Inquisición y ambiente

Fernando Fernández

FERNANDO M. FERNÁNDEZ
fernando.fernandez@bakermckenzie.com 

 

La responsabilidad objetiva establecida en el PLPA viola los derechos constitucionales

El sistema inquisitivo ha vuelto. Algo que se creía erradicado con el COPP y la Constitución de 1999 ha regresado de forma más intensa, cruda y violenta.

Hablo del Proyecto de Ley Penal del Ambiente (“PLPA”) que establece la responsabilidad penal objetiva de personas naturales y jurídicas. La responsabilidad objetiva sustituye a la responsabilidad subjetiva, o sea, aquella que depende de la intención o no de quien es acusado de un delito. Así las cosas, para nada importan la culpabilidad o no del acusado. Basta confirmar que hubo la violación de cualquier norma administrativa ambiental para condenarle.

El antiguo artículo 182 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal establecía que bastaban 2 indicios para ordenar la detención del “presunto culpable”. Con el PLPA basta con la evidencia de la “violación de una norma” para condenar al acusado con penas que pueden llegar hasta los 10 años de prisión en cualquiera de las cárceles del país o, en caso de las personas jurídicas, para decretar su “disolución”, es decir, la pena de muerte civil.

La responsabilidad objetiva establecida en el PLPA viola los derechos constitucionales, fundamentales y humanos de presunción de inocencia, debido proceso, igualdad ante la Ley, tipicidad, intrascendencia de las penas, principio acusatorio y a un juicio justo de los cuales son titulares todas las personas por igual.

Los derechos ambientales tienen el mismo valor que los derechos civiles, ambos son universales, indivisibles, interdependientes, transgeneracionales, progresivos e inviolables. No se justifica violar los derechos civiles en nombre de los derechos ambientales.

Lo peor es que la Inquisición y sus vicios en el proceso penal se verán nuevamente.

 

 

 

 

 

 

 
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