EL DERECHO A HACER LA GUERRA

Lluís Bassets


LLUÍS BASSETS
lbassets@elpais.es

 

Hay una tabla de condiciones para empezar una guerra justa que, con pequeñas variaciones, puede fijarse en seis puntos… En Siria se dan cinco de los seis. En Irán, cuatro. Sin embargo, las realidades objetivas son distintas.

Las revueltas en Siria y el programa nuclear de Irán renuevan el interés e incluso la necesidad del viejo pero siempre vigente debate sobre la guerra justa. ¿En qué condiciones puede alguien declarar la guerra contra el régimen de Bachar el Asad o contra el del ayatolá Ali Jameneí? El primero está perpetrando horribles matanzas entre su población, con uso de armamento pesado, ejecuciones sumarias y uso de la tortura. La dictadura clerical de Teherán, que ha amenazado a Israel y hace explícito su deseo de borrarlo del mapa, está culminando un programa de fabricación de uranio enriquecido que fácilmente puede darle acceso al arma atómica.

Hay una tabla de condiciones para empezar una guerra justa que, con pequeñas variaciones, puede fijarse en seis puntos: la causa debe ser justa, debe decidirlo la autoridad legítima, el objetivo debe ser correcto, hay que agotar todos los medios pacíficos antes de declararla, la acción debe ser proporcionada y hay que contar con altas probabilidades de éxito. Estamos hablando del derecho a empezar una guerra, que inmediatamente se convierte en el derecho durante la guerra, es decir, en resolver el problema de cómo librar una guerra justamente. Es la distinción escolástica, expresada en latín, entre ius ad bellum (derecho a la guerra) y ius in bello (derecho en la guerra), especialmente útil para la guerra de Afganistán, que se acomoda a los criterios de la guerra justa cuando se declara y no en cambio en su desarrollo posterior. Como la intervención de la OTAN en Libia, ajustada a los seis criterios cuando el Consejo de Seguridad autoriza la intervención aérea para proteger a la población y discutible a medida que la actuación internacional se dirige a vencer y derrocar a Gadafi.

La teoría de la guerra justa estuvo especialmente en boga cuando George W. Bush decidió atacar a Sadam Husein esgrimiendo el peligro de unas armas de destrucción masiva que podían constituir una amenaza inminente para Estados Unidos y sus aliados. La de Irak en 2003 quedará como ejemplo de guerra injusta: no era justa la causa, no fue declarada por una autoridad legítima, no era correcto el objetivo, había mucho trecho a recorrer en la inspección de Naciones Unidas sobre las armas de destrucción masiva antes de declarar la guerra, no hubo un uso proporcionando de la violencia, y tampoco había altas probabilidades de éxito. Difícil de superar.

Ahora se plantean dos nuevos casos, próximos geográficamente pero alejados en cuanto a las amenazas. Con Siria, la justeza de la causa es evidente: nada puede ser más justo que terminar con las matanzas de civiles. La primera dificultad se plantea respecto a la autoridad legítima: Rusia y China van a vetar cualquier resolución del Consejo de Seguridad que autorice el uso de la fuerza. Sin ella, la guerra carece de cobertura jurídica. El objetivo bélico, que no puede ser sino el derrocamiento del régimen, se acomoda a la tabla. También la siguiente condición: se han agotado todos los caminos diplomáticos. Las dos últimas condiciones, uso proporcionado de la fuerza y altas probabilidades de éxito, se podrían cumplir, porque los países implicados tienen los medios para hacerlo, pero solo en caso de que se cumplieran las anteriores. Cinco a uno.

En el caso de Irán, en cambio, la primera discusión versa sobre la delimitación del peligro efectivo que supone el programa nuclear iraní. Para el Gobierno de Israel significa una amenaza existencial, que Netanyahu vincula a la repetición de un Holocausto como el que sufrió la población judía europea hace 70 años. Para muchos otros gobiernos, el de EE UU entre otros, la amenaza no es inminente, porque Irán no dispone todavía de la bomba y se halla tan solo entrando en la llamada zona de inmunidad, momento en que ya no es posible evitar que llegue a obtenerla. La exigencia de una autoridad legítima es un problema menor para Israel y también para EE UU, porque se consideran con plena legitimidad para actuar sin permiso ni cobertura de la ONU; lo que no es el caso de la mayoría de los países europeos. Está claro que acudir a la guerra no es el último recurso, y en este punto también divergen Washington y Jerusalén: Obama cree que la diplomacia tiene margen todavía, mientras que Netanyahu está ansioso por atacar. Parece fácil de cumplir que el objetivo, la destrucción de las instalaciones, sea el correcto; así como que el uso proporcionado de la violencia, ataques aéreos muy bien calculados, sea el proporcionado; aunque quedan dudas sobre las probabilidades de éxito: algunos expertos creen que solo la instalación de un régimen pro-occidental en Irán permitiría dar por anulada la amenaza. Cuatro a dos en el mejor de los casos y dos a cuatro en el peor.

Y, sin embargo, lo más probable es que no haya guerra contra Asad y sí contra Ahmadineyad.

 

 

 

 
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