Matar al mensajero *

Juan M. Raffali

Juan M. Raffalli


JUAN M. RAFFALLI A.
jmrhab@yahoo.com    

 

Nada puede ser menos democrático que una “hegemonía comunicacional”

 

La libertad de expresión es un derecho humano fundamental protegido por la Constitución y las leyes de Venezuela y por los tratados internacionales que obligan a la República. La emisión de pensamientos, informaciones, juicios o ideas, incluso las más críticas, forma parte de la libertad de expresarse y del derecho a estar informado. Ciertamente el marco normativo nacional e internacional que consagra la libertad de expresión, establece la responsabilidad ulterior de quienes incumplan la ley, sin embargo, la información “veraz y oportuna” no puede ser una excusa para limitar la libertad de expresión y menos aún para limitar a los medios de comunicación su derecho de informar bajo la línea o forma que decidan adoptar. Menos puede admitirse como una justificación para afectar la libertad de expresión, el pensamiento o ideología del emisor del mensaje, de hecho, en una democracia son precisamente los medios de comunicación “incómodos”, los que aseguran nada menos que el derecho al disenso y a la oposición. Nada puede ser menos democrático que una “hegemonía comunicacional”.

Todo lo anterior lo traemos a colación pues se han dado hechos recientes que ameritan exaltar y remachar hoy más que nunca el valor de la libertad de expresión. Nos referimos no solo al ya trillado e insólito caso de la multa millonaria a Globovisión impuesta entre otras razones por informar muchas veces un hecho, sino también a la arremetida que ha habido contra los caricaturistas de los medios impresos quienes, igual que cualquier ciudadano, tienen el pleno derecho a expresarse sin ser perturbados a causa de sus ideas. Finalmente también nos referimos al proceso de averiguación que ahora se adelanta contra los medios que han venido denunciando la situación del agua, ejecutado a petición directa del mismísimo Presidente, con la increíble contradicción de no investigarse a los responsables de hechos tan graves como el derrame petrolero en Monagas o la contaminación del lago de Valencia.

Investigar hasta penalmente a quien informa y no a quien genera el hecho noticioso no es propio de un país comprometido con la libertad de expresión. Esa conducta al final pretende generar una autocensura que termina dañando el derecho a la información que la Constitución garantiza a todos los ciudadanos.

 



* Título original: Expresión libre

 

 
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