El ABC de José Amalio Graterol – Abogado de defensor de la jueza María Lourdes Afiuni

José Amalio Graterol: “No sé cómo algunos jueces pueden conciliar el sueño”


El Poder Judicial está podrido, no tengo la menor duda. Se secuestra y se pide rescate desde las cárceles. Se ha generado la descomposición y la mediatización de la conciencia de la mayoría de los jueces, señala el penalista.

Macky Arenas

Es abogado penalista egresado de la Universidad Santa María, con diplomado y especialización en Derecho Penal. Su padre, cuyo nombre lleva, lo precede en esta seguidilla de abogados originaria de Coro, Estado Falcón, vale decir, peleadores apasionados y valientes que hacen del coraje una trinchera. Durante sus nueve primeros años fue defensor público penal en instituciones que le enseñaron  que el Derecho no sólo era una profesión, también un apostolado que obligaba a la defensa gratuita de cualquier ciudadano. Cuando ellas comenzaron a decaer, penetradas por el sesgo político, decidió seguir por su cuenta y hoy, a pesar de su juventud, acumula casos emblemáticos, como el del Comisario Raúl Linares, de la odontóloga Ma. Alejandra Longobardi y el famoso “Caso Kennedy”. El más reciente es la defensa de la Dra. María Lourdes Afiuni, según él mismo la califica, una presa personal del Presidente de la República. Estas son sus reflexiones para los lectores de ABC de la Semana.

– ¿Las “locuras” que ocurren en el poder judicial no tendrán que ver, como lo señala el Informe 2011 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA, con la situación de provisionalidad de jueces y fiscales, porque hace frágil al poder judicial y dificulta su imparcialidad y el mismo acceso a la Justicia?

– No respaldaría esa afirmación hablando sólo como el abogado que lleva el caso de la jueza Afiuni. Es que hay un antes y un después de Afiuni. Antes, existían una serie de irregularidades en el poder judicial, pero todo era manejable pues los jueces aún decidían de acuerdo a lo que creían era justo. Lo hacían con temor, ciertamente, gracias a esa provisionalidad que va en contra de lo dispuesto en el Art 355 de la Constitución Nacional. Este artículo señala que los jueces deben ser elegidos por concurso de oposición no a dedo como existen tantos hoy en día seleccionados, nada más y nada menos, que por Aponte Aponte.

 – ¿Qué caracteriza el “después” de la Dra Afiuni?

  Es lo que nosotros hemos denominado “el efecto Afiuni”, que es un temor insuperable por parte de los jueces provisorios porque son de libre nombramiento y remoción, es decir, de un plumazo podrían verse fuera del cargo…

 – Ya nadie duda de que para eso ella está presa…

  El gobierno ha logrado el objetivo cual es mantener privada de libertad a María Lourdes Afiuni, como un espejo en el cual deben verse los demás jueces. Estamos hablando de una juez titular, que sí cumplía con lo dispuesto en el Art 355, que sí había ido a un concurso de oposición para poder ganar su titularidad en el poder judicial y que por haber tomado una decisión que no le gustó al Presidente de la República –se dice que había órdenes expresas para que no se tomara- fue privada de su libertad.

El abogado considera que el Poder Ejecutivo tiene al Poder Judicial como un brazo de la venganza política.

– ¿Qué consecuencias ha traído ese “efecto” en el poder judicial?

 Eso ha generado la descomposición total y la mediatización de la conciencia de todos los jueces, al menos en el ámbito penal. Personalmente, no sé cómo esos jueces podrán conciliar el sueño, después de privar personas de su libertad tan sólo porque hay una orden.

–  Tal vez les importa más el “me puede pasar a mí”.

  Sí, pero también les importa el cargo, el sueldo, los beneficios laborales de que disfruta un juez, mantener una estabilidad ficticia, de mentira. Siendo jueces de la República esperan muchos de ellos llegar a la jugosa jubilación. Algunos vienen de carrera, llegan a jueces en momentos en que está descompuesto el poder judicial y entonces comienzan a sacar cuentas de cuánto les falta para la jubilación. Y allí sufre el inocente, pues no arriesgan una jubilación por declararlo como tal.

Poderes contaminados

– ¿Dónde queda la división de poderes?

