El ABC de Jesús María Alvarado – Constitucionalista y profesor universitario

 

El sector opositor que apoya una simple alternabilidad anda en una senda de ilusión. Es difícil que el gobierno diga que no habrá elecciones. Se busca subvertir las gobernaciones, alcaldías y estructuras municipales, señala el académico y analista político.

 Macky Arenas.

 A temprana edad, ya es profesor en dos universidades, experto constitucionalista y concienzudo analista político. Tiene al aspecto físico de un estudiante pero, en el salón de clases, se ubica del lado del pizarrón. Se graduó en la UCV y allí enseña ahora Derecho Constitucional, posición ganada por concurso de oposición. También imparte cursos en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar. Cada día cumple con el deber de presentar a los estudiantes un país donde debe regir el Estado de Derecho, distinto al que ellos seguramente enfrentarán. Una de sus especialidades es lidiar con ese término meloso y sibilino que hoy es estribillo de la canción revolucionaria, el “poder popular”. Jesús María Alvarado ofrece sus reflexiones para los lectores de ABC de la Semana.

 

“Estamos en una forma de dictadura y por tanto no se le puede exigir nada al CNE” – Jesús María Alvarado.

–  ¿Qué sentido tiene hablar de poder popular cuando todo se encuentra bajo la autoridad de un solo hombre?

– No existe en la Constitución de 99. Ella solo reconoce 5 órganos dependientes del poder público, el ejecutivo, el judicial, el legislativo, el ciudadano y el electoral. El poder popular viene a ser una creación ficticia y engañosa para vender la idea de que los poderes públicos no son los que gobiernan, sino que gobierna efectivamente el pueblo soberano. Pero la verdad es que eso no comprende a todos los ciudadanos, sino a aquellos que son favorables a una ideología que se vuelve oficial a través de estas leyes, que es la socialista, la que quiere imponer el gobierno al resto de la población

– ¿Ideologizar?

– Para alcanzar los objetivos que hemos descrito es necesario ideologizar a las personas y crearles una conciencia revolucionaria que les permitirá tomar todos los espacios del Estado venezolano. Las alcaldías, gobernaciones, estructuras municipales serán subvertidos a través del poder popular, toda vez que la Constitución del 99 no ha sido reformada. Es la única manera de desmontar el Estado constitucional existente.

– ¿Lo que pasó el 2D no deslegitima todo lo que está haciendo el gobierno en ese sentido?

– El referendum del 2D de 2007 permitió que los ciudadanos se pronunciaran en contra de la pretensión del gobierno para reformar la Constitución del 99, imponiendo una reforma constitucional que a todas luces era totalmente inconstitucional; ello no fue controlado judicialmente por la Sala Constitucional, sino que ella permitió que se fuese a votación y la población se pronunció en contra de esa reforma. No fue aprobada, pero el gobierno, a través de leyes totalmente inconstitucionales fue imponiendo los contenidos de la reforma rechazada. En consecuencia, la reforma constitucional del 2007 está aprobada, no por el pueblo, sino por las leyes que ha ido dictando la Asamblea Nacional, que incorporan los contenidos de esa reforma rechazada.

– ¿Una Constitución de facto?

– Así es. No de otra manera puede considerarse a esas leyes que ha ido promulgando el gobierno, favorables a la ideología socialista-marxista que quieren imponer.

– ¿Cómo podemos abordar la transición con un Estado autocrático intacto y una Constitución pintada en la pared?

– Hay varias cosas. Por un lado, el sector democrático sostiene que es posible gobernar, una vez elegido un nuevo presidente en octubre del 2012, bajo los lineamientos de la Constitución del 99 como base normativa. Sin embargo, el problema es que esa Constitución no existe en la práctica, así que hay pocas posibilidades de gobernar democráticamente con este desmontaje del Estado Constitucional.

El experto constitucionalista opina que el lenguaje de la revolución caló y se aceptó su manera de entender las cosas.

–  ¿Hay otros escenarios?

–  El primero es bastante difícil. Las leyes son inoperantes, pero es complejo revertir el montaje. Optar por reconducir estas leyes a través de reglamentos, para aproximarlas a la Constitución, puede sonar viable pero es riesgoso pues si bien el presidente tiene la potestad no pueden alterar el espíritu, propósito y razón de las leyes. Entonces, si el gobierno entrante trata de reconducir estas leyes a través de reglamentos existe la posibilidad de que estos reglamentos sean declarados inconstitucionales e ilegales por el TSJ. El art 266 numeral 5 le permite a la Sala Político-Administrativa declarar la inconstitucionalidad e ilegalidad. Y en  los lineamientos del Programa de Gobierno a nivel nacional se reconoce que el Tribunal Supremo convalida todas las actuaciones del gobierno nacional, de forma que este poder público seguirá intacto con un nuevo gobierno. Así que esta opción es prácticamente inoperante.

– ¿Y la otra?

