Diga lo que quiera, que nadie lo oye…


RUBENS YANES
@rubensyanes 

 

José Vicente Rangel y otros voceros del régimen insisten en que en Venezuela hay plena libertad de expresión. Sostienen que en el país no hay periodistas presos, ni perseguidos. Y complementan su afirmación con referencias a notas u opiniones publicadas en algunos medios son frontalmente opuestos al gobierno, diciendo que “aquí todo el mundo publica lo que quiere”.

Efectivamente, no hay periodistas presos en la actualidad; aunque recientemente hubo persecuciones judiciales contra Leocenis García o Gustavo Azócar. Tampoco se han cerrado más medios por atentar contra la estabilidad política del país; pero se han utilizado argumentos administrativos contra emisoras de radio o canales de televisión, incluida Globovisión, que pende de un hilo ante una multa multimillonaria.

En Venezuela, las amenazas a la libertad de expresión son mucho más elaboradas y perversas… y conforman una política de Estado.

En primer lugar, se ha generado una política de acallamiento de los medios independientes y su sustitución por una estructura paralela de medios pro-gobierno. El Estado tiene una plétora de canales de televisión, periódicos, medios radiales y páginas web que sirven para machacar sus mensajes.

La inversión en material POP chavista ha de ser astronómica e incluye la producción de miles de libros, camisas, gorras, afiches, letreros y manuales que sirven para el mismo fin multiplicador del mensaje rojo.

Cuando el régimen descubrió Twitter, se lanzó a su conquista y nació @ChavezCandanga, la cuenta personal del Presidente, que luego se transformaría en misión. Junto a él se sumaron a esta red social otros personajes del PSUV: @tareckpsuv, @jauaoficial y la inefable @lahojillaentv.

Además, los medios de comunicación independientes han sido atacados por el lado financiero. Por el lado de los ingresos han sufrido al ser excluidos de la pauta gubernamental, pero también al ver reducida su cartera de clientes por las expropiaciones, el cierre de empresas o el chantaje a quienes deciden publicitarse en ellos. Por el lado de sus egresos sufren, como el resto de la economía, la restricción de divisas, los dislates de la política laboral y el asedio de los entes reguladores.

 

Finalmente, el andamiaje legal/institucional plasmado en la Ley Resorte, es complementado por las constantes amenazas por parte de la Fiscalía, Conatel, el Sebin y otras instituciones que no solo monitorean a los medios; sino que incluso han propuesto nuevas leyes que buscan ejercer mayor coerción sobre los mismos.

 

El espacio para la disidencia y la expresión alternativa se ha reducido, ciertamente no tanto por el encarcelamiento de periodistas o cierre de medios (que sí los ha habido), sino a consecuencia de la perversa política comunicacional del Gobierno, que copa todos los espacios. Es lo que el ministro Izarra bien define como hegemonía comunicacional.

 

 

 

 

 
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