– El Poder Ejecutivo ha logrado hacerse del Poder Judicial. Lo tiene como un brazo de la venganza política, además de la venganza personal de muchos de los jerarcas públicos. El poder Judicial está podrido, no tengas la menor duda. El Estado de Derecho no existe en Venezuela, no se cumple con la Constitución ni con las leyes. Los jueces saben que están privando de libertad a personas que son inocentes. A raíz del caso Afiuni esto es una peligrosa realidad para todos los venezolanos.

–  ¿Pero quedan jueces de carrera a estas alturas?

–  Los pocos que quedan están dominados por el miedo. El resto son fichas políticas del Psuv. Se graduaron de abogados y de un salto llegan a jueces porque son completamente manejables por el gobierno. Un ejemplo es Alí Paredes, actual juez del caso Mackled y lo fue también del caso Afiuni. Es un resentido social, su madre fue comunista, escribe en la página web del Psuv y no deja de declarar que adora al comandante Hugo Chávez Frías, ni de asegurar que jamás lo traicionaría. En una ocasión escribió que él daría su vida por el presidente, como la expuso en Puente Llaguno el 11 de abril. Esa es una persona que no puede ser juez. Ningún juez puede decir eso con respecto a ningún presidente, pues automáticamente viola el artículo de la Constitución que prohíbe a los jueces la filiación y preferencias políticas. El juez sólo tiene un derecho en esta materia, el voto.

–  ¿Cuáles son las razones por las que se nombra un juez en la actualidad?

– Aparte de la sumisión y lealtad políticas, han nombrado jueces por ser amigos y, lamentablemente, ha ocurrido que se nombran por ser amantes; también por tener “fichas” en cada uno de los Estados, como lo hizo Aponte Aponte. Este señor es una de las personas que más jueces tiene en el poder judicial, nombrados a dedo por él tan sólo por ser sus amigos…

–  ¿Pero eso no era lo que quienes mandan ahora le criticaban a los gobiernos anteriores, de que habían “tribus” en el poder judicial?

–  ¡Peor! Existían las llamadas tribus, pero la gente sabía, estaban plenamente identificadas y cuestionadas. Eran casos específicos. En estos momentos, todo el que tiene poder nombra jueces. El secretario de la Sala Constitucional nombra jueces en Falcón, en Guárico, en Caracas. La Magistrada Presidenta nombre jueces en cualquier sitio del país. Aponte Aponte nombró jueces a diestra y siniestra  para cometer sus tropelías, incluido el cobro por soltar a personas detenidas y mantener presas a otras.

–  Estamos en presencia de un poder judicial manejado a dedo, por llamadas telefónicas y, lo que es peor, por miedo. ¿Por qué acatar a un juez que le quite el sueño su cargo y no su conciencia?

–  Aún hay en Venezuela un ordenamiento jurídico que está vigente y tenemos que manejarnos dentro de él. Acatamos, pero dejamos claro que no estamos de acuerdo ni conformes con la decisión de esos jueces. Es el caso de la Dra. Afiuni, que no acata cuando se declara en desobediencia civil porque siente que esos jueces le violentan sus derechos humanos. Está privada de libertad porque está sometida por la fuerza, pero no acata y no acepta a los jueces que le imponen.

 – Ante esa perspectiva, muchos optan por la fuga…

–  Tengo un caso, el del Comisario Raúl Linares, quien se evadió, no se fugó. La fuga es un delito, más no la evasión.

–  ¿Cómo es eso?

  En la fuga hay violencia, desde romper un candado, hasta golpear un centinela. El Comisario Linares se evadió de la Policía de Baruta porque estaba acorralado. Actuó en defensa propia, de su hogar y su familia ante la invasión de su vivienda entre las sombras de la noche y en el marco de esta delincuencia desbordada que campea en el país. Desgraciadamente una persona murió pero él no tenia esperanzas en un proceso justo. Salió por la puerta principal de la comisaría, sin violencia alguna. Simplemente, en un descuido, se fue. No es delito porque es un impulso natural, de la persona que se encuentra privada de libertad, intentar recuperarla si ve la oportunidad de hacerlo. Es por eso que el legislador no ha establecido como delito la evasión, pues es al Estado que corresponde vigilar a las personas detenidas y la falta es suya, no de quien se evade.

A merced de los delincuentes

–  ¿Y no opera igual para aquellos que se encuentren privados de su libertad por razones políticas, cuyos derechos humanos y constitucionales estén siendo pisoteados?

