FAVORECIMIENTO ELECTORAL: ¿ES UN DELITO?

Alberto Arteaga Sánchez

Alberto Arteaga Sanchez
aas@arteagasanchez.com 

 

El peculado de uso solo se da cuando el hecho, en concreto, solo se limita al uso de un bien…

 

En Venezuela, triste y lamentablemente, es tan acertado el dicho de que “las leyes se acatan, pero no se cumplen”, que no nos asombra en lo más mínimo que la comisión de hechos punibles que afectan la Administración Pública constituyan, apenas, un saludo a la bandera por su absoluta y total desaplicación.

 

A tal punto esto es cierto que fue prohibida una campaña de Ciudadanía Activa, que sacaba a relucir un dispositivo introducido en la Ley contra la Corrupción, en el año 2003, absolutamente desconocido por la colectividad e ignorado por la Fiscalía General de la República y el Consejo Nacional Electoral, por el cual se castiga con prisión el favorecimiento electoral.

 

En efecto, el artículo 68 de la ley mencionada impone cárcel de 1 a 3 años al “funcionario público que abusando de sus funciones utiliza su cargo para favorecer o perjudicar un candidato, grupo, partido o movimiento político”.

 

Esta disposición guarda estrecha relación con el mandato constitucional contenido en el artículo 145, inspirada, entre otros, en los principios de transparencia y honestidad, guía para los depositarios de la confianza colectiva, según el cual “los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna”.

 

No hay que ser jurista, ni abogado, a los fines de llevar a cabo una compleja labor de interpretación de la norma penal aludida. Pura y simplemente lo que impone la ley es que ningún funcionario público puede utilizar su cargo para favorecer o perjudicar alguna opción político-partidista, lo que adquiere particular interés en época de campaña electoral.

 

Siendo esto así, ¿cómo se explica que en una dependencia pública se coloque la propaganda de un candidato o se imponga la obligación de asistir a una marcha o a una manifestación partidista o se advierta que solo se admitirá en una determinada función pública a quien se comprometa con abiertas actividades de un grupo político?

 

Evidentemente -y esto debe quedar en claro- no comprende esta figura penal otras prácticas de corrupción administrativa, como lo serían utilizar espacios públicos para fines proselitistas, lo cual no constituye “peculado de uso”, como suele decirse, sino un verdadero peculado, en la medida en que implica gastos o pagos a cargo del Estado, para fines ajenos a los intereses públicos. Debe aclararse que el peculado de uso solo se da cuando el hecho, en concreto, solo se limita al uso de un bien, sin que ello implique un efectivo perjuicio al patrimonio público.

 

Por lo demás, aunque no lo creamos, estas prácticas descritas en la Ley contra la Corrupción constituyen delitos que el legislador denomina de lesa patria y que son imprescriptibles, según el texto de la ley.

 

Por supuesto, lo expresado pareciera que corresponde al mundo de la ficción, a tal punto que se sanciona a quien difunde estas disposiciones y nada se hace para hacer cumplir una ley con un valor simplemente simbólico.

 

 

 

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