Explosión criminal

 

Luis Izquiel
@LuisIzquiel 

 

La justicia no puede ser sacrificada por cálculos politiqueros

 

La investigación de la explosión ocurrida en la refinería de Amuay pudiera traducirse en penas de cárcel para los que resulten responsables. Si se logra comprobar que las decenas de muertes y lesiones se produjeron por la inobservancia de los protocolos de seguridad, tal como lo afirman diversos trabajadores y expertos, tiene que aplicarse un castigo penal a los culpables.

El artículo 409 del Código Penal prevé una pena de hasta 8 años para el que hubiera ocasionado la muerte de varias personas por haber obrado con “imprudencia o negligencia, o bien con impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes o instrucciones”. Se trata del denominado homicidio culposo. Igualmente, el artículo 131 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), establece una pena de hasta 10 años para el empleador que hubiera ocasionado la muerte de un trabajador “como consecuencia de violaciones graves o muy graves de la normativa legal en materia de seguridad en el trabajo”.

El Ministerio Público ya anunció la apertura de una investigación, sin embargo, la notoria falta de independencia de este organismo no permite ser optimista en cuanto al establecimiento de la verdad. El grueso del país exige una profunda e imparcial averiguación, que difícilmente la Fiscalía General puede realizar.

La AN es otro ente que, en ejercicio de su facultad de control sobre el Gobierno y la Administración Pública, le corresponde el inicio de una investigación. Sin embargo, ya su presidente, Diosdado Cabello, ha anunciado su negativa de convocar a la Comisión Delegada. Es evidente la falta de voluntad política del oficialismo para determinar las responsabilidades en este caso.

La impunidad en las muertes y lesiones producidas en la explosión de Amuay, pudiera traer como consecuencia la repetición de eventos similares en el futuro. Hay muchas preguntas que necesitan respuestas. La justicia no puede ser sacrificada por cálculos electoreros.

 

 

 

 
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