SANTOS Y LAS DROGAS

César Gaviria Trujillo

CÉSAR GAVIRIA TRUJILLO

Los que tienen responsabilidades públicas tienen que evitar las políticas basadas en prejuicios o afirmaciones dogmáticas

La recientes declaraciones del presidente Santos señalando la necesidad de una discusión abierta sobre nuevas formas para combatir el flagelo de las drogas tienen un gran valor porque acaban con el tabú según el cual no se puede discutir sobre este tema, y con la idea que bien resumiera Moisés Naím según la cual pareciera prohibido pensar cuando de este asunto se trata. Esta propuesta tiene un gran valor cuando el que la hace es el Presidente del país que no sólo ha sufrido más, sino que ha sido el que de manera más vertical ha luchado contra el narcotráfico, y pone el debate sobre la mesa y obliga a la comunidad internacional a una discusión seria. 

Sin embargo, los términos en los que él plantea tal discusión, esto es, con la participación de todos los países, demandarían un consenso mundial que implicaría reformar muchas convenciones de la ONU, lo que haría de éste un proceso extremadamente largo, de décadas.

De todas maneras, esta postura tiene una enorme fuerza política, porque supone que hay soluciones radicales y óptimas para afrontar ese problema global. En mi opinión, la verdad sobre lo que se puede hacer ahora debería tener una denominación menos ambiciosa: la política del “menor daño” que han estado poniendo en marcha los países europeos. ¿Qué es lo que menos daño le hace a la sociedad, el prohibicionismo que lleva a los consumidores de drogas a la cárcel o una política de salud para tratarlos como enfermos? En esos países, las políticas alrededor del tema de salud han generado una reducción significativa de la violencia sin aumentar el consumo, han reducido el uso de drogas duras y, sin duda, han sido más racionales desde el punto de vista de los derechos humanos y de la dignidad personal.

Los índices de consumo en esos países son mucho más bajos que en Estados Unidos y no constituyen un gran problema social ni una gran carga económica. Los países latinoamericanos deberían cambiar el enfoque sobre el consumo personal pronto y con decisión.

En lo que tiene que ver con las drogas duras, dicho enfoque de salud debe considerar la posibilidad de empezar a suministrarlas en centros especiales bajo control médico.

No obstante, esta política estaría a medias si no se complementa con una para aislar a los adictos de las organizaciones criminales, con el fin de evitar que incurran en delitos para adquirirla. En relación con la marihuana, sería mejor regular su consumo, lo que es distinto de legalizarla. No se trata de adoptar una posición libertaria. No se trata de que la gente pueda hacer lo que quiera o, simplemente, decretar que las drogas no hacen daño. Se trata, repito, de hacer el menor daño y de reducir la máquina de crimen que hay detrás. 

Para afrontar el consumo de drogas hay dos caminos: uno es reducirlo como recientemente lo ha hecho el Gobierno de Estados Unidos o reducir el negocio que obliga a millones de jóvenes a acudir a organizaciones criminales para comprar su dosis personal. Habrá mucha gente que en nombre de lo que ellos llaman una política de principios y de valores rechacen esta posibilidad.

Pero los que tienen responsabilidades públicas tienen que evitar las políticas basadas en prejuicios o afirmaciones dogmáticas. Tenemos que buscar nuevas políticas que incluyen la investigación, el ensayo y el tratamiento médico. Tenemos que apelar a los médicos, a los padres de familia, a los profesores y a las organizaciones no gubernamentales para administrar una política diferente. 

Estados Unidos tiene una política prohibicionista que en general lleva a los consumidores a prisión, y que hoy tiene a más de medio millón de personas en la cárcel (cantidad mayor a la de todos los presos de Europa por todos los delitos) por delitos asociados al consumo y al tráfico de drogas. Sin embargo, no ha conseguido reducir el consumo ni el tamaño del negocio. Se gasta la inmensa mayoría de los recursos, 40 millardos de dólares, en aplicación de la ley, en su sistema judicial, en su sistema carcelario y de policía, y sólo aplica una pequeña parte a información, investigación, prevención o tratamiento de drogadictos. Ni siquiera en las cárceles lo hace para quienes están presos por estas razones. 

¿Tendrá sentido meter en la cárcel a un joven 5 años por consumo de marihuana, cuando 60% de los presos en Estados Unidos fuman marihuana, y 100 millones de personas la han consumido en algún momento de su vida? En realidad, más de 70% de los estadounidenses considera que la guerra contra las drogas fracasó. Sin mucha difusión, el Gobierno oficialmente ha eliminado de su vocabulario la expresión guerra contra las drogas porque, dice, ella no ayuda a diseñar buenas políticas. Es una política fallida de la que no se salen porque, supuestamente, no hay alternativas, lo cual es falso. Como lo demuestra la mayoría de los países europeos. 

El consumo local de drogas es un gigantesco problema de delincuencia y criminalidad interno, y el mejor ejemplo de ello es Brasil. Allí es de lejos la principal razón de aumento de homicidios y criminalidad.

Hay que recalcar que esto está relacionado con el puro consumo interno, y no con el tráfico internacional. En Colombia queremos negar una realidad palpable diciendo que aquí el consumo no es alto. Eso no es verdad. Mucha de la criminalidad urbana está relacionada con tráfico y consumo interno, así las autoridades lo ignoren y se nieguen a afrontar el problema.

Colombia tiene derecho de desarrollar una política como la de los países europeos, sin violar las convenciones internacionales y sin esperar ningún consenso. Y una decisión como esa no sólo sería compatible con la política de interdicción del tráfico internacional, sino que permitiría fortalecerla.

Todos los esfuerzos y recursos dedicados a perseguir los carteles y no a jóvenes en las puertas de las escuelas o en los bares.

Nosotros no tenemos recursos públicos, ni los tiene ningún país emergente o en desarrollo para dedicarse a combatir ese tipo de consumo con medidas policiales o judiciales.

Los fracasos de esas políticas en el mundo entero están a la mano. 

Colombia ha hecho un gigantesco esfuerzo en justicia y seguridad para doblegar a los traficantes. Sin el problema del narcotráfico no habría guerrilla ni paramilitares, ni tendríamos los dramáticos problemas de seguridad que aún hoy nos azotan. Mientras México y Centroamérica se estabilizan y controlan sus graves problemas de violencia puede pasar una década. 

¿No será demasiado costoso en vidas y recursos hacerlo en nombre de una política fallida como la de Estados Unidos? Los casi veinte estados que han legalizado la marihuana para uso medicinal, lo cual constituye una legalización disfrazada, muestran la fatiga y el fracaso de la actual política.

Los presidentes de Colombia, Brasil y México podrían fortalecer la lucha contra el tráfico internacional de drogas y al mismo tiempo aplicar una política interna de volver el consumo un problema de salud. Podrían también exigirle a Estados Unidos un debate interno sobre sus políticas prohibicionistas en materia de consumo sin poner en peligro las obligaciones que tenemos con la comunidad internacional de luchar con eficacia contra el tráfico internacional. Creo que una declaración formal de los tres pondría este tema en la agenda de discusión de la política norteamericana.

Sería infinitamente mejor para Colombia si se pudiera avanzar hacia la despenalización de la marihuana y aun de la cocaína, como lo sugirió el presidente Santos. Nos economizaríamos una inmensa cantidad de violencia, guerrilleros, paramilitares, bandas urbanas, etc. Felicitaciones al presidente Santos por haber tenido el coraje de impulsar esta discusión. En todo caso, mucho es lo que puede hacer su gobierno más allá de esa valerosa declaración.

 

@eltiempo

 

 
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