La recurrencia

Juan M. Raffali

Juan M. Raffali

JUAN M. RAFFALLI A.
jraffalli@rdhoo.com 

 

Todas las respuestas están previstas en la Constitución y las leyes

 

El Presidente anunció la recurrencia de su enfermedad. Es un hecho humanamente lamentable del cual derivan situaciones complejas que no se pueden obviar. Lo primero que luce de bulto es que esta situación no debe ser informada como viene haciéndose. El país tiene derecho a saber con exactitud cuán grave es la enfermedad y las expectativas reales de que el Presidente y/o el candidato del PSUV, caigan en una situación de ausencia temporal o absoluta. El derecho a la vida privada es un derecho constitucional, pero también lo es el derecho a la información veraz y oportuna, más aún si se trata de asuntos del más alto interés nacional. Si el Presidente decidió asumir una vida y una función pública de semejante calado, los límites a su privacidad no pueden ser los mismos que los de un ciudadano común. Es imperioso entonces que, como en cualquier país serio y democrático, se de un parte emitido por un médico que se haga responsable del mismo. Por cierto, ese parte por su impacto debería darse en cadena nacional y no mediante llamadas telefónicas o en medio de una inauguración.

Pero más importante aún es el tema de los escenarios posibles. ¿Qué pasa si el Presidente se ausenta definitivamente? ¿Qué pasa si no pude ser candidato? ¿Qué ocurre si es candidato y luego se retira? Todas las respuestas están previstas en la Constitución y las leyes. Estas cosas pasan y por eso hay respuestas institucionales. El CNE debe convocar a las elecciones como está previsto y en la fecha que ha venido señalando de manera pública. Recordemos que el mandato presidencial dura seis años y conforme al artículo 231 constitucional, el 10 de enero de 2013 debe tomar de posesión quien resulte electo. Si el Presidente es candidato o se retira, es un tema interno de las organizaciones políticas que lo postulen. Si el Presidente se ausenta temporalmente o definitivamente, su ausencia debe ser cubierta por el Vicepresidente quien, de ser el caso, debe culminar el mandato que agoniza, así lo ordenan los artículos 233 y 234 de la Constitución. De modo que esta situación, lamentable pero real, no tiene que generar ningún percance en la gobernabilidad del país, todo está previsto en la Constitución y las instituciones deben actuar conforme a esas previsiones.

 

 
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