“DIME TU CONDENA Y TE DIRE QUIEN ERES”

 

Daniel Lansberg Rodríguez
@Dlansberg

 

En agosto de 2012, un tribunal moscovita condenó a tres rockeras miembros del grupo “Pussy Riot” a dos años de prisión en una colonia penal por criticar al gobierno de Vladimir Putin. En respuesta, la embajada de Estados Unidos en Rusia envió el siguiente “tuit” de reproche: “El veredicto de hoy, nos parece desproporción al crimen”.

 

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María Lourdes Afiuni

Al centrarse en la condena, en lugar de en los particulares kafkianos de un juicio predicado en medidas subjetivas y leyes religiosas -completamente fuera del marco constitucional Ruso- los norteamericanos, igual que muchos medios internacionales, dejaron por fuera lo esencial: el estado lamentable de la justicia en países como los nuestros.

 

Vladimir Putin -gran amigo del régimen bolivariano- hizo con “Pussy Riot”, lo mismo que nuestro gobierno ha hecho con la jueza Afiuni, Iván Simonovis y otros ciudadanos con el coraje de oponerse al régimen. Tanto en Rusia como en Venezuela estos casos representan una herida abierta para la nación por la cual se desangra lentamente la integridad y legitimidad del Estado.

 

La proporcionalidad y la legalidad son animales muy diferentes. Un castigo puede ser draconiano sin dejar de ser legalmente “legítimo”, o puede ser relativamente ligero pero igual representar un desastre total en términos del proceso legal pautado por normativas constitucionales.

 

Para determinar la “proporcionalidad” de un castigo, la gente confía en una serie de suposiciones subjetivas, basadas en valores culturales, para medir la gravedad de los delitos y determinar  la consecuencia apropiada. Las perspectivas varían mucho entre las diferentes culturas, tradiciones jurídicas y generaciones. Para salvaguardar un grado de convivencia internacional los países tienden a no juzgar públicamente las decisiones internas de otros países en temas como estos, por ejemplo la pena de muerte o las sentencias presidarias.

 

Sin embargo, la “legalidad” se refiere a la capacidad de un gobierno de aplicar imparcialmente sus propias reglas ante una situación dada, basándose en numerosos protocolos de derechos humanos, tratados internacionales y normas codificadas. Por mínimo se espera que un acusado tenga derecho a defenderse, que el proceso penal sea predecible y objetivo, y que la justicia sea “ciega”, es decir, que se aplique de igual forma para todos.

 

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Pussy Riot

Tomemos por ejemplo un caso ocurrido en 1994 cuando Michael Fay, un joven estadounidense, fue condenado en Singapur a seis azotes por vandalismo. Esta condena, particular a esa nación, implica la administración de una serie de golpes en los glúteos, con una vara, por un “experto” entrenado. Los golpes tienden a romper la piel, dejar cicatrices permanentes y con frecuencia requieren posterior atención médica. Los sobrevivientes de este procedimiento han descrito la experiencia como “insoportable” y “atroz”, o como un “dolor indescriptible”.

 

Igual que con “Pussy Riot” tras el veredicto, un vocero de la embajada de EEUU. criticó la sentencia en términos de proporción: una “gran discrepancia entre el delito y el castigo”.

 

Sin embargo, hay una diferencia importante entre los dos casos. A pesar de su brutalidad extrema, el sistema judicial de Singapur es constantemente clasificado entre los cinco más justos del mundo. Esto se debe a que sus estatutos están muy claros, hay poca corrupción, los procesos penales se siguen sin falta y el acusado goza de todo su derecho a defenderse.

 

En Singapur críticas de sentencias como las de Fay, se basan en proporcionalidad, ya que al aplicar las leyes según lo escrito, Singapur queda esencialmente más allá del reproche. El sistema es “duro pero justo”.

 

Lamentablemente, este argumento no puede aplicarse en países como Rusia o Venezuela, donde encarcelamientos ilegítimos hacen una burla de derechos humanos fundamentales.

 

La subyugación del proceso judicial a los caprichos de un régimen es profundamente preocupante. Sin embargo, gran parte de los medios de comunicación internacionales y locales, comparten el enfoque de la embajada de EEUU, y centran su atención en los resultados del caso, en vez de en las contorsiones jurídicas y de proceso que dan lugar a las condenas.

 

Actos terroríficos siempre tendrán audiencia. La atención del mundo cae sobre lo más bárbaro: como las recientes ejecuciones públicas en la plaza central de Teherán, mientras que persecuciones profesionales y arrestos domiciliarios en países como Venezuela se pasan por alto.

 

En la psique popular, la justicia se mide en términos de la crueldad de la condena en vez de en la integridad del proceso jurídico. Sin embargo, es precisamente en el proceso, donde tendríamos que focalizarnos si algún día aspiramos emanciparnos de un sistema judicial que se ha “privatizado” -donde las leyes de oferta y demanda del mercado operan con una eficiencia que el propio Adam Smith envidiaría- y donde a la justicia le importa más el partidismo y los contactos personales del acusado, que su culpabilidad o inocencia.

 

 

 

 

 
Daniel Lansberg RodríguezDaniel Lansberg Rodríguez

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