–  Por eso no es delito la evasión. Todo preso quiere su libertad y tristemente estamos en un momento muy grave en nuestro país cuando, aunado a los males que hemos enumerado, se agrega el hacinamiento en las cárceles, la existencia de pranes que  imponen a los presos su régimen de rutina carcelaria, donde deben cometer delitos para sobrevivir.

– ¿Hablando de hacinamiento, no contribuyó a empeorar la situación los llamados “madrugonazos”?

  Eso fue, más que un operativo, una verdadera desgracia. Ese operativo exigía a cada una de las comisarías del Cicpc, que debía tener un número determinado de presos semanales y en base a eso se llevaron a muchos jóvenes, víctimas de siembra de droga y otras barbaridades, tan sólo para cubrir la estadística que el gobierno imponía a la policía. Como los jueces no son jueces, los casos se eternizan y esos muchachos están encerrados a la orden de los pranes. Las cárceles están llenas de humildes inocentes que, como no los alcanzó una bala en los operativos  policiales o no los mató la delincuencia en el barrio donde viven, se están pudriendo en esa situación. Por eso tantas madres humildes están llenas de rabia por ver a sus hijos presos tan sólo para llenar esa estadística del Cicpc.

–  ¿Y para qué era el “madrugonazo”, entonces?

–  Para fingirle al país que estaban poniendo mano dura a la delincuencia, cuando sólo se trata de falta de voluntad política. Eso lo prueba la ocasión en que estuvieron acá los presidentes del grupo Alba. Ese fin de semana se reportaron sólo 3 muertes violentas. Al siguiente, la cifra subió a 46. Falta de trabajo del Estado es lo que se necesita, no llenar las cárceles de pobres inocentes por cumplir una estadística.

María Lourdes Afiuni

– Continuamente se denuncia  el eficiente control delictivo desde dentro de las cárceles venezolanas hacia afuera ¿Por qué no hay inhibidores de señales de celulares en esos lugares?

– Porque el secuestro es un negocio, porque se secuestra y se pide rescate desde las cárceles, porque lo piden los pranes. Se creó un ministerio para tratar de acabar con la falta de humanidad de los internados judiciales, para revisar y agilizar las causas… y no ha pasado nada.

– ¿Por qué el fracaso tan evidente?

– Uno de los problemas es que la revisión de las causas no le corresponde al Ejecutivo Nacional. Allí está la primera intromisión: nombrar un ministro que da órdenes a los jueces. Uno se pregunta para qué se creó ese ministerio, ¿por conchupancia con los pranes? Ningún cambio se aprecia en el sistema judicial del país y se sigue manteniendo inocentes presos y haciendo de la vida de sus familiares un verdadero calvario, sometiéndolos a toda clase de humillaciones y hasta prohibiéndoles un defensor privado.

– ¿No se sienten ustedes, los abogados penalistas, arando en el mar en medio de semejante cuadro?

–  No diría que aramos en el mar. Luchamos porque retorne el Estado de Derecho a nuestro país, porque prive la autonomía del poder judicial y los jueces vuelvan a decidir conforme a la ley y a su conciencia. Es frustrante lo que vive hoy cualquier abogado en este país, es verdad. Siendo abogado de la Dra. Afiuni, uno de los casos más emblemáticos de estos tiempos, que nítidamente refleja el capricho presidencial y la violación de todo el debido proceso, puedo reportar hechos que me han ocurrido y que revelan toda la perversión que se puede exhibir: se le ha pedido a personas que yo he defendido que me revoquen, a cambio de salir en libertad.

– ¿Eso ha ocurrido?

– Efectivamente, me revocaban y justo el día en que se iniciaba el juicio les daban la libertad. Son presiones absurdas, políticas, de muy baja calaña pero uno sabe que legalmente tiene la razón. Uno sabe que esos expedientes son conducidos por jueces para quienes el cargo es más importante que hacer justicia; pero también sabemos que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Porque cuando cambien las cosas –porque la tortilla siempre da la vuelta- e impere de nuevo el Estado de Derecho en este país, cada uno de ellos tendrá que responder por sus delitos. Son delitos de lesa humanidad, contra los derechos humanos, delitos que no prescriben. Se les respetará su debido proceso, yo seré el primero en cuidar de ello. Pero tienen que ser juzgados y pagarán por el daño que han hecho “en nombre de la justicia y por autoridad de la ley”.

 

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