jurisdicción, vale decir, cedió la posibilidad de juzgar en materia de derechos humanos para que un tribunal internacional hiciera justicia en nuestro nombre. Es una delegación formal, hecha en un acto político de soberanía. No sólo es un compromiso nacional e internacional, avalado por un organismo internacional, creado por una norma internacional que es la Carta de la Unión de Estados Americanos. Aparte de ello, de no acatar la sentencia de la CIDH, Venezuela violaba un derecho humano que persiste, el de López; pero adicionalmente ignoraba un compromiso internacional que ahora está incumpliendo con esa delegación que le dio en el año 1969 en el momento en que el país firmó la Convención Americana.

– ¿Hace falta la formalidad de un órgano del Estado para que Leopoldo López sea candidato?

– En absoluto, ya esa sentencia de la CIDH es el acto administrativo. No hace falta que ninguna instancia interna legitime esa decisión. Es suficiente y definitiva. Hay una norma, la 257 en la Constitución, que dice que la justicia no puede ser molestada ni invalidada por formalismos no esenciales. La sentencia dice claramente: “CNE ya usted puede admitir al ciudadano López para que sea candidato”. Sencillamente le ordena ejecutar, pues la sentencia que produjo la CIDH emanó del Estado venezolano. Lo otro es inconstitucional.

– La Carta Interamericana ha sido cuestionada por no servir a los objetivos de defensa de la democracia, sino más bien a los gobernantes de turno. ¿Cabe introducir modificaciones para hacerla más acorde con su misión?

– Por supuesto. Primero, que la sociedad civil sea la que participe en la denuncia contra un Estado que ha violado la democracia. Las ONGs, por ejemplo, podrían ser habilitadas por la Carta para denunciar a los Estados que afecten la democracia como sistema político. Segundo, que no solamente sea el Poder Ejecutivo el capaz de violar la democracia, sino que la reforma prevea que una sentencia puede igualmente hacerlo. También el poder legislativo. Tercero: que se defina lo que significa “gobierno” a fin de incluir no solamente la función ejecutiva sino también la legislativa y la función de sentenciar, para evitar que el gobierno use una sentencia para afectar los derechos ciudadanos. Cuarto, lograr la obligatoriedad de las decisiones, que la Carta Democrática diga expresamente que la decisión que salga de la OEA es obligatoria y especifique las sanciones que recaerán sobre el Estado que la viole.

– ¿Qué se acabe todo eso de lo “no vinculante”?

– Correcto, que sea vinculante. Reformar la Carta para que sea vinculante, sin discusión. Además, una quinta propuesta sería que la Carta, que define lo que es democracia, establezca que existen factores como la adulación, el endiosamiento, el personalismo de los autócratas-presidentes que distorsionan la democracia, la desdibujan y desnaturalizan, de forma que no puedan imponerse como elementos presentes en el gobierno de un sistema democrático.

– ¿Es fácil medir eso?

– En Venezuela, cada domingo al encender la televisión. El endiosamiento del presidente es una actitud antidemocrática, perjudicial, deteriora la cultura democrática. Esto hay que trabajarlo y hacer participar a la sociedad civil, a fin de que opinen y se desarrolle una fuerza que potencie y exija estos cambios en la Carta Democrática. Activándonos como ciudadanos ante los organismos internacionales contribuiremos a salvar nuestras democracias.

– ¿Qué probabilidades hay de que esas reformas prosperen, teniendo en cuenta que la OEA la integran presidentes quienes, precisamente, se apoyan en la debilidad de la Carta para mantener difusas esas fronteras y permanecer inmunes a cuestionamientos?

– No olvidemos que en América Latina hay presidentes demócratas. El día en que cayeron las Torres Gemelas en Nueva York (30-04-2001) se estaba firmando en Lima la Carta Democrática Interamericana. Ella es considerada uno de los instrumentos normativos internacionales más importantes de la historia. Cinco años antes era imposible imaginarlo. La democracia no es tanto un sistema político como un derecho humano.La democracia es el imperio de la ley, no la imposición de la voluntad de un sólo hombre. ¿Por qué no podemos nosotros imaginar que en pocos años la sociedad civil pueda ser la que denuncie a los autócratas ante los organismos internacionales?

 
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