El ABC de Pedro Nikken – Presidente de la Comisión Internacional de Juristas

Hay gobiernos que quieren acabar con la libertad de expresión con una cobertura de legalidad. El presidente ecuatoriano Rafael Correa pretende que los medios sean entidades sin fines de lucro. Las leyes no pueden incluir ninguna forma de censura o estímulo a la autocensura, señala el especialista en el tema de los Derechos Humanos.

 

Macky Arenas.

Pedro Nikken, con una vasta experiencia en el ámbito de la justicia internaciona

Es profesor universitario desde que tiene memoria, tanto en Venezuela como en el exterior. Hizo un diplomado en Derecho, Economía y Ciencias Sociales en París, pero pocos saben que es doctor en Derecho de la Universidad de Carabobo. Llegó a Decano de esa Facultad en la UCV y fue Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También Miembro de la Comisión Andina de Juristas y Vicepresidente del

Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Desde enero de este año es Presidente de la Comisión Internacional de Juristas. Además, Pedro Nikken fue experto independiente de la ONU en El Salvador entre 1992 y 95 y entre el 90 y 92 había ejercido como consejero legal del Secretario General de la ONU en el proceso de paz para ese país centroamericano. En 1995 fue enviado especial del Secretario General de la ONU, Koffi Anan, en Burundi. Su Sillón en la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales en Venezuela es el No 9. Ha escrito  más de 30 libros sobre su especialidad. Hoy en día es uno de los jurisconsultos más solicitados internacionalmente. Estas son sus reflexiones para los lectores de ABC de la Semana…

 

– ¿Son las leyes de prensa necesariamente aberrantes?

– No, más bien son necesarias porque de acuerdo con el derecho constitucional en general y en particular en el caso del hemisferio en que estamos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que los derechos garantizados pertenecen al ámbito de lo que llamamos la reserva legal, o sea que solamente pueden establecerse limitaciones por ley emanada de un Parlamento democráticamente elegido. Toda otra limitación que se establezca por vía ejecutiva u otro acto administrativo es formalmente ilegítima.

 

– Entonces, ¿no es alarmante que existan tales leyes?

– En modo alguno, siempre y cuando se enmarquen dentro de ciertos parámetros. Ellos han sido definidos por la Convención y la jurisprudencia interamericanas. Esas leyes o esas limitaciones deben ser establecidas por una ley formal, es el principio de legalidad; en segundo lugar deben obedecer a los fines que están determinados, que son la protección de los derechos, de la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas; en tercer lugar, no pueden incluir ninguna forma de censura o estímulo a la autocensura.

  

–  ¿Esas limitaciones pueden imponerse en todo tiempo y lugar?

– Es interesante el punto porque a esos conceptos, que son lo que explícitamente señala la Convención Interamericana, la jurisprudencia de la Corte ha agregado dos: en primer lugar, las limitaciones deben obedecer a una necesidad social imperiosa o a un interés social imperativo. Este concepto viene de la jurisprudencia europea que se ha referido al “pressing social need” (necesidad social imperiosa). Por último, debe ser proporcionales al fin legítimo que persiguen, estableciéndose como principio general la regla de la mínima limitación. Textualmente, la Corte ha dicho: “Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido”. Todas estas condiciones deben reunirse para que una ley de prensa sea legítima.

 

– Vivimos circunstancias en que las leyes son tan ambiguas que facilitan la arbitrariedad del Estado…

El principio de legalidad exige que lo que se va a establecer por ley sea fácilmente conocible e inteligible por la persona afectada cuyo derecho está siendo limitado. Por eso, por ejemplo, la Relatoría para la Libertad de Expresión, en el caso de la ley sobre medios argentina ha dicho: “La vaguedad de ciertas conductas y supuestos pueden llevar a la aplicación de sanciones graves, como la desnudez y el lenguaje adulto fuera de contexto, los materiales previamente editados que enfaticen lo truculento, morboso o sórdido, todas estas son apreciaciones que va a tener la administración para poner en ejecución esas limitaciones”. Con semejante vaguedad, es complicado cumplir la ley o defenderse de los abusos. En Bolivia ocurre lo mismo con las famosas leyes contra la discriminación, hay mucho capricho y poca precisión.

 

– ¿Quiere decir que una norma imprecisa se aparta de la Convención Interamericana?

–  La precisión de las conductas y más aún cuando se trata del establecimiento de responsabilidades por abuso a la libertad de expresión, es un requerimiento del principio de legalidad y es típico de la ley penal, en el sentido de que los delitos deben quedar claramente descritos. En el caso de la libertad de expresión, en mi opinión, se cumple igualmente. No pueden manejarse expresiones genéricas que, en definitiva, coloque a quien está hablando con el miedo de hablar porque esas expresiones genéricas pudieran ser sancionadas. Esas expresiones genéricas son un motor de la autocensura y por esa misma razón son ontológicamente ilegítimas.

 

– ¿Qué tipo de vicios podrían tener estas leyes?

– Me referiré a dos temas. Uno es el tema de la regulación de los contenidos, que afecta en general más a los medios audiovisuales, donde se trata de establecer control sobre lo que se transmite. Esto, en términos generales, es un motor de la autocensura. Los contenidos deben ser objeto de responsabilidades ulteriores.

 

Regulación de contenidos

 

– ¿Qué pasa cuando hay difusión de contenidos claramente prohibidos, como propaganda de guerra, incitación al odio racial, religioso o político?

