ASSANGE Y EL CLUB DE LOS PERSEGUIDOS

María O’Donnell

María O’Donnell

 

  Es un club raro. Me refiero a la alianza que han formado Julian Assange y algunos presidentes de América Latina. Rafael Correa, quien le proveyó asilo y hospedaje ilimitado en la embajada de Ecuador en Londres, definió la identidad del grupo mientras dialogaba con el fundador de WikiLeaks por televisión: dijo que deseaba darle al australiano la bienvenida “al club de perseguidos”.

   Sin embargo, los miembros de la sociedad recién fundada persiguen, o perseguían hasta ahora, diferentes enemigos, aún cuando de manera circunstancial, ellos puedan sentirse perseguidos por los mismos poderes.

Julian Assange

   Para algunos presidentes de América Latina, Assange se ha convertido en un componente más del discurso nacionalista; su figura emerge como símbolo de resistencia al imperialismo del Reino Unido (que accedió a un pedido de extradición de la justicia sueca, que lo había solicitado por cargos de violencia sexual) y de los Estados Unidos (que estaría al acecho para llevarlo por fin a su territorio, donde sería juzgado por la filtración masiva de documentos del Departamento de Estado en el sitio de internet de WikiLeaks, y podría castigarlo incluso con la pena de muerte).

   Ante la reacción de los británicos, que se niegan a facilitarle a Assange el salvoconducto que le ofreció Correa, Evo Morales y Hugo Chávez se solidarizaron -de manera previsible- con el otro integrante del eje bolivariano de América del Sur. También Cristina Fernández de Kirchner se manifestó en contra de la amenaza del Reino Unido de irrumpir en las cercanías de la embajada ecuatoriana para sacar a Assange de territorio inglés de una vez por todas.

   Reunido con sus colegas de la región, el canciller Héctor Timerman repudió de manera enérgica la actitud de los británicos y adhirió al principio por el cual una agresión contra cualquier país de la región equivale a una agresión contra todos (concepto, por cierto, trasladable a la disputa entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas).

   Pero el abrazo de algunos presidentes latinoamericanos a Assange, además de servir para agitar un discurso nacionalista, resulta útil en el marco del debate sobre el estado de la libertad de expresión en la región. Muchas de las organizaciones que venían respaldando la lucha de Assange para eliminar el secreto en el manejo de los asuntos públicos, son las mismas que han denunciado al gobierno de Correa, entre otros, por sus permanentes ataques a la libertad de prensa.

   “Irónicamente, está recurriendo a un país que encierra periodistas con frecuencia. Es más bien una triste ironía”, afirmó Padraig Reidy de Index on Censorship (Índice de Censura). “Parece haber un verdadero cambio en el posicionamiento de WikiLeaks. Comenzó siendo un movimiento meramente sobre la libertad de información y ahora se convirtió en algo vago, antiimperialista, antiamericano y anti-OTAN”, agregó.

   En Ecuador, Assange había entregado los documentos de WikiLeaks a los dos diarios más enfrentados con Correa (El Universo, de la ciudad de Guayaquil, y El Comercio, de Quito), y la filtración en esos medios provocó la ira del presidente, quien ordenó la expulsión de la entonces embajadora de los Estados Unidos, Heather Hodge. Luego, un periodista y un investigador, argentinos ambos, Sebastián Lacunza y Martín Becerra, publicaron un libro llamado Wiki Media Leaks, focalizado en la relación entre medios y gobiernos en América Latina. Lacunza y Becerra tomaron otros cables, que incluían también una mirada crítica sobre los intereses que muchas veces se esconden detrás de la bandera de la libertad de expresión. Con Assange ya acorralado en Londres, y luego de haber leído Wiki Media Leaks, Correa concedió una entrevista para el programa que el australiano conduce en la televisión rusa, The World Tomorrow. En ese marco, le dio la bienvenida al club de los perseguidos.

 

Rafael Correa

  La alianza no deja de ser extraña. En una entrevista con Lacunza, publicada en el diario Ámbito Financiero, el presidente de Ecuador se explayó en críticas a las organizaciones no gubernamentales, muchas de las cuales denuncian sus políticas hacia los medios y son al mismo tiempo defensoras de la tarea de Assange.

   “Resulta que son sólo los políticos y los Estados malos persiguiendo a periodistas buenos por denunciar la corrupción. Y no se entiende que el caso más frecuente es el de políticos buenos siendo perseguidos por emporios mediáticos porque no nos sometemos a sus intereses. Así es la visión onegenecista”, dijo Correa. El presidente ecuatoriano ha prohibido a sus ministros que concedan entrevistas a los medios privados que considera opositores y promovió un juicio por injurias contra el diario El Universo, con una pena de cárcel y 40 millones de dólares de multa, aunque al final desistió de hacer cumplir la sentencia.

   Aquí no más, en Argentina, esta alianza táctica con Assange plantea sus paradojas. El Gobierno de Fernández de Kirchner ha resuelto ignorar el derecho de acceso a la información pública. Néstor Kirchner había firmado como presidente un decreto que facilitó la implementación de políticas para facilitar la entrega de datos sobre políticas y gastos del Estado ante la solicitud de cualquier ciudadano. Pero, al cabo de algunos años, los kirchernistas concluyeron que la herramienta era utilizada por periodistas que buscaban perjudicar al Gobierno y retrocedieron con las políticas de transparencia.  Al frente del organismo encargado de aplicar el decreto, la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, ubicaron a militantes de la agrupación juvenil La Cámpora (primero a Andrés Larroque, luego a Franco Vitali), mucho más preocupados por difundir la mística de El Eternauta y sus vínculos con la construcción de un mito alrededor de la figura de Néstor Kirchner que por transparentar la gestión pública.

   Desde entonces rechazan gran parte de los pedidos de información que reciben de periodistas, sin dar siquiera muchas explicaciones. Assange representa, en teoría, la tendencia inversa: la postura extrema de quienes creen que ni las leyes deben ser atendidas cuando se trata de revelar información que los Gobiernos pretenden esconder a sus ciudadanos. Ahora, curiosamente, forman parte del mismo club.

 

@elpais

 

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