– Aún siendo una salida los decretos-leyes, ¿qué posibilidad tiene un nuevo gobierno, con una Asamblea Nacional, totalmente controlada por el sector gubernamental, de obtener una Habilitante? La otra alternativa por la cual se ha paseado la oposición, quienes piensan que es posible gobernar con los poderes en contra, es la de que algunos diputados salten la talanquera, algo muy improbable pues la Ley de Partidos Políticos, reformada en el 2010, aprobada para evitar esas maromas y retener a los parlamentarios  del sector oficial para que no se muevan hacia la oposición, está allí, vigente, recordando a esos diputados que en virtud de ella pueden ser inhabilitados. De manera que todo esto es inviable.

¿Asamblea Constituyente?

–  ¿Cuál sería la salida?

– Algunos sectores estiman que es peligrosa, pero la única es la de la Asamblea Constituyente. Sólo a través de ella puede neutralizarse a los poderes públicos contrarios al gobierno entrante y se pueda proceder a desmontar todo el aparataje autocrático.

–  Ahora bien, si todo lo que ha hecho este gobierno ha sido de espaldas a la Constitución vigente, ¿por qué tendría que resultar tan difícil para un nuevo gobierno desconocer esas actuaciones y proceder a destituir y restituir en el tránsito hacia la estabilización del país?

– Es difícil porque los poderes públicos siguen funcionando, los titulares tienen que cumplir con su mandato constitucional y el Presidente de la República no puede destituirlos, no puede enjuiciarlos, no puede procesarlos…

Entonces, ¿qué garantías de estabilidad tiene un gobierno ante ese panorama?

– El punto es: la oposición parte de que la base normativa de su gobierno es la Constitución de 1999. Y eso es lo que debe ser. El problema es que de facto existe una Constitución impuesta a la fuerza, la del 2007 fallida, a través de las leyes del Poder Popular y las distintas leyes que han sido antidemocráticas y violatorias de los derechos humanos. Todas estas leyes tienen que ser declaradas inconstitucionales por el TSJ y éste está en manos del gobierno en su totalidad. Las leyes tienen que ser creadas o reformadas por la Asamblea Nacional, la cual está en manos del gobierno; la Fiscalía, el Contralor –que falta designarlo pues ni siquiera lo hay- la Defensoría del Pueblo está en manos de alguien afecto al gobierno, que fue diputado oficialista; los magistrados fueron algunos embajadores y no cumplen los requisitos, es decir, ¿qué garantías tiene un nuevo gobierno de estabilidad? Prácticamente ninguna, porque el nuevo gobierno va a jurar sobre la Constitución formal, pero también jurará sobre la Constitución de facto y tendrá que aplicar todas estas leyes tal y como están.

–  Siendo así, ¿qué le importa al gobierno perder las elecciones?

– El gobierno de Chávez, quizá, hasta jugaría a una derrota en tanto y cuanto la gestión de la oposición fuera ingobernable. Están jugando al caos. Si el gobierno entrante quisiera quitarse la camisa de fuerza de la legalidad que va a heredar, quedaría como dictatorial. ¿Qué otra salida queda? La salida política, de presión de los ciudadanos conscientes de lo que está en juego, que no es un mero cambio de gobierno sino la posibilidad de vivir en libertad, en democracia, en el disfrute de la propiedad…

– Pero el gobierno califica eso de golpe de Estado, en el acto…

–  Esa salida no es un golpe de Estado, no es una rebelión, pero sí una presión social, ciudadana, perfectamente legítima sobre los poderes constituidos. La Constitución nos permite, y hay artículos que lo establecen, desconocer cualquier legislación o autoridad que menoscabe los derechos humanos y la propia Constitución. Si eso no ocurre, sinceramente veo bastante complicada una salida.

–  Lo que pone difícil el asunto es que los factores de fuerza, al igual que los poderes públicos, están confiscados… ¿obedecerán al nuevo gobierno o reprimirán al pueblo?

–  Es un escenario complejo, sobre todo por todas estas leyes que han ideologizado a las Fuerzas Armadas y que ha creado la idea –muy peligrosa por lo demás-  de que el enemigo de esas fuerzas socialistas y revolucionarias, son los ciudadanos venezolanos que se oponen al régimen. Se les ha convencido de que los ciudadanos son una especie de ejército invasor y por tanto deben ser reprimidos. Pero allí queda la dirigencia política, que tienen inmensa responsabilidad en cómo va a conducir la lucha por la reivindicación del Estado de Derecho. Si eso no ocurre, el panorama futuro se pone muy negro, porque sería condenar a más de la mitad de la población a vivir bajo un régimen por el que jamás votó, ni aprobó ni consintió.

– Tal vez sea ese panorama el que pone a muchos en la oposición a hablar de alternabilidad en lugar de transición, entendiendo que esta última implica desmontar todo eso…

 – Hay que estar claros en lo que viene. De lo contrario podemos vivir mucha inestabilidad. El sector que apoya una simple alternabilidad, anda en una senda de ilusión. Lo que plantean es inviable, tanto constitucional como políticamente. Convengo en que es la vía más fácil. Pero elegir el 7 de octubre y vender la idea de que todo va a cambiar no es real. El sólo hecho de elegir otro presidente no obligará a los poderes públicos, leales a este gobierno, a sujetarse al mandato nuevo. Reitero que esos poderes públicos también alegarán que tienen un mandato legítimo, aunque el uso que de ellos hagan sea abusivo.