– Ciertamente es legítimo establecer prohibiciones, que de suyo están en el concepto mismo de libertad de expresión, son limitaciones naturales que surgen de la libertad de expresión. Pero hay terrenos limítrofes en los cuales debe ser objeto de una responsabilidad del medio. Cuando se trata de tema de moral pública no es ilegítimo que se establezcan horarios para ciertos programas o la obligación, para algunos programas de televisión o informativos que sean muy rudos, colocar una advertencia sobre qué tipo de público podría ser afectado por esos contenidos. Eso es legítimo, pero entrar a una regulación de los contenidos a través de la cual de alguna manera se esté prohibiendo o invitando a la autoprohibición del medio a difundir determinada información, ideas o conceptos es un abuso en la legislación.

 

– ¿Cuál es el otro tema?

–  Uno que afecta a los medios, pero básicamente a la prensa escrita y son las cláusulas antimonopolio. Ciertamente, una cláusula razonable antimonopolio no sólo es legítima, sino también necesaria porque se trata de la protección del derecho a la información. Cuando en la regulación de los contenidos se incurre en el tema de la veracidad, no sólo hay que dar respuesta en cuanto a que la veracidad es un requisito que, exigido hasta sus últimas consecuencias comporta, como lo afirmó una estupenda sentencia del Tribunal Constitucional Español, a que “la única garantía para no incurrir en una violación, sería el silencio”. Si se exige veracidad absoluta no se puede informar sobre nada, pues todas las cosas pueden tener distintas ópticas y distintos puntos de enfoque.

 

– ¿Cuál es entonces, el antídoto contra la falta de veracidad?

– ¡La pluralidad informativa!  Que el lector pueda tener la versión del mismo hecho de diversas fuentes, que obedezcan a distintos enfoques, a distintos ojos que miraron la misma cosa o que analizaron el mismo fenómeno. Así, la veracidad la construye el sujeto receptor, se forma una idea de lo que puede o no ser verdad. Es el juicio del lector y ese es precisamente el derecho a la información. Y para eso es necesario que se garantice el pluralismo informativo y una de las condiciones para garantizarlo es precisamente evitar los monopolios. Así que, desde el punto de vista de principios, la prohibición de monopolios es una garantía de la libertad de información y de expresión.

 

– ¿No podría esconderse un ataque contra la propiedad privada de los medios de comunicación detrás del concepto de lucha contra los monopolios? 

– Por supuesto. Es un alerta que hay que hacer. No sólo eso, sino también se esconde una especie de censura, de crítica negativa al hecho de que la empresa periodística sea una empresa rentable.

2) “La propiedad de los medios es la condición para su independencia” – Pedro Nikken

 Los gobiernos y las leyes

 

–  Esa es justamente la bandera más reciente de Correa en Ecuador, que los medios no deben perseguir el  lucro…

–  Es una de las pretensiones del presidente Correa, que los medios de comunicación sean entidades sin fines de lucro. Esta es la garantía de la falta de independencia de los medios de comunicación. No solamente los medios son empresas lucrativas sino que para garantizar la libertad de expresión deben ser lucrativos. De otra manera, dependiendo de una fuente extraña a sí mismos, estarán condicionados a lo que esa fuente extraña que los financie imponga como su línea editorial o informativa. Decidirán lo que debe y no debe decir un periódico determinado. Sin lugar a dudas, la propiedad de los medios es la condición para su independencia y su carácter lucrativo igualmente es garantía para el ejercicio de la libertad de expresión.

 

–   ¿Son derechos que se complementan?

–  Son lo que se llama derechos modales, que sirven para el ejercicio de otro derecho, que siendo derechos en sí mismos sirven para el ejercicio de otros. El caso del derecho de propiedad es claro. La libertad de expresión que realmente tiene influencia en la opinión pública, que sirve para conformar una sólida opinión pública en una sociedad democrática, es la que se ejerce a través de los medios de comunicación. La libertad de expresión está atada a la empresa mediática y eso debe afirmarse y proclamarse sin ningún tipo de complejos. Es una verdadera condición para el ejercicio de la libertad de expresión.

 

–  ¿Qué dice al respecto al Convención Americana?

– Que la libertad de expresión es el derecho a buscar, difundir y recibir información e ideas, etc… “por cualquier medio de su elección”. Cuando se elige fundar o invertir en una empresa comunicacional se está ejerciendo la libertad de expresión, se está escogiendo un medio de su elección para la transmisión de información y/o ideas.

 

– ¿Qué hacer cuando los tribunales nacionales están mediatizados o de un todo sometidos al Ejecutivo, como ocurre en Venezuela?

– Siempre está disponible el recurso a la jurisdicción internacional, sea la Comisión Interamericana, que es el más cercano, pero incluso también  las Naciones Unidas que tiene una relatoría para libertad de expresión trabajando bien. Diría que con respecto a las leyes de prensa es bueno que gobiernos democráticos le formulen a la Corte opiniones consultivas sobre la compatibilidad de las leyes de prensa con la Convención Interamericana de Derechos humanos. Ese es un instrumento que puede ser muy útil como referencia de estándares internacionales aplicables a esta legislación, en el entendido de que ellas mismas, como lo he dicho, no son necesariamente nocivas, sino que por el contrario son una necesidad porque sólo a través de leyes pueden establecerse limitaciones legítimas a la libertad de expresión. Todos reconocemos que hay limitaciones legítimas a la libertad de expresión.

 

–  Tal vez establecer esa compatibilidad contribuya a que no se usen mecanismos legales para construir cercos ilegítimos al ejercicio de la libertad de expresión…

 – Hay gobiernos que están convencidos de que promover leyes discrecionales no es el camino; pero hay los que tergiversan los términos de la ley, buscando reducir la libertad invocando las limitaciones legítimas a  la libertad de expresión. Es decir, acabar con la libertad de expresión con una cobertura de legalidad indebida. Es el trasfondo político detrás de esas limitaciones y será sano todo lo que se haga para desenmascarar esas pretensiones indebidas.

 
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