ATROPELLO EDUCATIVO Y TEXTO ÚNICO

Luis Ugalde

LUIS UGALDE, S.J.
lugalde@ucab.edu.ve 

El comunicado de una directora de zona educativa dice “queda terminantemente prohibido la solicitud y /o uso de (…) otros textos o libros para el nivel de educación primaria, distintos a la Colección Bicentenario” y también en el nivel de educación inicial y en todas las escuelas oficiales y privadas. Sabemos de inspecciones amenazantes a escuelas católicas en barrios populares por seguir usando sus textos para la formación de valores

La ministra de Educación, repetida y descaradamente, ha insistido en que “estamos construyendo un Estado socialista, comunista, revolucionario y bolivariano”. Confiesa la decisión de imponer un Estado contra el establecido en nuestra Constitución bolivariana. Por supuesto, la ministra Hanson está en su derecho de ser comunista o “socialista del siglo XXI”, pero en su funciones debe acatar y cumplir el Estado democrático plural establecido en la Constitución y no introducir de contrabando la constitución comunistoide que quisieron imponer y fue derrotada en el referéndum de 2007.

Los valores humanos que se deben enseñar y fomentar en la escuela están establecidos muy acertadamente en la carta magna en los artículos 102, 2 y 3 y otros. Si la ministra quiere conocer los frutos de los “valores socialistas” que impusieron Stalin, Mao y otros a sus pueblos y la cosecha de crímenes (más de 80 millones) del régimen comunista, Héctor Silva Michelena con honestidad y conocimiento le da un resumen en su reciente artículo (Tal Cual 31/10/11). Si quieren que los venezolanos sepamos de la “felicidad” reinante en Cuba, permitan que los cubanos salgan, hablen libremente y nos cuenten las maravillas de su paraíso, luego de medio siglo de dictadura férrea y poder totalitario.

Resulta que más de 80% de los venezolanos tienen preferencias contrarias al comunismo de la ministra y de ninguna manera quieren que sus hijos sean adoctrinados en esa ideología. Por supuesto, en una sociedad plural los jóvenes mayores (sobre todo en la universidad) deben estudiar diversas ideologías, propuestas políticas y modelos socio-económicos y conocer sus efectivos resultados humanos.

En esta situación de contradicción entre las preferencias y propósitos ideológicos del Gobierno y la población, el ministerio elabora los textos de la Colección Bicentenario y regala millones de ejemplares a las escuelas. La iniciativa en principio es legítima y deseable, pues la adquisición de textos y útiles escolares es una pesada carga, que castiga fuertemente a las familias más pobres.

No tengo nada contra eso. ¡Ojalá fuera mayor y más eficiente el refuerzo escolar para elevar la calidad de las humildes escuelas para pobres! Una discusión pública distinta y muy necesaria es si los textos son buenos o malos y cuáles sus aciertos y fallas. Eso lo deben hacer los expertos, luego de leerlos.

Pero es un atropello inaceptable utilizar el peso del Estado para imponer en las escuelas esos textos como obligatorios y exclusivos, como hacen los gobiernos fascistas y comunistas (que en esto son hermanos); ello va contra nuestra Constitución, la democracia y los derechos humanos del niño, del joven y de la familia. Es también un atropello a los educadores. Por eso, no lo creíamos hasta que llegaron a nuestras manos documentos e informaciones precisas, cartas firmadas por la directora General de Comunidades Educativas del ministerio y otras por directores de zonas educativas. En ellas se exige “la obligatoriedad y adecuada utilización que se debe hacer de los textos de la Colección Bicentenario”. Es tal la voluntad impositiva que se añade el deber a la obligatoriedad. Dice que el motivo de la carta son las denuncias de que las escuelas no usan en exclusiva el texto.

El comunicado de una directora de zona educativa dice “queda terminantemente prohibido la solicitud y /o uso de (…) otros textos o libros para el nivel de educación primaria, distintos a la Colección Bicentenario” y también en el nivel de educación inicial y en todas las escuelas oficiales y privadas. Sabemos de inspecciones amenazantes a escuelas católicas en barrios populares por seguir usando sus textos para la formación de valores.

Para estos delitos del Ministerio de Educación hay tribunales y debería actuar la Defensoría de los Derechos Humanos, pero nadie es tan iluso que espere algo, pues esta política anticonstitucional y contraria a los derechos humanos viene de la cúspide del poder. Ya se anuncia también para la educación media. Si pueden y el país se deja, impondrán en las universidades el maravilloso modelo de la Universidad Bolivariana, de la Universidad de la Fuerza Armada y de la Misión Sucre.

¿El desacuerdo de 20 millones de venezolanos no tiene modo de rechazar este atropello? ¿Y nada que decir los dirigentes y representantes?

 

 

 

 
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