–  ¿La Constituyente es garante de la transición?

–  Creo que es la más drástica pero la necesaria. Ella permitiría desmontar los poderes públicos, legitimarlos y crear un nuevo ordenamiento político que conduzca a la senda constitucional al revivir la Constitución vulnerada. Hay miedos, uno de ellos que la Constituyente sea tomada por el oficialismo, en tanto el CNE es parte de los mismos poderes secuestrados; de allí el dilema en que se encuentra la oposición para el 7 de octubre. El otro temor es que los poderes constituidos entorpezcan la labor de la Asamblea Constituyente. Son riesgos, pero hay que correrlos.

– ¿Qué resortes ve en los factores de oposición para comenzar ese desmontaje reclamando el triunfo el 7 de octubre por encima de las artimañas de un CNE tan poco confiable?

– Desde el año 1999, se convocó una Constituyente para – decía Chávez en ese entonces- perfeccionar la democracia y transformar el Estado. La gente votó y se obtuvo una nueva Constitución. La gente la ponderó mucho, pero personalmente tengo muchas críticas. De allí salió un  instrumento militarista, centralista, con grandes contradicciones en materia de derechos humanos. Es una Constitución claramente paternalista y presenta problemas serios que han permitido mucho de lo que ha pasado en los últimos 10 o 12 años. Si a ello le sumas que el gobierno ha tomado el camino de llevar esto hacia un socialismo de tipo marxista, es claro que esa Constitución debe acomodarse. Se trata, puntualmente, de cómo encarar políticamente esta situación. La oposición, tristemente, ha asumido el lenguaje político de la revolución. Una revolución triunfa cuando los ciudadanos asumen su lenguaje.

Un Estado despótico

–  ¿Ha banalizado, entonces, la oposición el tema del Estado de Derecho?

–  Definitivamente. Se ha banalizado el tema del Estado de Derecho. Estamos en un gobierno claramente despótico, al cual todos los poderes públicos se le sujetan y ante esto se responde planteando que el problema es de alternabilidad en el poder, que llegue un gobierno que mejore lo existente sin ir más allá. Una visión miope de la realidad política. No es una visión trascendente, arriesgada, que llegue a concebir una nueva idea y presentarle al país un programa contundente.

–  Una visión aldeana, no una visión de Estado…

– Exactamente, si para sectores de la oposición el problema es de simple alternabilidad para atender asuntos del día a día, estaríamos eligiendo a un presidente de junta de condominio –sin desmerecer para nada lo que ellos hacen; pero si estamos conscientes de que el nuevo presidente debe encarnar la voluntad del pueblo para restaurar el orden político destruido, entonces estamos eligiendo a un hombre que  va a tener, no las cinco funciones del Estado sino una sola.

– Hay quienes descalifican al que exige condiciones al CNE, porque piensan que no vive en este país, que  se imagina viviendo en Noruega o en Finlandia…

–  Eso significa que el lenguaje de la revolución caló y nosotros aceptamos su manera de entender y llevar las cosas. Esa visión es aceptar la servidumbre. Como somos siervos del gobierno no tenemos derechos frente a él y aceptamos las situaciones tal y como el gobierno nos las ofrece. Considero que esa es una visión completamente irresponsable. Si estamos en dictadura y por tanto no se le puede exigir al CNE, es lo mismo que negar que podemos ejercer una acción política para derrocarla. ¿Para qué ir a elecciones, entonces? Me parece contradictorio el planteamiento. 

 

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4 Comentarios

  1. LA APURENA said:

    ARTICULO, EXTRAORDINARIO! PORQUE LOS CANDIDATOS DE LA OPOSICION (SALVO UNO) NO LE HABLAN CLARO AL PAIS??OBVIAR ESTE PUNTO EQUIVALE A “”NEGOCIAR”” EL PODER CON ESTE REGIMEN COMUNISTA Y DICTATORIAL!!ENGANAR AL PUEBLO DEMOCRATICO!! ENTRE DICTADOR Y DEMOCRACIA ES IMPOSIBLE LA “”ALTERNABILIDAD””!! ESA ES UNA ESTAFA ELECTORAL!!!!

  2. Chelito said:

    Cuanta verdad hay en este artículo, y que lejos está la mayoría de ciudadanos de lo que aquí se dice. La gente sigue ilusionada en un gobierno que respeta elecciones, sin darse cuenta que nos han pasado por encima como han querido. Diego Arria que está TAN CLARO… la gente lo mira de reojo porque no le gusta oir verdades. Amanecerá y veremos…

  3. Jaime Martínez Estévez said:

    ¿No puede considerarse un referendum revocatorio para los magistrados, previsto en elartículo 72 de la Constitución?
    ¿Acaso no es mas expedito una referendum abrogatorio para las leyes, según el artículo 74 de la Constitución?
    Atentamente

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