Militares del 12A

Rocio San MIguel

ROCÍO SAN MIGUEL
rociosm@cantv.net 

¿Por qué el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, no lee la lista de los hoy generales y almirantes que el 12 de abril no hicieron nada por restituir a Chávez en el poder? ¿Por qué no aclara la posición del General en Jefe Lucas Rincón, hoy cómodamente invisibilizado en un cargo diplomático en el exterior? Recordemos la famosa declaración dada por este militar a las 02:30 am del 12 de abril de 2002, dirigiéndose al país a través de los medios de comunicación social en la que señalaba haberle pedido al Presidente de la República la renuncia, “la cual aceptó”.

¿Por qué el presidente de la Asamblea Nacional no hace comentarios sobre la posición del General de División Efraín Vásquez Velazco, asumida el 12 de abril de 2002, cuando al percatarse que había quedado fuera del Alto Mando Militar contactó al General Raúl Isaías Baduel para que devolviera a Chávez al poder?

¿Por qué no ordena Diosdado Cabello una investigación en el seno de la Fuerza Armada Nacional para determinar qué sucedió entre el viernes 12 de abril de 2002, a las 6:15 pm, cuando se juramentó el ciudadano Pedro Carmona Estanga, hasta el 14 de abril de 2002, cuando reasumió el cargo de Presidente de la República el ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías? La respuesta es porque no resiste la Fuerza Armada Nacional una investigación judicial imparcial sobre los hechos de abril de 2002, especialmente quienes forman parte de sus mandos actuales.

El “corporativismo militar” es una figura que sigue operando en muchos ejércitos del mundo y abarca muchos aspectos y conductas, no necesariamente todas cuestionables. Y es interesante respecto a los hechos de abril de 2002 en Venezuela, conocer cómo ha operado y continuará operando esta sistémica lógica conductual. Como también interesante determinar si operaría de cara al futuro.

Deploro el acto mediante el cual Pedro Carmona asumió inconstitucionalmente la Presidencia de la República el 12 de abril de 2002. Pero también deploro el cinismo puesto en marcha estos 10 años para evadir responsabilidades del Estado asociadas a los hechos del 11, 12 , 13 y días subsiguientes de abril de 2002, especialmente si salpican a personeros gubernamentales u oficialistas.

El Gobierno nacional tiene una visión interesada de los hechos de abril de 2002, orientada al control de la información que de esos hechos exista y al uso político de su difusión parcial con fines de intimidación. Esto, más que repugnante es macabro, pues esos días murieron muchas personas y eso genera responsabilidad del Estado por violación de Derechos Humanos. Bajo esa premisa no será posible nunca obtener verdad, justicia y reparación sobre los hechos de abril de 2002, invisibilizándose todo aquello que vincule a factores del poder gubernamental actual con hechos delictivos que se cometieron esos días. Sin embargo, es probable que en los próximos 10 años se salde esta deuda pendiente con el país. Son los ciclos que la historia latinoamericana ha venido imponiendo en sus procesos de reconciliación nacional.

 

 

 

 
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