El riesgo de la apatía

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MANUEL FELIPE SIERRA –

 

Diera la impresión que después de 4 meses de la muerte de Hugo Chávez, poco ha cambiado en el país. Su sucesor, Nicolás Maduro, sigue empeñado en copiar el estilo chavista no sólo en el lenguaje, sino también en una maratónica diplomacia con largos viajes y dudosos resultados. La oposición, que sin duda demostró con la votación que obtuvo Henrique Capriles Radonski el 14 de abril que representa más de la mitad del país, sigue enganchada en la crítica mediática y no ha logrado traducir en términos de movilización social y popular, el extraordinario caudal de votos que obtuvo en las urnas.

 

Un cuadro semejante hace que amplios sectores del país sean ganados por la inercia o el conformismo. ¿Cómo es que siendo Venezuela el país con la mayor conflictividad social del continente, ello no se traduce en acciones de calle y en actividades capaces de colocar al régimen a la defensiva? ¿Cómo es que siendo el conflicto universitario un tema que involucra a la sociedad y no sólo a profesores, estudiantes y trabajadores de las universidades, no haya cobrado la dimensión y la gravedad suficiente para obligar el gobierno al diálogo o a rectificaciones? Por supuesto, se trata de un asunto que exige un análisis cuidadoso y profundo de la realidad venezolana. Pero es comprensible la comparación que establece el ciudadano común con lo que está ocurriendo en Brasil, Colombia y Chile, para sólo citar los ejemplos más cercanos, donde la presión de sectores sociales ha impuesto a los gobiernos la necesidad de la negociación y la búsqueda de salidas, que sin alterar la estabilidad constitucional, suponen cambios sensibles.

 

Es importante e indispensable la exigencia ante el CNE y el TSJ para que aclare los verdaderos resultados de la consulta presidencial del 14-A y la gestión que realizan los representantes de la MUD ante la comunidad internacional, para poner en claro el cuadro de creciente ilegitimidad de los poderes públicos y en consecuencia, la necesidad de que se active la Carta Democrática de la OEA para reestablecer la plena legalidad democrática. Pero sólo ello no basta. Remitir todo el esfuerzo opositor a los resultados de las elecciones municipales del 8 de diciembre, no parece la conducta más adecuada. De esta manera, se corre el riesgo cierto de que el clima de confusión o apatía que tiende a apoderarse del país, sea un factor que opere negativamente para que la sociedad democrática obtenga no sólo la victoria en esos comicios, sino para que demuestre tal fortaleza que efectivamente, obligue al “chavismo sin Chávez” a tomar el camino de la legalidad y el respeto a los derechos ciudadanos.

 

 

 

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