Violación de la Constitución en la detención de ciudadanos

Antonio Marval

Antonio Marval

Antonio Marval
marvalabogado@hotmail.com 

En Venezuela  existen dos formas de detención,  una es a través de una orden judicial, que es lo que se conoce como la judicialidad de la medida, dictada por el Juez de Control a solicitud del Ministerio Público; y la otra por haber sido sorprendido in fraganti en la comisión de un hecho punible.

La Constitución de la República y el Código Orgánico Procesal Penal salvaguardan la libertad y ésta viene vinculada con el principio de la inocencia “Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario”. Los hechos ocurridos recientemente en diferentes regiones del país, en su mayoría no se corresponden con estos postulados constitucionales, por cuanto estamos en presencia de protestas pacíficas que están permitidas en la Constitución y no de hechos delictivos que producen detenciones in fraganti, no obstante, conculcando éstos derechos, los cuerpos represores del Estado practicaron detenciones masivas a jóvenes en su mayoría estudiantes venezolanos.

 protesta

Según nuestro sistema de juzgamiento, una vez que se detiene a una persona, a través de estas dos formas señaladas anteriormente, los detenidos son llevados ante el Juez de Control dentro de las 48 horas subsiguientes. Presentados ante el Juez, le corresponde al Ministerio Público como titular de la acción penal, hacer la imputación, es decir, calificar el delito mediante el cual están presentando a los detenidos y el tipo de medida que solicita, bien sea una medida de privación de libertad o una medida cautelar sustitutiva de libertad. En la gran mayoría de los casos recientemente ocurridos, los Jueces de Control han otorgado medida cautelar sustitutiva, tales como Prohibición de salida del país o del estado, presentación periódica cada 15 o cada 30 días; Uno o dos fiadores; y estar atento al desarrollo del proceso; a otros de los detenidos en muy pocas oportunidades los Jueces de Control dictaron medida de privación de libertad, es decir, que la persona continúe detenida. En ambas situaciones, tanto los detenidos, como los que salieron en libertad, el Ministerio Público continúa con la investigación de los hechos y en un lapso de 45 días para los que están detenidos y 8 meses para los que están en libertad, deben concluir la misma y producir un acto conclusivo. Según el Código Procesal Penal, (COPP) el proceso ordinario se desarrolla en tres fases a saber:

1.- La Fase Preparatoria

2.- La Fase Intermedia

3.- La Fase de Juicio.

En los actuales  momentos estas causas se encuentran en la Fase Preparatoria, donde el Ministerio Público le corresponde  la búsqueda de la verdad, de manera que su rol fundamental de investigación es la recolección de todos los elementos de convicción, para decidir si intentar o no la Acusación, el Archivo Fiscal  o el Sobreseimiento.

ACUSACION: Cuando el Ministerio Público estima que la investigación da fundamento serio para enjuiciar al imputado, propone acusación ante el Juez de Control.

ARCHIVO FISCAL: Concluida la investigación, si el Ministerio Público considera que no hay elementos para acusar y decreta el archivo, queda abierta la posibilidad de reabrir la investigación cuando aparezcan nuevos elementos de convicción.

SOBRESEIMIENTO: Es una resolución mediante la cual  se decide el final de un proceso respecto de uno o de varios imputados. Esta decisión tiene autoridad de cosa juzgada y una vez firme no es posible la apertura de otro proceso por la misma causa.

Así las cosas, no por el hecho de que estas personas salieron en libertad el proceso concluyó, se les exhorta a que estén pendientes del proceso, a presentarse cuando así corresponda, a que lleven las pruebas necesarias a la fiscalía  del Ministerio Público para  que logren un acto conclusivo de Sobreseimiento.

El preámbulo de la Constitución nos define como debe actuar una República, apegada al estado de derecho y sustentada en el orden democrático como el medio de asegurar los derechos y la dignidad de los ciudadanos. Este enunciado implica que el ejercicio del poder, en todas sus manifestaciones, está sometido al orden legal preestablecido para salvaguardar el valor de las personas como único fin de protección del Estado.

En este sentido el artículo 257 de la Carta Magna establece que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia y el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone que el fin del proceso es la búsqueda de la verdad por las vías jurídicas y, una vez encontrada ésta, debe arribarse a la justicia mediante la aplicación del derecho. A esta finalidad deberá atenerse el juez al adoptar su decisión.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia están contestes en afirmar que la autonomía e independencia de los jueces es de carácter jurisdiccional, jamás arbitrario.  Su discrecionalidad está enmarcada en el cumplimiento de la ley, por lo que no les es permisible el tránsito por vías distintas a las que el legislador, con carácter previo, ha diseñado, esto es, las vías jurídicas.

Sólo la recta aplicación de la ley permite alcanzar la justicia.  

 

 

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