MUERTE DE POLICIAS: ¿UN DAÑO COLATERAL?

Juan Carlos Pérez-Toribio

Juan Carlos Pérez-Toribio
@pereztoribio

 

 

Mientras los principales líderes de la oposición consideran que el proceso que se inició en el país en 1998 no pasa de ser una especie de guachafita, y tanto académicos como  puristas de izquierda se niegan a considerarlo “revolucionario” seguramente deslumbrados todavía por el prestigio que desde la Revolución Francesa adquirió dicho vocablo, con una paciencia digna de encomio, el gobierno ha promovido una  suerte de desinstitucionalización del país, que ha ido del plano jurídico al social, pasando incluso por el económico. Así podríamos hablar, entre otras cosas, de un progresivo desmantelamiento de la institucionalidad jurídica a través de todo tipo de leyes que afectan los principios mismos del sistema democrático liberal; del desconocimiento de la propiedad privada mediante la expropiación de tierras, fábricas, inmuebles y medios de comunicación; de la  implementación de cooperativas, consejos comunales y ensayos de  modos de producción calificados de “endógenos”; de la intervención del Estado en áreas como la salud y la educación; del control por parte de éste de servicios como los de telefonía, luz, etc.

 

Mediante marchas y contramarchas, avances  y retrocesos se ha pretendido dar cumplimiento, de esta forma,  con lo que el profesor Haiman El Troudi, uno de los más distinguidos ideólogos de este proceso, declaró en septiembre del año 2007 a El Universal,  cuando sostenía que había habido tres momentos en este proceso: una primera fase que iba del 1999 al 2001, en el que fueron populistas y nacionalistas,  por la pretensión de cerrarle paso al Estado neoliberal; una segunda fase que iba del 2001 al 2006, en la cual se asumía el control de las principales fuentes de generación de riqueza nacional, como la industria petrolera y la tenencia de la tierra, donde se buscaba también soluciones de fondo en salud y  educación; y una fase tres que era la transición al socialismo, que iría del 2007 en adelante.

 

En todo ese proceso  de desinstitucionalización y de supuesta consecución de una nueva institucionalidad, uno de los organismos públicos que se ha visto más afectado ha sido, sin lugar a dudas, la Policía (intervenciones, modificaciones  de presupuestos, incautación de armamento, fusiones, nuevas reglamentaciones, etc.). El caso no sería tan grave si en el ínterin no hubieran perecido tantos policías (62 policías asesinados sólo en la región capital en lo que va de año) y la ciudadanía no hubiera quedado tan desprotegida. Por eso, a riesgo de que este artículo se convierta en un cúmulo de lugares comunes y venciendo esa natural predisposición contra los policías que tenemos los que más de una vez los enfrentamos en nuestra época estudiantil, creo que es obligado quebrar una lanza  a favor de esos ciudadanos mal pagados y que parecen no encontrar dolientes en nuestra sociedad actual.

 

Si el Estado, según la sentencia de Weber, es el que ostenta el poder y posee el monopolio de la violencia, en estos momentos podríamos decir que el mismo, tal como lo hemos concebido hasta ahora y a la vista de los acontecimientos recientes, está en vías de desaparición, ya que la violencia, o la fuerza, no le pertenece enteramente y la comparte con otros elementos que, por si fuera poco, están ajusticiando y retando a la misma policía.

 

En una sociedad donde abundan las armas ilegales (que portan hasta los presos) no creo tampoco que se sostenga la tesis de que los delincuentes atacan a los policías para quitarles su armamento. Creo que el problema va más allá de ese juicio peregrino y no sólo tiene que ver con la impunidad y con lo que los delincuentes llaman, según los criminólogos,  “el cartel” (especie de currículo delincuencial), sino principalmente con la extendida desinstitucionalización llevada a cabo en el país. Es así como en esta especie de confrontación de baja intensidad que vivimos constantemente, donde ya no parece existir una comunidad estable,  sino un “ellos” y un nuevo “nosotros” excluyente, estos ciudadanos parecen haber quedado, paradójicamente, indefensos.

 

Decía Ortega y Gasset que la sociedad es “la unidad dinámica espiritual que forman un ejemplar y sus dóciles”. Y parece que algunos “ejemplares”, ensimismados como están en cambiar todas las cosas, no se han percatado suficientemente de la gravedad de estos hechos, por lo que no sería descabellado pensar que la muerte de estos ciudadanos termine constituyendo sólo un daño colateral del “proceso”.

 

 

 

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