Ciadi

Juan M. Raffali

Juan M. Raffali


JUAN M. RAFFALLI A.
jmrhab@yahoo.com 

 

La mejor manera de ahuyentar inversionistas es dinamitando este nicho de justicia internacional

 

Hace días el Presidente, otra vez, amenazó con abandonar el Centro Integral de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), jurisdicción internacional e imparcial en la que resuelven las disputas sobre indemnizaciones reclamadas por inversionistas extranjeros afectados por medidas arbitrarias de los gobiernos de Estados que sean parte del Tratado Internacional que creó dicho Centro. Venezuela se adhirió al Ciadi en 1995 y desde entonces ha ocurrido a defenderse ante esa jurisdicción reconociéndola. Una de las causas que típicamente habilitan esta instancia de arbitraje son las afectaciones a los derechos de propiedad y libertad económica lo cual incluye expropiaciones directas o indirectas. Hasta el momento Venezuela ha suscrito más de veinte Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones, en los cuales se establece el arbitraje internacional para resolver las disputas sobre inversiones. Para los inversionistas extranjeros de mayor cuantía, es crucial contar con esta vía imparcial y relativamente expedita, como medio para hacer valer sus derechos en situaciones en que el gobierno del país que recibe la inversión produzca daños al inversionista.

 

 

Casi sobra decirlo, pero debemos recordar que sin inversión extranjera la productividad del país y la calidad de vida de sus ciudadanos se deterioraría ostensiblemente. La mejor manera de ahuyentar inversionistas y fomentar la pobreza y el desempleo formal, es justamente dinamitando este nicho de justicia internacional para quienes ponen a riesgo sus capitales. Además, las políticas de aislamiento ante la justicia, impactan claramente en el llamado riesgo-país y por consiguiente en su deuda. Si la intención es liberarse de los importantes casos que se ventilan ante el Ciadi contra Venezuela, ello no es posible pues abandonar el Ciadi no es soplar y hacer botellas, los casos en curso continuarán y el retiro se haría efectivo luego de seis meses desde su anuncio formal, además otros centros de arbitraje internacional establecidos en muchos Tratados de Protección de Inversiones, conservarían su competencia por estar previstos contractualmente. Pero lo más asombroso es que recientemente el Presidente designó una Comisión de Alto nivel para defender los intereses de la República en este tipo de juicios ¿quién entiende?

 

 

 

 

 
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