Comuna vs democracia

Nelson Acosta

La política es así
Nelson Acosta

acostnelson@gmail.com 

 

Con su natural desparpajo y con un toque rítmico del  “culo e ‘puya” de su Curiepe natal, Aristóbulo Iztúriz, candidato a la gobernación de Anzoátegui,  hizo suya la promesa gubernamental de profundizar el proceso de recentralización y la construcción del llamado estado comunal. “Hay que desbaratar las gobernaciones y alcaldías. Los mejores gobernadores serán aquellos que primero desbaraten las gobernaciones; los mejores alcaldes serán aquellos que primero desbaraten las alcaldías y les transfieran competencias y poderes a los consejos comunales”. Contundente afirmación pronunciada hace ya tres años. Sin duda, hizo méritos y obtuvo su recompensa: intentar llevar a cabo este “desbaratamiento” en la gobernación de Anzoátegui. Pero no crea, amigo lector, que esta iniciativa responde únicamente a este “pescueceo” de Aristóbulo. No señor, su actitud es coherente con la política diseñada para echar los cimientos del estado comunal. Vale decir, instaurar un nuevo tipo de organización jurídica del estado, no contemplada en la Constitución de 1999 y, que de tener éxito, desmantelaría la organización de la república tal como la conocemos desde 1830.

En este tipo de ordenación serán las comunas y los consejos comunales. Formas socio territoriales, no autónomas, que sustituirán a los estados, los municipios y las parroquias. En fin, el régimen pretende crear entre 2013-2019 tres mil comunas y 30 mil consejos comunales. Con ello se sustituirá al Poder Público establecido en la Constitución de 1999 por un nuevo poder, al que denominan  “popular”. En breve, la intención de Hugo Chávez es que para el 2019, el 68 por ciento de los venezolanos (30,5 millones) vivan en subsistemas de agregación de comunas.

Peligrosa iniciativa. Sin embargo, esta temeridad no se ha correspondido con una repuesta política categórica de parte de las fuerzas democráticas. La reflexión académica, de pocos especialistas, ha ocupado este rol de combate indispensable para enfrentar tamaña pretensión y amenaza. La MUD y sus aliados, desafortunadamente,  no han asumido esta tarea; de hecho, el tema fue excluido o tratado superficialmente en  la campaña electoral presidencial.

Desde luego, un equipo de gobernadores y diputados estadales de la oposición con legitimidad y respaldo popular podrían operar como freno para esta locura del estado comunal. Esta es una de las razones fundamentales que debe impulsarnos a asistir masivamente a las urnas electorales. Sin embargo, se requiere de algo más; una campaña pública en defensa de los atributos y beneficios que se derivan de los derechos federales para los ciudadanos. Ojo, expreso derechos para los ciudadanos y, no exclusivamente, para gobernaciones y alcaldías. Me parece que aquí radica uno de los obstáculos que ha entorpecido la defensa de estos derechos federales (educación, vialidad, salud, seguridad, recreación, seguridad social, empleo etc.). Obligaciones estas que deben ser satisfechas desde la identidad regional y la autonomía impositiva.

El conflicto que se avecina es de naturaleza política y pudiera definirse como un antagonismo irreductible entre estado comunal y las fuerzas democráticas aferradas a la Constitución de 1999. Insisto, la lucha no será de índole reivindicativa y su conducción debería estar bajo responsabilidad de vanguardias políticas en cada estado de la república. Las urgencias electorales y sus derivaciones reivindicativas pasarían a un segundo plano. La controversia se expresaría, entonces, en un ámbito donde las agrupaciones políticas tendrían un rol protagónico. Los partidos, en consecuencia,  tienen una cita con la historia. O asumen este papel de vanguardia o los acontecimientos excederían a sus direcciones políticas.

En este sentido, para Carabobo, no sería desquiciado apelar a nuestra tradición histórica autonomista (La Cosiata). No olvidemos que en este estado “nació Venezuela”. En otras palabras, y sin complejos, se debería  iniciar la organización  de Juntas de defensa de los derechos federales de la población carabobeña.

Y que prenda esta iniciativa en los otros estados de la federación.

 

 

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